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EE UU renueva por dos semanas la suspensión del título III de la Helms-Burton

El canciller español, Josep Borrell, trasladó la posición de su Gobierno y la UE a Pompeo, aunque temía que se activase la norma

Pompeo anunció la renovación de la suspensión de la Helms-Burton, pero esta vez solo por dos semanas.

04 de abril 2019 - 09:39

Washington/ La Habana/(EFE).- El secretario estadounidense de Estado, Mike Pompeo, anunció este miércoles la suspensión por dos semanas más del título III de la ley Helms-Burton, que endurecería el embargo a Cuba y permitiría reclamar ante tribunales propiedades en la Isla que fueron expropiadas tras la Revolución.

En un comunicado, Pompeo anunció que impedirá la entrada en vigor de esa medida legal durante dos semanas más, desde el 18 de abril hasta el 1 de mayo, pero continuará permitiendo las demandas contra las más de 200 compañías cubanas que aparecen en una "lista negra" del Departamento de Estado.

Desde su creación en 1996, el título III de la ley Helms-Burton ha sido suspendido por todos los Gobiernos de EE UU cada seis meses, pero el Ejecutivo de Donald Trump ha acortado cada vez más esos plazos: primero lo anuló 45 días, luego durante un mes y ahora solo dos semanas.

El Departamento de Estado no explica por qué Pompeo ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana

El Departamento de Estado no explica por qué Pompeo ha decidido reducir el plazo de la suspensión, aunque algunos analistas lo interpretan como un aviso a La Habana.

A ese respecto, el Departamento de Estado aseguró que "continúa examinando las condiciones de los derechos humanos en Cuba, incluida la actual represión contra los derechos del pueblo cubano a la libertad de expresión y de reunión".

Añadió que "el Departamento también está supervisando el apoyo militar, de seguridad y de inteligencia de Cuba al (presidente venezolano) Nicolás Maduro, responsable de la represión, la violencia y la crisis humanitaria en Venezuela".

Cuba rechazó posteriormente la decisión del Gobierno de EE UU a través de un tuit del Canciller, Bruno Rodríguez.

El ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, había advertido horas antes que no descartaba la activación de la norma. España es uno de los países más afectados, ya que muchas compañías españolas gestionan empresas propiedad de las Fuerzas Armadas en régimen mixto, como los hoteles de los grupos Meliá o Iberostar.

"No estamos seguros de que antes de las doce de hoy no se presente la comunicación al Congreso", comentó Borrell en una rueda de prensa celebrada en la embajada de España en Washington.

"Si no la presentan, no me voy a atribuir el mérito... pero creo que ha quedado clara nuestra posición", sostuvo.

Borrell, que en los últimos días se ha reunido con el secretario de Estado de EE UU, Mike Pompeo, y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, afirmó que la Unión Europea respalda la postura del Gobierno español.

Borrell, que en los últimos días se ha reunido con el secretario de Estado de EE UU y con el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca afirmó que la Unión Europea respalda la postura del Gobierno español

El titular de Exteriores aseveró que las sanciones perjudicarían a los intereses nacionales en Cuba, pero subrayó que la postura del Gobierno español también responde a "una cuestión de principios" puesto que no ve con buenos ojos el deseo de Washington de querer imponer sus leyes fuera de su territorio.

Cuando esa norma se aprobó hace 22 años, el bloque europeo y otros países con intereses empresariales en la Isla se opusieron ferozmente porque temían que sus compañías fueran demandadas en EE UU; y, por ello, la Unión Europea (UE) denunció a Washington ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El litigio concluyó con el compromiso de EE UU de mantener el título III suspendido a cambio de la retirada de la querella.

Hasta ahora, EE UU ha cumplido su compromiso, pero en marzo por primera vez en la historia el Gobierno de Trump estableció que los cubanoestadounidenses podían demandar a las 200 compañías cubanas incluidas en la conocida como "lista de restricciones a Cuba".

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