Un empresario vasco tiene en Cuba una red de apoyo a terroristas de ETA prófugos

Madrid/Josu Abrisketa lleva 28 años en La Habana, donde además de ser esposo, padre y abuelo, es presidente del Grupo Ugao, un conglomerado de empresas que presta servicios tan variados que incluyen el ron, las calderas, el calzado o los servicios ferroviarios. Su nombre en España es más conocido por su pertenencia a la organización terrorista ETA y estos días su nombre ha vuelto a la palestra por su amistad con el etarra Mikel Albisu, alias Mikel Antza, que el lunes fue llamado a declarar en Madrid en relación a su imputación por un atentado en 2002.

Antza fue acusado en julio del ataque contra una casa cuartel de la Guardia Civil, que dejó dos muertos, entre ellos una niña de seis años, junto con otros cinco ex jefes de ETA para evitar que el delito prescriba (por haber pasado 20 años desde que sucedió).

Este lunes acudió a una vista en la Audiencia Nacional (AN, competente en casos de terrorismo) para decidir sobre su ingreso en prisión, como solicitaba la acusación, una medida que fue denegada, aunque sí quedó sujeto a medidas cautelares, una de ellas la prohibición de salir de España.

El perito se apoya en una sentencia firme por la que en el año 2007 se condenó a varias personas que formaban parte del entramado empresarial que daba apoyo al militar, incluidos los huidos y refugiados en Latinoamérica

Una de las asociaciones que se han personado en la causa, Dignidad y Justicia, aportó un informe pericial ante la AN en el que se advertía del posible riesgo de fuga de Antza aprovechando su amistad con Abrisketa. El informe, al que ha tenido acceso el digital españolThe Objective, sostiene que el ex miembro de ETA residente en La Habana podría "estar dándole apoyo financiero" a través de sus empresas. El perito considera que Ugao es parte de las estructuras financieras y empresariales creadas por la organización terrorista en Latinoamérica para facilitar "la inserción social y económica de aquellos terroristas huidos de la Justicia española".

"Mikel Albisu Iriarte mantiene una fuerte vinculación existente con el empresario vasco D. Josu Abrisketa Korta propietario del Grupo Ugao S.A. Dicho grupo tiene su base de operaciones en la isla de Cuba, y se mantiene de una forma muy activa en la promoción de la independencia y la cultura del País Vasco", señala el autor del documento.

Para fundamentar su opinión, el perito se apoya en una sentencia firme por la que en el año 2007 se condenó a varias personas que formaban parte del entramado empresarial que daba apoyo al militar, incluidos los huidos y refugiados en Latinoamérica. Ugao estaba entre las empresas indirectamente controladas por ETA a través de una intermediaria (la Koordinadora Abertzale Socialista, KAS).

En Cuba, considera el informe, "se llegaron a pagar sueldos mensuales de 1.000 dólares a los responsables de la organización terrorista al frente de las empresas y financiando los gastos de infraestructura empresarial con cargo a la caja común de KAS". Aunque el autor del documento admite que ETA carece de estructura militar ya, considera que la red de sostén sigue funcionando a la perfección para acoger a uno de sus ex líderes.

En el caso concreto del empresario afincado en Cuba, el regreso fue total e ingresó de nuevo en el aparato militar de la organización terrorista

El juez de la AN que lleva el caso rechazó las peticiones de Dignidad y Justicia y determinó que no existe riesgo real de fuga, pero sí accedió a la petición del Fiscal de imponer a Antza medidas cautelares, entre ellas la obligación de comparecer obligatoriamente cada mes en el juzgado y la prohibición de salir de España, además de la designación de un domicilio para las notificaciones.

Las oficinas de Ugao están en La Habana, donde Abrisketa se estableció a mediados de 1984. El ex miembro de ETA fue uno de los 16 condenados en 1970 en el llamado Proceso de Burgos, un caso que trascendió fronteras y en el que 16 miembros de la organización acusados de matar a tres personas fueron condenados a muerte durante un juicio sumarísimo por los tribunales franquistas. Las sentencias fueron conmutadas por largas penas de prisión (62 años en el caso de Abrisketa) tras una intensa campaña dentro y fuera de España y los procesados fueron beneficiados por la Ley de Amnistía de 1977, ya durante la transición a la democracia.

La mayoría de los procesados se involucró en política o movimientos sindicales tras su liberación, pero algunos siguieron próximos a ETA. En el caso concreto del empresario afincado en Cuba, el regreso fue total e ingresó de nuevo en el aparato militar de la organización terrorista, esta vez desde el territorio francés que el independentismo vasco considera propio. Allí fue detenido en 1983 por la Policía francesa, que lo deportó a Panamá meses más tarde.

Según ha relatado él mismo en varias entrevistas, La Habana lo acogió cuatro meses después con la condición de que fuera voluntariamente. "La experiencia en Cuba ha sido muy buena, nos trataron como revolucionarios y nos siguen tratando", dice. Ahora, avisa: "Cuando se den las condiciones, voy a volver".

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