Entra en EE UU una ex fiscal que mandó a la cárcel a manifestantes del 11J en Camagüey

Madrid/Pese a la alerta lanzada por distintas organizaciones y la petición expresa de tres congresistas al Departamento de Seguridad Nacional de rechazar su solicitud de asilo, la ex fiscal Rosabel Roca Sampedro entró a Estados Unidos el pasado 15 de julio. Según documentó Martí Noticias, que había dado a conocer el caso el pasado junio, Roca Sampedro ingresó con una cita de CBP One por la frontera con México en Brownsville, Texas.

El medio estadounidense constató también que la ex funcionaria, responsable de las sentencias de hasta cuatro años y medio de cárcel para cuatro manifestantes del 11J en Camagüey, tiene una audiencia preliminar en la corte de Inmigración de Houston el próximo 9 de abril, a la una de la tarde.

Roca Sampedro, que abandonó Cuba junto a su hija pequeña, ha residido en Houston, donde también vive su hija mayor, al menos en meses recientes, confirmó Martí Noticias, que recuerda que el permiso de trabajo que ostenta le permitirá acogerse a la Ley de Ajuste al año y un día de estar en territorio estadounidense y obtener el permiso de residencia.

Una de las organizaciones que alertó del caso el pasado junio fue la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC), quien tiene registrada a la ex fiscal en su lista de represores. Otra fue Prisoners Defenders, que confirmó que Roca Sampedro instruyó la causa número 26 de 2022, con expediente de Fase Preparatoria 32 de 2021, por “atentado y desacato” contra cuatro participantes en las protestas del 11 de julio de 2021.

Roca Sampedro ha residido en Houston, donde también vive su hija mayor, al menos en meses recientes

Intervino en los casos de Adrián Quesada Flores, que tenía 32 años cuando fue arrestado; Geovanis Sepúlveda Martínez (43); Lesyani Heredia Salazar (22) y Yadisley Ramírez (34). Roca Sampedro está clasificada por la FHRC como una represora “de cuello blanco”, y en su ficha figuran las acusaciones de prevaricación, persecución por motivos políticos y crímenes de lesa humanidad. 

También participó en la acusación –y posterior condena de un año y seis meses de cárcel por manifestarse el 11J– de Bárbaro de Céspedes, el opositor que cargó una cruz de madera durante el Viernes Santo de 2021 en Camagüey. Después de su peregrinación a la iglesia de La Merced, De Céspedes fue detenido por la Policía y enjuiciado por violar las medidas sanitarias contra el coronavirus. Al cumplir su condena tras el 11J, fue liberado el pasado febrero.

La ex fiscal sigue el camino de otros muchos funcionarios del régimen que eligen EE UU para instalarse. El pasado agosto, llegó a Miami el ex primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos Manuel Menéndez Castellanos. Otros ejemplos de funcionarios emigrados recopilados por este diario son Misael Enamorado Dager, ex primer secretario del Partido Comunista en Santiago de Cuba entre 2001 y 2009, o Yurquis Companioni, agente de la contrainteligencia en Sancti Spíritus.

No todos consiguen instalarse en el país del norte con impunidad. A Liván Fuentes Álvarez, ex presidente de la Asamblea Nacional en la Isla de la Juventud, le fue revocado el parole humanitario tras serle aprobado el trámite y estando a punto de viajar a EE UU. Por su parte, la jueza Melody González, quien condenó a prisión –sin pruebas y por órdenes de la Seguridad del Estado, según sus propias declaraciones– a cuatro jóvenes de Villa Clara por supuestamente lanzar cócteles molotov a funcionarios del régimen, llegó en mayo solicitando asilo político después de que le fuera denegado el parole humanitario. Actualmente detenida en el Broward Transitional Center, en Florida, la ex funcionaria tendrá que demostrar, tras un primer intento fallido, que es susceptible de recibir protección internacional.