Poco entusiasmo en el Parlamento cubano por la votación de la Ley de Expropiación

La Habana/El desgano de la Asamblea del Poder Popular hizo imposible saber, este martes, si varios diputados aprobaban, se abstenían o simplemente no se interesaban en la Ley de Expropiación. Ante la llamada de Esteban Lazo a votar por el documento, algunos de los participantes mantuvieron sus manos debajo de la mesa y otros ignoraron al presidente, atendiendo a sus celulares.

Lazo, sin alzar demasiado la mirada para contar los votos, prescindió de los "desobedientes" y declaró la ley "aprobada por unanimidad", a lo cual el salón aplaudió el resultado con el mismo desinterés.

La Ley de Expropiación por Razones de Utilidad Pública o Interés Social forma parte del "cronograma legislativo" del régimen, un conjunto de proyectos legales ratificados a conveniencia por los diputados y que aspira a desarrollar los contenidos de la Constitución de 2019.

El Gobierno ha sido particularmente discreto con esta ley y ha evitado su publicidad, aunque eso no ha impedido que levante suspicacias entre los cubanos y preguntas sobre las futuras implicaciones de este mecanismo en el contexto de éxodo masivo que vive el país.

Según la ministra de Finanzas y Precios, Meisi Bolaños Weiss, la nueva ley pretende establecer "las garantías debidas, la forma de indemnización y otras cuestiones" relacionadas con el proceso de expropiación por interés del Estado. Detalló que la comisión redactora –integrada por varios órganos judiciales, económicos y por profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana– había trabajado arduamente en el texto, pues se trata de una cuestión delicada.

La ley, expuso Bolaños, desarrolla el artículo 58 de la actual Constitución, que postula el "derecho al disfrute de los bienes de su propiedad", pero advierte de que la expropiación es practicable

La ley, expuso Bolaños, desarrolla el artículo 58 de la actual Constitución, que postula el "derecho al disfrute de los bienes de su propiedad", pero advierte de que la expropiación es practicable "atendiendo a razones de utilidad pública o interés social y con la debida indemnización". La ley que ahora aprueba el Parlamento "suple la inexistencia de una norma como único cuerpo jurídico para sustituir la entidad de la expropiación".

La ministra informó de que la expropiación es privativa de un "tribunal de justicia competente" y con la garantía de una "tutela judicial efectiva", y el ciudadano podrá exigir, en caso de querer impugnar la decisión, un documento que acredite la condición de bien de interés público de su propiedad.

Sobre el derecho del ciudadano expropiado a ser indemnizado, Bolaños aclaró que habrá que determinar el monto "por el valor real" en cada caso. El texto prevé, además, una "protección a la inversión extranjera". En ambos casos –cuando se trata de un nacional o de un extranjero– el valor de la indemnización no podrá ser afectado con impuestos ni gravámenes de ninguna clase.

En cuanto a la expropiación forzosa, considera Bolaños que aún debe "fortalecerse y actualizarse al nuevo marco constitucional", pues todavía no existe una ley que ofrezca garantías de ninguna clase si el Estado se enfrentase a un caso de este tipo. "Esa ley no se ha dictado aún hoy en el ordenamiento jurídico cubano", lamentó la ministra, que insistió en que las normativas existentes –dentro de la actual Ley del Proceso Administrativo– son "parciales e insuficientes".

José Luis Toledo Santander, el diputado que presentó el dictamen de la Asamblea sobre la Ley de Expropiación, reconoció que sobre el texto pesan "opiniones muchas veces erráticas (sic)". Añadió que el documento contiene una relación de antecedentes de expropiaciones en el país, aunque no mencionó las irregularidades de este proceso en la década de 1960, cuando Fidel Castro requisó múltiples propiedades sin proceder a pagar la debida indemnización.

Homero Acosta, secretario de la Asamblea, fue menos conciliador y se refirió a la ley como una "garantía" que ofrecía el Gobierno. Al fin y al cabo, espetó, "hoy el Estado puede expropiar sin esta ley"

"La expropiación es un instrumento y no un fin en sí misma, por estar siempre en función de una transformación del bien expropiado ya sea física (por ejemplo, se expropia un terreno para hacer una carretera o una autopista) o jurídica (se nacionaliza una empresa determinada en lo referente al término utilidad pública)", teorizó Toledo.

Sobre la tasación de la propiedad –indispensable para determinar el monto de la indemnización– Toledo no ofreció más detalles que los informados por Bolaños: es competencia de un tribunal y dependerá de su criterio. Añadió que los ciudadanos tienen el derecho de revertir la expropiación si, al cabo de tres años de emitida la sentencia, el Estado no ha llevado a cabo los "fines expresados" que justificaron el mecanismo.

En la discusión, los diputados señalaron los puntos más controversiales de la ley, como los que definen el período de inicio de la expropiación. A propósito, la diputada Ana Teresa Igarza trajo a colación situaciones que se han dado en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, en que se ha negociado con los propietarios de terrenos expropiados y "se han puesto de acuerdo" para que el Estado acuda al terreno una vez que ha sido abandonado por sus dueños. "Lo fundamental es buscar acuerdos entre las partes, para que las personas supuestamente afectadas tengan garantías", señaló.

Homero Acosta, secretario de la Asamblea, fue menos conciliador y se refirió a la ley como una "garantía" que ofrecía el Gobierno. Al fin y al cabo, espetó, "hoy el Estado puede expropiar sin esta ley". Acosta se molestó por la "mucha tergiversación" que ha recaído sobre la norma. "Las personas dicen que los comunistas quieren acabar con la propiedad privada, pero no es así", zanjó, antes de declarar que los cubanos deberían sentirse "orgullosos" de la benevolencia de esa ley.

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