Etecsa alerta de 47 sabotajes "graves" en 2024 y 10 en lo que va de año

Madrid/Cubadebate parte de una premisa: los fallos y mal servicio de la empresa de telecomunicaciones Etecsa generan un gran malestar entre sus clientes, que son todos los cubanos, ya que no es otra cosa que un monopolio. ¿Cuál es el motivo? Según sus directivos, cualquier causa es ajena a su responsabilidad y los culpables son dos: el bloqueo y los propios usuarios. La compañía alega, fundamentalmente, robos y sabotajes, una explicación cada vez más frecuente para las averías en los servicios esenciales y que supone un cambio progresivo en la política comunicativa del régimen, reacia antes a admitir que había descontentos con la Revolución.

La nota relativa a Etecsa aborda la problemática en dos ámbitos: por un lado el de la conectividad y por otro el de la telefonía. A pesar de los esfuerzos que la empresa alega haber realizado en los últimos años, reivindicados por Kevin Castro Rodríguez, directivo de la empresa, hay limitaciones derivadas de las sanciones. “Nuestras fuentes de ingresos en divisas se han visto seriamente afectadas. ¿Eso qué significa? Se ha hecho muy difícil continuar con el marco inversionista que desarrollamos hasta el año 2022”, sostiene.

El Gobierno y la empresa anunciaron a principios de año que se comenzaría a cobrar algunos servicios en divisas este 2025, tal y como ya había adelantado días antes este periódico

El Gobierno y la empresa anunciaron a principios de año que se comenzaría a cobrar algunos servicios en divisas este 2025, tal y como ya había adelantado días antes este periódico. Desde entonces, no se han vuelto a dar detalles de ese plan, pero nadie duda que no tardará en llegar. Tampoco se ha sabido mucho más sobre el famoso cable Arimao que la estatal instaló, en colaboración con la francesa Orange, entre la provincia de Cienfuegos y la isla de Martinica en 2022. La estructura debía estar lista para 2023, pero por el momento Cuba sigue conectada con ALBA-1, el cable venezolano que opera desde 2012.

Etecsa también alega, con respecto a los datos, que las “antenas ilegales y equipos no certificados” interfieren en la señal, especialmente en La Habana, donde se alcanza el 12%, frente al 6% del resto de la Isla. La alusión remite al nuevo caballo de batalla de las autoridades, que han intensificado su labor de “busca y captura” de equipos satelitales como Starlink –el proveedor de servicios de SpaceX– que carecen de autorización para Cuba, así como de sus usuarios, a los que ha advertido en los últimos días con multas y otras sanciones graves.

No obstante, la mayor preocupación se centra en la parte de telefonía fija, que se enfrenta al “creciente número de actos vandálicos contra su infraestructura”. Según Castro Rodríguez, hay “cortes a la fibra óptica y a cables que interrumpen el servicio a 400 o 500 clientes simultáneamente, sustracción de baterías a gabinetes y radio bases, quema y derribo de postes telefónicos. Hemos tenido varios hechos delictivos, incluso intencionados, contrarrevolucionarios”, acusa.

Según Castro Rodríguez, hay “cortes a la fibra óptica y a cables que interrumpen el servicio a 400 o 500 clientes simultáneamente, sustracción de baterías a gabinetes y radio bases, quema y derribo de postes telefónicos"

Solo en La Habana, donde hay más de 450.000 líneas de este tipo –junto a 1,9 millones de titulares de línea móvil y 68.000 de nauta hogar–, hubo 47 incidentes calificados de graves por “daños intencionales a la infraestructura”, mientras que, en lo que va de año ya van 10. 

Entre las actividades más concretas, el directivo detalla que hubo un corte en Camagüey que llevó labores de resolución durante seis horas, provocando –sin precisar en qué– pérdidas de 16 millones de pesos cubanos. “Son afectaciones que tienen un impacto muy severo para la economía de la empresa y para la seguridad del país. Hemos sufrido cortes en la fibra óptica que afectan incluso a servicios aeroportuarios”, advirtió. 

Tanto él como Pedro Luis Lozada Morales, también directivo territorial de Etecsa, insisten en que estos actos perjudican a la empresa, pero también a “millones de cubanos que dependen de estos servicios para el trabajo, la educación y la comunicación familiar”.

“Comenzamos el año anterior con inversiones en más de 34 sitios, con los recursos que respaldaban estas inversiones. Y cuando comienza el auge de los hechos vandálicos, no solamente hemos tenido que desviar los recursos hacia esos lugares, sino el personal especializado. Detectamos que, en muchos casos, no hay ingenuidad, no son accidentes porque restablecemos los servicios y en menos de 24 horas nos vuelven a dañar los cables en algún lugar”, apostilla Lozada.

“El impacto ha sido múltiple, de ahí la importancia del trabajo que tenemos con las organizaciones sociales, de masas y toda la sociedad civil para enfrentar tales incidentes”, advierte Castro Rodríguez.

Frente a una época en la que cualquier reacción que reflejara indignación contra el régimen se hacía pasar por accidente, la estrategia actual consiste en lo contrario: señalar esos incidentes aunque destacando que son actividades instigadas desde el exterior, realizadas por grupos minoritarios y resueltas de inmediato por las autoridades. Así, no hace ni 15 días que la prensa oficial también publicó sendas informaciones alertando de robos en sistemas hidráulicos y cables de cobre, de la misma manera que ha venido informando con frecuencia de sustracciones de aceite dieléctrico. 

En septiembre de 2024 se informó de un juicio contra cinco personas encausadas por este delito que enfrentaban penas de hasta 15 años de prisión, ya que se puede considerar un “delito contra la seguridad del Estado” por afectar al normal funcionamiento de equipos –como las subestaciones y los transformadores– eléctricos.  

“Ahora hace falta que detengan enjuicien y condenen 30 años mínimo o tal vez cadena perpetua o pena de muerte mejor para aquellos que están destruyendo los pocos ómnibus que circulan en la Habana”

Este relato ha calado hasta tal punto entre la población, que una nota publicada este domingo por el diario Cubainformación en el que se informa de reparaciones en ómnibus de la capital se ha convertido en un akelarre de peticiones de sanciones para quienes cometen estos “actos de sabotaje”. “Ahora hace falta que detengan enjuicien y condenen 30 años mínimo o tal vez cadena perpetua o pena de muerte mejor para aquellos que están destruyendo los pocos ómnibus que circulan en la Habana”, espeta un comentarista al pie de la noticia.

El reporte –firmado por el propio ministro de Transportes, Eduardo Rodríguez Dávila– no es más que una relación técnica de aparatos adquiridos para recuperar 63 ómnibus dedicados a la transportación pública de pasajeros en La Habana, pero las impresiones de los lectores no dejan lugar a dudas de que el discurso ha encontrado eco en una parte de los afines. 

“Excelente noticia. Muestra la preocupación y ocupación del Estado por resolver los problemas que más afectan al pueblo, pero hay que aplicar y publicar sanciones bien severas a los delincuentes contrarrevolucionarios que dañan los ómnibus”.