Etecsa atribuye las múltiples deficiencias de sus servicios a la "delincuencia" en Santiago de Cuba

La Habana/La prensa oficial pidió este sábado “medidas enérgicas” contra los protagonistas de “más de 30 hechos vandálicos en lo que va de año” en las instalaciones de Etecsa en Santiago de Cuba. El monopolio de la telefonía en la Isla no ha sido la única entidad estatal con “serias afectaciones”. Según admite Sierra Maestra –muy al final de su texto–, también se han quedado “sin comunicación” un “centro económico vital” y una unidad militar no identificados, y la termoeléctrica Renté. 

Sierra Maestra insta a la Policía, a petición del jefe de Etecsa en Santiago, Eolydis Montejo, a que tome cartas en el asunto no solo contra los “vándalos” sino contra la ciudadanía, “que en ocasiones presencia indisciplinas de esta índole, y no las denuncia”. Montejo se lavó las manos ante los problemas de conexión en la provincia: son estos hechos los que impiden que la población “disfrute” de internet, porque cada rotura demora el restablecimiento y no hay dinero para la “reposición de la tecnología dañada”. 

La zona con mayor número de incidencias es el reparto José Martí, en la cabecera provincial. Los delitos más frecuentes: el robo de cables de fibra óptica y de cobre, los ataques contra gabinetes tecnológicos y radio-bases de celulares, y la “sustracción de baterías”. Según Montejo, tras cada hecho reportado se afectó la telefonía fija, la móvil y el servicio de internet doméstico Nauta Hogar. 

“Se incrementa los niveles de saturación, porque cuando hay una afectación en la radio base, se refleja en la cobertura”, añadió el funcionario, para quien todas las deficiencias de su empresa tienen su explicación en la “delincuencia”. “Cortar cables, por ejemplo, puede dejar a muchas personas incomunicadas en situaciones de emergencia. La falta de acceso a servicios de telecomunicaciones por vandalismo limita el desarrollo del país y afecta todas sus esferas”, dijo.

"La falta de acceso a servicios de telecomunicaciones por vandalismo limita el desarrollo del país y afecta todas sus esferas"

El diario del Partido Comunista en Santiago matiza las afirmaciones de Montejo y reconoce que “Etecsa no escapa a las limitaciones de recursos para instalar nuevos servicios”, pero atribuye un porcentaje importante de los fallos a los ataques, que ya suman 10 eventos más que en todo 2023. 

El más reciente, informó, ocurrió en la radio-base de celular de San Agustín, una comunidad rural ubicada en la carretera de Mar Verde. Se trata de una “zona alejada” que apenas tiene conexión, por lo que todo el poblado se quedó sin internet después del hecho. 

De nada han servido los acuerdos de “cooperación” con los Comités de Defensa de la Revolución (CDR) ni los “recorridos nocturnos en días no laborables” en cada una de las instalaciones de Etecsa en la provincia. Las oficinas están “dispersas” por todo el territorio y es difícil mantener una vigilancia efectiva. 

“No todos los hechos se dan en comunidades rurales, la mayoría de los últimos han ocurrido en zonas pobladas, donde hay viviendas cercanas y centros laborales”, abundó el directivo, que citó al fiscal provincial, Rolando Reyes, sobre castigos a los “hechos contra la telefonía”. “Se les debe imputar la medida cautelar de prisión provisional”, recordó, y pedir para ellos “una pena también severa –de la media hacia arriba– en correspondencia con el daño”. 

"Estamos hablando, por ejemplo, de un hurto. La pena puede ser de dos años hacia arriba, según las formas agravadas"

“Estamos hablando, por ejemplo, de un hurto. La pena puede ser de dos años hacia arriba, según las formas agravadas; hasta 30 años de privación de libertad si es un robo con violencia o robo con fuerza; en el que se evalúan otras causales; imaginen la magnitud de cortar la fibra óptica”, dijo. Además, hay penas para los coautores, pues se trata de delitos que “no se cometen solo”. 

Montejo también pidió castigos severos para quienes “recepten” un cable o una pieza robada. “El trabajador por cuenta propia que adquiera ese cable, para luego venderlo en su establecimiento, está recibiendo un bien que proviene de una actividad ilegal, y a su vez la ley le va a imponer una pena en correspondencia con su participación”. 

En la entrevista ofrecida por el directivo no se reveló qué iban buscando los “vándalos” en una unidad del Ejército oriental o cómo lograron burlar la vigilancia de los soldados para robar. Tampoco dio detalles sobre la afectación sufrida por la termoeléctrica Renté ni cuál es la relación de estos delitos con el descontento popular de los cubanos, atizado por el apagón total del 17 de octubre.