Una ex fiscal que consiguió penas de cárcel para manifestantes del 11J pide el asilo en EE UU

La Habana/La ex fiscal Rosabel Roca Sampedro, responsable de las sentencias de hasta cuatro años y medio de cárcel para cuatro manifestantes de Camagüey, solicitó entrar en Estados Unidos desde México. Miembro del aparato judicial del régimen, Roca figura en la lista de represores de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FHRC) y su petición de cita a través de la aplicación CBP One ha sido denunciada por organizaciones y medios independientes. 

El trámite de Roca fue expuesto este lunes por Martí Noticias, que consultó a fuentes estadounidenses anónimas en Inmigración. Hasta donde se conoce, la ex fiscal se encuentra en México con su hija pequeña, y espera su turno para viajar a la frontera de EE UU y presentarse a las autoridades migratorias. La FHRC, por su parte, no tiene claridad sobre el paradero de Roca y duda sobre si ya se encuentra en la ciudad de Houston, en Texas, donde reside su otra hija, Yesly Guerra. 

Consultado por el medio, el director de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, confirmó que Roca fue quien instruyó la causa número 26 de 2022

Consultado por el medio, el director de la organización Prisoners Defenders, Javier Larrondo, confirmó que Roca fue quien instruyó la causa número 26 de 2022, con expediente de Fase Preparatoria 32 de 2021, por “atentado y desacato” contra cuatro participantes en las protestas del 11 de julio de 2021 (11J). “Ella es una fiscal bien conocida en el Tribunal Municipal de Camagüey”, alega Larrondo. 

Intervino en los casos de Adrián Quesada Flores, que tenía 32 años cuando fue arrestado; Geovanis Sepúlveda Martínez (43); Lesyani Heredia Salazar (22) y Yadisley Ramírez (34). Roca está clasificada por la FHRC como una represora “de cuello blanco”, y en su ficha figuran las acusaciones de prevaricación, persecución por motivos políticos y crímenes de lesa humanidad. 

También participó en la acusación –y posterior condena de un año y seis meses de cárcel por manifestarse el 11J– de Bárbaro de Céspedes, el opositor que cargó una cruz de madera durante el Viernes Santo de 2021 en Camagüey. Después de su peregrinación a la iglesia de La Merced, De Céspedes fue detenido por la Policía y enjuiciado por violar las medidas sanitarias contra el coronavirus. Al cumplir su condena tras el 11J, fue liberado en febrero de este año. 

“Además de jurista, Roca Sampedro era un cuadro político del régimen, como indican numerosas informaciones en la Web y publicaciones suyas en las redes sociales”, asegura la FCDH. Al parecer, Roca poseía dos perfiles en Facebook: uno familiar, que se conserva, y otro donde mostraba su afinidad con el régimen, que fue eliminado de la red social, seguramente para evitar complicaciones durante el proceso de solicitud de asilo. 

Los rumores sobre la estampida hacia Estados Unidos de funcionarios del oficialismo, ex miembros de la Policía, las Fuerzas Armadas y la Seguridad del Estado, además de represores de distinto calibre, son cada vez más frecuentes. Algunos de los casos, como el de Roca, han podido ser confirmados. De otros, que transcurrieron en la más absoluta discreción y sin que las autoridades estadounidenses tuvieran en cuenta el pasado de estos ex adeptos del régimen, no se ha tenido noticias. 

De otros, que transcurrieron en la más absoluta discreción y sin que las autoridades estadounidenses tuvieran en cuenta el pasado de estos ex adeptos del régimen, no se ha tenido noticias

Una excepción fue Melody González, detenida en el aeropuerto de Tampa. La semana pasada se supo que la ex jueza, quien llegó a dictar hasta cuatro años de prisión por atentado contra varios jóvenes acusados de lanzar cocteles molotov contra propiedades de la Policía en Encrucijada, había llegado a EE UU gracias al parole humanitario. 

En la terminal aérea, las autoridades migratorias le negaron la entrada a EE UU por su historial en Cuba, a lo cual ella respondió con una solicitud de asilo político, que todavía no se ha resuelto. Según Martí Noticias, González fue trasladada al Broward Transitional Center, un centro de detención para migrantes. 

Los familiares de los jóvenes condenados por ella reclaman justicia a las autoridades y dan cuenta de los desmanes y abusos de autoridad que, en su opinión, sufrieron por parte de González durante el proceso judicial. También han denunciado sus estrechos vínculos con la Policía de Encrucijada y exigen su deportación a la Isla.