La ex intendente y un cuadro de Puerto Padre, a prisión por malversar bienes en Las Tunas

La Habana/“Hay que pasar a todos los cuadros por el filtro fino”, exigía un lector de Cubadebate este miércoles, al pie de la noticia de dos detenciones en Las Tunas: la de Maricela Alonso Ojeda, que irá presa durante siete años, y la de Mario Quirino Infante, durante seis. Ambos funcionarios fueron acusados –en calidad de autor y de partícipe, respectivamente– de cometer malversación y aprovecharse del cargo.

Según la prensa oficial, tanto Alonso, ex intendente del municipio de Puerto Padre, como Quirino, ex administrador del Palacio de Pioneros, fueron acusados también de “tráfico de influencias, cohecho en el sector estatal y cohecho en el sector estatal de carácter continuado”. 

Una nota de prensa emitida por el tribunal –un procedimiento al que hasta ahora no había recurrido la institución– y publicada por la prensa oficial ofrece detalles de la causa, iniciada el año pasado. “Quedó probado”, afirma, que Alonso utilizaba una facultad para tomar decisiones excepcionales en el Consejo de la Administración Municipal “cuando el carácter apremiante de la situación o el tema a solucionar lo exigiera”. 

Como es habitual en estos casos, se activa la “prohibición de expedición de pasaporte y salida del país hasta el cumplimiento de la sanción”

Como tenía a su cargo el reparto de productos en “distintas cadenas de tiendas”, explica la nota, Alonso se apropió “de una parte de ellos para su beneficio personal conjuntamente con Mario”. Quirino, por su parte, tenía a su cargo “la búsqueda, traslado y venta” de los productos que le suministraba Alonso. 

Ni Alonso ni Quirino podrán volver a ejercer cargos directivos ni tener a sus disposición “recursos materiales y financieros” del Estado cuando salgan de prisión. Tampoco podrán formar parte del aparato estatal en ninguno de sus niveles y se les privó del derecho al sufragio. Como es habitual en estos casos, se activa la “prohibición de expedición de pasaporte y salida del país hasta el cumplimiento de la sanción”. 

Varios lectores señalaron bajo el anuncio que las autoridades debieron haber revelado la cantidad robada por ambos cuadros, para tener una idea del calibre del daño. Otros advirtieron que a Alonso y Quirino, hasta el momento de su detención, la prensa local los había presentado como cuadros con una “trayectoria estelar”. 

La nota omite deliberadamente el cargo que ambos funcionarios ocupaban, un hecho que también es señalado por los comentaristas: “Ya es vergonzoso que una intendente cometa actos de malversación, pero qué ganamos con silenciarlo. Cuando se trata de casos comunes, no solo se dicen los montos o los productos, se dan los nombres y a veces hasta aparecen sus fotos. El pueblo tiene derecho a saber, para no dar chance a la especulación, cuando se trata de personas que ostentan cargos. No son ‘errores’, no son ‘anónimos’. Y de esos tenemos algunos en nuestra historia más reciente”. 

“Ya es vergonzoso que una intendente cometa actos de malversación, pero qué ganamos con silenciarlo”

Otros advertían del alto nivel de vida que tienen los funcionarios municipales y provinciales gracias a su cargo. “Se instalan en grandes mansiones, su familia disfruta de privilegios muy por encima del pueblo y nadie los cuestiona, ni revisa su nivel de vida”, denunciaba uno, que ve con buenos ojos que “en China sean implacables con la corrupción, llegando a la pena de muerte”. 

Pronto, el flujo de comentarios se convirtió en una serie de “firmas” para que el Parlamento cubano cree una Comisión Permanente de Anticorrupción, dedicada a investigar a fondo la conducta de los cuadros. “¿Pruebas? Barrigas enormes, camisas que revientan botones, color de piel rosado… son solo indicadores, pero hay mucho más”, enumeraba un usuario, y otro añadía los “inmuebles excedidos, autos, joyas”. 

Las Tunas es una de las provincias donde la corrupción de los burócratas –amén de los delitos ganaderos, el descontrol de la basura y el consumo de drogas– es más grave. Lo admitió en febrero su ex primer secretario, Walter Simón Noris, promovido este martes a la misma oficina del Partido Comunista en Camagüey, y mucho antes –en 2023– el gobernador destituido Jaime Chiang. 

Las “felonías contras las entidades estatales” son frecuentes en la provincia. Noris aludió el mes pasado a los robos “reiterados” que los administradores de la Empresa Cubana del Pan consentían en el municipio de Colombia, además del caso de una funcionaria en Manatí que “facilitó un robo”. 

“Funcionarios en demarcaciones administrativas análogas están bajo investigación por situaciones similares”

“Funcionarios en demarcaciones administrativas análogas están bajo investigación por situaciones similares”, advirtió también, durante un discurso de denuncia que acabó con una consigna para implicar a sus colegas del Partido en un ejercicio total de vigilancia: “No basta con policías”. 

En febrero pasado, varios funcionarios del gobierno de Manzanillo fueron arrestados por su implicación en el robo de combustible destinado a los servicios y las empresas estatales. Entre los detenidos revelados por este diario está el intendente Osvaldo Antonio Incencio Piñeiro. La investigación, llevada a cabo por las autoridades con extrema discreción, apunta también a un mal manejo de la presidenta del Consejo de la Administración Municipal (CAM), Rossío Naranjo Figueredo.