Un ex ministro del régimen admite que Cuba sufre una debacle económica

Madrid/El producto interno bruto (PIB) cubano, que se derrumbó un 1,9% en 2023, ni siquiera se acercará este año al aumento del 2% que estaba previsto. Un artículo publicado este lunes en los medios estatales –Evaluación de la economía internacional y su impacto en Cuba– y firmado por el ex ministro de Economía José Luis Rodríguez expone sin rodeos la debacle que vive el país. Lo novedoso es el reconocimiento por una fuente oficialista del tamaño del desastre, aunque siga con el habitual mantra propagandístico del “decisivo peso del bloqueo económico norteamericano”.

Los otros culpables, según el autor, son la pandemia de covid-19 de 2020, el aumento de precios de los alimentos a nivel mundial –un 20% por encima de los valores promedio de 2014-2016– y los “incumplimientos internacionales de acuerdos que debían garantizar las importaciones de petróleo” –actualmente por encima de los 81 dólares el barril–, pero también la “lenta recuperación en el turismo”, y, lo que es más llamativo, “las consecuencias de errores cometidos en nuestra propia gestión”. Todo ello ha provocado, según el economista, “que el país haya sufrido entre el 2019 y el primer semestre de 2024 una pérdida superior a 4.000 millones de dólares en los ingresos externos”.

En relación a 2019 y hasta 2023, los ingresos disminuyeron en más de 3.000 millones de dólares. Uno de los rubros más relevantes es el de las remesas, la segunda fuente de ingresos del país por detrás de la venta de servicios médicos, que entre 2019 y 2020 cayeron un 26% (hasta los 2.348 millones de dólares), “según fuentes no oficiales”, y en 2021, más de un 50%, hasta 1.084 millones de dólares. “Esta cifra no parece haber aumentado en 2023, ni siquiera considerando que la Western Union reanudaría el envío de remesas a Cuba, lo que auguraba un mayor incremento”, señala Rodríguez, quien recuerda que “las remesas juegan un papel importante como capital de trabajo del sector no estatal y sustentan un apreciable nivel de consumo en el mercado que funciona en MLC” (moneda libremente convertible).

Uno de los rubros más relevantes es el de las remesas, que han caído hasta 1.084 millones de dólares

Citando un informe reseñado por CNN en 2021, el autor indica que “el 26% de los hogares cubanos recibían remesas –computando alrededor del 2% del PIB–, un 83,7% provienen de EE UU y más del 60% llegan por vía informal”. Otro estudio que se recoge en el artículo es uno de Inter-American Dialogue, que cifró los envíos de dinero a la Isla en 2023 en 2.458 millones, pero el ex ministro aclara que “no existen evidencias claras de que las remesas hayan crecido hasta ese nivel el pasado año”.

Otro “elemento negativo” reconocido por Rodríguez es el “incumplimiento de los pagos del servicio de la deuda externa”, que obligó al régimen en 2020 a una nueva renegociación con el Club de París –aparte de la acordada en 2015–, “donde solo se logró una posposición de los pagos de ese año”. Recientemente, indica el economista, “se estableció un plazo suplementario para el pago de la deuda, aunque no se conocen más detalles del mismo”.

También “trascendió”, dice el ex ministro con ese verbo, que “se logró posponer los pagos hasta el 2040 en el caso de Rusia y se trabaja en la reestructuración de la deuda con China”. Las inversiones de ambos países, que estaban paralizadas “por los impagos”, señala Rodríguez, se “destrabaron” y Pekín incluso donó 100 millones de dólares, gracias a la gira internacional realizada por el mandatario Miguel Díaz-Canel en noviembre de 2022 por Argelia, Rusia, Turquía y China.

A raíz de aquellos viajes también “se logró la cancelación de intereses de la deuda por pagar con Argelia y la posposición indefinida del reinicio de las erogaciones”, refiere el economista.

Pekín incluso donó 100 millones de dólares, gracias a la gira internacional realizada por Díaz-Canel en noviembre de 2022

Aunque Rodríguez menciona diligentemente a la “voluntad de Cuba para pagar la deuda externa, cuando mejoren las condiciones económicas para el país”, expresa que es  “indispensable retomar la alternativa de una renegociación más flexible de la deuda”. Esta se estimaba al cierre 2023, “según fuentes de los acreedores”, en unos 29.400 millones de dólares, “que se estima equivale a más del 40% del PIB”.

Todos estos datos llevan al ex ministro a justificar las “medidas urgentes”, que, no obstante, dice citando a Díaz-Canel diligentemente, “nos deben llevar a no insistir en una ruta que ha demostrado ser impracticable por insostenible”.

José Luis Rodríguez no menciona esas nuevas medidas, pero se supone que son las concretadas en el paquete de leyes publicado la semana pasada en la Gaceta Oficial y que, lejos de promover una flexibilización de la economía, refuerzan la fiscalización, las prohibiciones y las multas para las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

La prensa oficial se encarga a diario de ampliar detalles de esas disposiciones, un total de 19, que derogan todas las anteriores referidas a las empresas privadas desde 2012 hasta 2023 y que ocupan 167 páginas de la Gaceta del 19 de agosto. Este mismo lunes, por ejemplo, desgrana las novedades respecto a los cambios tributarios, incluyendo los tramos, que afectan a los cuentapropistas, regulados por la Resolución 271 del Ministerio de Finanzas y Precios, que entrará en vigor 30 días después de haberse publicado, es decir, el 18 de septiembre.

Además, remachan la obligación para los privados de tener una “cuenta bancaria fiscal”, en un banco cubano y declarada ante la Onat

Una de ellas es la aplicación de una escala proporcional, en la que al exceso de entre 15.000 y 20.000 pesos se le impone un 7,5% de gravamen, entre 20.000 y 25.000 un 10%, entre 25.000 y 30.000 un 15% y más de 30.000 un 20%.

La ley también faculta de manera inédita a los consejos municipales, recuerda Granma, para decidir si reducen hasta un 35% las obligaciones tributarias a los trabajadores por cuenta propia (TCP) que “ejerzan sus actividades en zonas rurales de difícil acceso y montañosas, por las condiciones en que el contribuyente ejerce la actividad o por la necesidad de prestar un servicio público a bajos precios”. Eso sí, “con carácter excepcional”.

Además, remachan la obligación para los privados de tener una “cuenta bancaria fiscal”, en un banco cubano y declarada ante la Oficina Nacional de Administración Tributaria (Onat). De esa cuenta deberán ejecutar el pago de impuestos, pero también todos los gastos relativos a “reparaciones capitales, mantenimientos constructivos, compra de medios y equipos, servicios recibidos de las formas de gestión no estatal que se realicen a través de instrumentos bancarios”.

En el caso de los TCP dedicados a la pesca, se establece, mediante la Resolución 273, cuatro impuestos específicos: uno del 5% “sobre los ingresos personales”, cuando lo que perciban de la comercialización de las capturas exceda los 3.260 pesos; otro del 10% “sobre las ventas y sobre los servicios” según “las decisiones que al respecto adopten los gobiernos locales”, excluyendo los ingresos por “las entregas a las empresas pesqueras y otras entidades autorizadas”; otro del 5% “por la utilización de la fuerza de trabajo”, sobre los sueldos a trabajadores, y una última “contribución especial a la Seguridad Social”.

La reciente batería legal contiene también numerosos instrumentos para evitar “irregularidades” e imponer multas, algo en lo que también hace hincapié la prensa oficial cotidianamente. En una nota publicada el domingo, Granma presume de que el régimen cerró un total de 171 establecimientos y retiró 197 “proyectos de trabajo” solamente en la semana del 17 al 23 de agosto, por “violaciones detectadas”.

En esos días se produjo un total de “58 decomisos y 773 ventas forzosas”, por causas como “comercializar productos sin exponer los precios, no mostrar la licitud de las materias primas que usan en la prestación de servicios, no exhibir los códigos QR de las pasarelas y por empleo de personal que trabaja sin la contratación que corresponde”.

La nota resalta el control de precios establecido en la Resolución 225 –también en la Gaceta mencionada– para seis “productos de alta demanda”: pollo, aceite, detergente en polvo, pastas, salchichas y leche en polvo.

Sin mencionar desde qué fecha, hasta el momento dicen las autoridades que se han realizado un total de 157.331 acciones de control, en las que se determinaron “adeudos” por un exorbitante total que roza los tres mil millones de pesos.