Una familia cubana demanda a Meliá por 10 millones de euros

La Habana/Los descendientes del empresario Rafael Lucas Sánchez Hill han presentado finalmente este 3 de junio una demanda contra el grupo hotelero español Meliá, amparados en el Título III de la Ley Helms-Burton, que dejó de ser suspendido el pasado mayo por la administración de Donald Trump.

Los Sánchez Hill, quienes residen en Estados Unidos, piden como indemnización unos 10 millones de euros por las tierras, ubicadas en la actual provincia Holguín, que les fueron expropiadas por Fidel Castro en 1960 y de las que Meliá se beneficia al administrar varios hoteles construidos en ellas por los militares cubanos.

Según un reportaje de El Confidencial, se trata de la primera demanda presentada en España contra compañías de ese país por administrar bienes expropiados en Cuba. La Ley Helms-Burton permite a los dueños de propiedades confiscadas con la llegada al poder de Fidel Castro, demandar a quienes "trafiquen" con esas propiedades.

Anteriormente los Sánchez Hill habían negociado con Meliá y estuvieron cerca de un acuerdo de 5 millones de euros

Anteriormente los Sánchez Hill habían negociado con Meliá y estuvieron cerca de un acuerdo de 5 millones de euros, pero al ver lejana la posibilidad de la activación del Título III, la empresa española redujo la indemnización a 3.000 y no hubo acuerdo.

La familia Sánchez Hill huyó de Cuba después de que le fuera expropiado el Central Santa Lucía LC y los terrenos de más de 40.000 hectáreas que lo circundaban. El patriarca de la familia había construido el central en 1857 después de mudarse a Holguín desde Matanzas, pero la ley 890 de 1960 firmada por el entonces presidente Osvaldo Dorticós, los dejó sin nada.

En los terrenos expropiados, los militares construyeron en las últimas décadas los hoteles Meliá Sol Río de Luna y Mares, Paradisus Río de Oro, Costa Verde, y Playa Costa Verde, entre otros.

La familia reclama en un tribunal de Palma de Mallorca que la compañía los indemnice por con una cantidad equivalente a los beneficios que hayan obtenido de los hoteles durante los últimos cinco años, explica El Confidencial. También reprochan a la empresa su actitud hacia los reclamos de los dueños.

"El carácter ilícito de dicha confiscación es conocido por Meliá, quien durante los últimos 20 años ha hecho caso omiso a las reclamaciones de aquellas empresas y familias a costa de las que se lucra", dice la demanda, según el rotativo español.

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba con unos 34 establecimientos. Le sigue Iberostar, con 20 alojamientos

Meliá es la compañía extranjera que más hoteles administra en Cuba con unos 34 establecimientos. Le sigue Iberostar, con 20 alojamientos. Estas compañías han sido muy criticadas por grupos de derechos humanos y opositores al régimen de La Habana por las condiciones en las que realizan sus inversiones en la isla. Hasta 2008 los cubanos tenían prohibido hospedarse en los mismos hoteles que los extranjeros y los salarios de los trabajadores en los hoteles internacionales es de apenas unas decenas de dólares al mes.

"En estos 31 años lo hemos tenido muy claro: que la apuesta por Cuba es incondicional. Nosotros creemos que es totalmente injusto, todas estas medidas", dijo sobre la activación del Título III de la Helms-Burton a la televisión estatal cubana el vicepresidente ejecutivo y consejero delegado de Meliá Hotels International, Gabriel Escarrer.

"Frente a eso, seguimos con nuestra hoja de ruta: seguiremos colaborando estrechamente con las autoridades cubanas en el desarrollo de la industria turística de este país, que creo que es modélica en todos los sentidos", añadió. Para el 2020 la compañía proyecta llegar a 38 hoteles y más de 15.000 habitaciones en el país.

Escarrer visitó Cuba junto ministra española de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien intentó dar un mensaje de tranquilidad a los inversionistas españoles. "Nuestra voluntad es seguir invirtiendo en Cuba y que nuestras empresas tengan la voluntad de contribuir al desarrollo de la isla", dijo la ministra, quien fustigó al ejecutivo de EE UU pero, también pidió a La Habana el pago de los 336 millones de dólares que debe a los empresarios españoles.

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