Los familiares de los cubanos juzgados por protestar contra los apagones alaban a sus abogados
Por romper un cartel con el lema "Victoria de Girón", la Fiscalía pide 10 años de prisión para uno de los nueve acusados de Aguada de Pasajeros
La Habana/Los nueve manifestantes que salieron a reclamar el fin de los apagones en julio de 2022 en Aguada de Pasajeros, Cienfuegos, conocerán su veredicto el próximo 28 de junio. Casi un año después de que se produjera la protesta en el reparto Covadonga, el tribunal ha escuchado la declaración de varios agentes del Ministerio del Interior y la defensa de los acusados.
La situación es delicada, pues la Fiscalía ha atribuido a los manifestantes los delitos de sedición y desacato y, en dos casos, también sabotaje, con base en las alegaciones que los testigos –en su mayoría policías o agentes civiles– han cambiado varias veces. Según los familiares, los abogados han presentado argumentos sólidos que demuestran la inocencia de los acusados y la mala voluntad de los acusadores.
"No hay pruebas", resume el familiar de uno de los detenidos, con quien este diario ha estado en contacto desde el comienzo del juicio. El único material con el que cuenta la Fiscalía es el testimonio de los "agentes de confianza de la Dirección de Inteligencia", aduce. "No hay nadie ajeno a ellos que diga que los vio y los identificó.
El único material con el que cuenta la Fiscalía es el testimonio de los "agentes de confianza de la Dirección de Inteligencia"
Los acusados son Roche Valentín Ibáñez González (de 29 años), Elisnaide Martínez Cañete (de 37), Dagoberto Escobar Sosa (de 62), Jorge Armando Castañeda Terrero (de 36), Elier Alfonso Fonseca (cuya edad no se hizo pública), Pedro Caride Santana (de 28) y Marco González Castro (de 18), además de Gianny Betancourt Leiva (de 22 años) y Seify Carmona Méndez (de 48).
La "imprecisión" y la "saña" han marcado las declaraciones de la Policía, expone el familiar. "Hay un agente que trabaja en el reparto Covadonga, que es el único que dijo, y sólo en la más reciente declaración, que había estado presente en la protesta. Sin embargo, en las tres entrevistas anteriores con la Fiscalía, el mismo individuo afirmó que habían actuado después de recibir las informaciones que les dieron sus 'agentes de confianza' en el barrio". Advertidos por los abogados, los jueces han tenido en cuenta esa incongruencia.
No fue el único caso. "Hubo testigos que quisieron cambiar la declaración inicial que habían ofrecido a la Fiscalía", añade. "Eran personas que en ese momento quisieron apoyar a la Policía, cuando había que testificar solo delante de los fiscales. Pero ahora hay que hacerlo frente a un tribunal donde están presentes los acusados, sus familiares, los jueces y la defensa. Varios hablaron de más o mintieron".
La Fiscalía sigue pidiendo 10 años de privación de libertad para los acusados en la mayoría de los casos. En otros pide 12 o 13 años –la pena máxima por sedición–, o un año por desacato. A quienes rompieron un cartel propagandístico con el lema "Victoria de Girón", se les pide una sentencia adicional de 10 años. A uno de ellos se le atribuye la rotura del cristal de una tienda y el robo de una botella de ron. Los cortes en sus piernas se han considerado la prueba del delito.
"Han podido demostrar que estas personas salieron a protestar para exigir que se les pusiera la corriente, no contra la Revolución ni contra el presidente"
"Los abogados han defendido a todos con pruebas y argumentos contundentes", prosigue el familiar. "Han podido demostrar que estas personas salieron a protestar para exigir que se les pusiera la corriente, no contra la Revolución ni contra el presidente. Es decir, que no se les puede imputar el delito de sedición si ellos únicamente gritaron, a viva voz, que les pusieran la luz".
A juzgar por el estado del proceso, los familiares tienen la esperanza de que las sanciones sean mínimas. Este jueves, realizarán la defensa los abogados de González Castro, Martínez Cañete y Escobar, que quedaron pendientes.
El expediente de acusación de los nueve manifestantes, al que tuvo acceso este diario, da cuenta –con el mismo enfoque culpabilizador de las declaraciones policiales– de que los detenidos "decidieron agenciarse de calderos, latas y otros instrumentos idóneos para escandalizar e iniciaron una protesta, donde al compás de los toques de estos metales incitaban a los convivientes de la barriada a sumarse a la manifestación, vociferando a su vez frases de exigencias como 'que pongan la corriente P...' [pinga], perturbando de esta manera la tranquilidad ciudadana".
Las protestas en el reparto Covadonga formaron parte de las que se produjeron, por toda la Isla, en el momento más crítico de la debacle energética, en julio y agosto de 2022, exactamente un año después de las manifestaciones del 11J que se extendieron a todo el país y por las que fueron ya juzgadas o están a la espera de un juicio más de 900 personas.
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