Tras 9 años, las familias de Payá y Cepero esperan la condena de la CIDH a Cuba

Miami/(EFE).- Rosa María Payá, hija del opositor cubano Oswaldo Payá, solo dirá "misión cumplida" cuando se haga justicia por la muerte de su padre, pero se siente contenta porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está cerca de pronunciarse sobre si fue víctima de un "asesinato de Estado".

En una entrevista con Efe en vísperas de la primera audiencia del "caso 9.416" ante la CIDH, Payá destacó que un reconocimiento –y condena– por parte del organismo de la responsabilidad del Estado cubano en el aparente accidente en el que perdieron la vida su padre y Harold Cepero en 2012 sería "muy importante" para las familias.

Pero también para las personas que están siendo víctimas de la represión en Cuba, que, aunque no cesa desde hace más de 60 años, ha alcanzado niveles "estratosféricos" a raíz de las protestas que estallaron el 11 de julio, subraya.

En la audiencia, que se celebrará el martes 14 de diciembre de manera virtual, testificarán Ofelia Acevedo, viuda del fundador del Movimiento Cristiano Liberación e ideólogo del Proyecto Varela, Rosa María Payá, hija de ambos, Amílcar Cepero, padre de Harold, y el político español Ángel Carromero, entre otros.

La familia de Payá denunció desde el primer momento que fue un atentado en el que intervino otro vehículo, y en 2013, junto a la de Cepero, planteó la denuncia ante la CIDH

El 22 de julio de 2012 Carromero manejaba a gran velocidad un automóvil, con Payá, Cepero y un político sueco, Jens Aron Modig, como pasajeros, que se salió de la carretera por donde circulaba en Cuba y chocó contra un árbol, según la versión oficial de los hechos, con la que discrepan las familias de los fallecidos y uno de los sobrevivientes.

Modig hizo un "pacto de silencio" y alega no acordarse de nada, según Rosa María Payá. El español, del conservador Partido Popular, fue acusado de conducción temeraria con resultado de muerte y condenado a 4 años de prisión en Cuba, aunque la mayor parte de su pena la cumplió en España merced a un acuerdo entre Gobiernos.

La familia de Payá denunció desde el primer momento que fue un atentado en el que intervino otro vehículo, y en 2013, junto a la de Cepero, planteó la denuncia ante la CIDH, que ha tardado nueve años en convocar la primera audiencia pública, pero tiene desde hace tiempo toda la información del caso.

Según Payá, no va a tardar en pronunciarse y la audiencia de mañana será la ocasión para la presentación de los alegatos finales de las partes, o mejor dicho de una de las partes, pues Cuba, que está sujeta a la CIDH pese a estar suspendida de la Organización de Estados Americanos (OEA) desde hace décadas, no se ha personado.

"Lamentablemente", agregó, si la CIDH acoge los planteamientos de los denunciantes, como ella espera, el caso no pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humamos, pues no tiene jurisdicción sobre Cuba, ya que ese país no es firmante del acuerdo constitutivo.

"Lamentablemente", agregó, si la CIDH acoge los planteamientos de los denunciantes, como ella espera, el caso no pasará a la Corte Interamericana de Derechos Humamos, pues no tiene jurisdicción sobre Cuba

Sin embargo, los denunciantes volverán a insistir ante la ONU y al Consejo de Representantes Permanentes de la OEA con el fallo en la mano con vistas a "detener la impunidad del régimen", dijo Payá, que forma parte de la directiva de Cuba Decide.

La opositora cubana, que asegura que las pruebas presentadas son "claras" y concluyentes" sobre la comisión de un "atentado" perpetrado por agentes de la seguridad del Estado cubano por órdenes que "solo podían provenir de Fidel o Raúl Castro", recordó el resultado de un informe independiente publicado en 2015.

Elaborado por abogados de la organización Human Rights Foundation (HRF), el informe sostiene que las pruebas del caso "sugieren" una "responsabilidad directa" del Gobierno de Cuba en la muerte de Payá y de Cepero, ya fuera con una expresa intención de asesinarlos o con una "aviesa indiferencia" por sus vidas.

El documento recopila testimonios y hace referencia a evidencias físicas que fueron reveladas "en los meses posteriores al hecho y que no fueron consideradas en absoluto por el tribunal que condenó a Carromero".

Lo ocurrido el 22 de julio de 2012 "no fue un accidente", sino "el resultado de un hecho automovilístico provocado deliberadamente por agentes del Estado", sostiene el documento de HRF.

"Hay un indicio sólido de que el automóvil fue embestido por otro. No sabemos si murieron cuando el vehículo fue embestido o si les sacaron después y los golpearon hasta la muerte, que también es posible", dijo Javier El-Hage, director jurídico internacional de HRF, cuando se presentó el resultado de la investigación.

Las familias de los dos fallecidos están representadas ante la CIDH por abogados del Centro Robert Kennedy por los Derechos Humanos, y el Estado cubano no se ha hecho presente a pesar de haber sido reiteradamente notificado por el organismo del sistema interamericano, agregó Payá.

La opositora hizo "un llamado de atención en mayúsculas" a todas las democracias del mundo para que actúen ante un régimen que reprime a su pueblo –"más de 600 presos políticos en la actualidad"– y es capaz de "asesinar" a quienes se le oponen.

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