Se felicita la fiscal general de Cuba de que "se está cumpliendo la política de severidad"
Las autoridades creen que la Constitución, aprobada en 2019, es muy "garantista"
La Habana/“Se está cumpliendo la política de severidad”, celebró este lunes, durante una reunión de altos cargos del Ministerio Público y el del Interior, la fiscal general, Yamila Peña. Su valoración llegó tras ofrecer un dato: el 91% de las condenas de prisión que los fiscales cubanos han solicitado este año han sido ratificadas por los jueces.
Los miembros de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento –abogados, jueces y policías–, reunida esta semana, comentaron una observación del presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, sobre la Constitución de 2019: “Nos hemos dado leyes extremadamente garantistas, que son un desafío para los involucrados en el manejo procesal”.
La situación jurídica se agrava si se considera que Cuba solo cuenta con el 69% de los jueces y el 74% de los fiscales que necesita para operar con la “severidad” –palabra que repitieron todos los miembros de la Comisión– requerida. La Fiscalía está en plena fase de “preparación y reorganización de la fuerza”, lamentó Peña, en el peor de los momentos: el país está en crisis y el crimen ha proliferado.
Los fiscales han pedido poner más atención en la investigación y la instrucción policial. Los oficiales, se explicó en la reunión, redactaron en el primer semestre de este año más de 29.000 atestados –documentos en los que se hace constar una investigación policial– y revisaron 39.000 expedientes en fase preparatoria.
El 57% de los imputados cuyo nombre aparecía en los atestados acabó en la cárcel
El 57% de los imputados cuyo nombre aparecía en los atestados acabó en la cárcel, una sentencia que también se aplicó al 84% de los acusados que figuraban en los expedientes en fase preparatoria, según Peña. Para el siguiente semestre, la prioridad de la Fiscalía es mejorar su conexión con el Ministerio del Interior en el sentido literal: aspiran a la “interoperatividad tecnológica de datos”.
La idea, según el presidente de la comisión, José Luis Toledo, es que “no demore la respuesta penal” y que se priorice el “enfrentamiento”. Ferro coincidió con esta apreciación y pidió respetar la “calidad de los procesos”, que para el presidente del Tribunal Supremo significa que la Policía “sea consecuente” con la investigación, pero que la Fiscalía mantenga su protagonismo “controlando”.
La comisión exigió cambios en la Ley del Proceso Penal de 2021 y acordó preparar un borrador de sugerencias que será entregado en octubre. Los fiscales y otros funcionarios de provincia también presentaron las dificultades “de la base”, en particular el poco personal, su falta de preparación –se trata de jóvenes recién graduados– y el hecho de que, también en un sector tan rígido como el judicial, tienden a marcharse del país o hacia otros trabajos.
La diputada Yensei González, de Granma, advirtió de que hay más “hechos de violencia y delitos contra el patrimonio”, y que los expedientes de la fiscalía muchas veces se cierran con excesivo retraso y no pocos incumplimientos del protocolo. Edelso Pérez, de Ciego de Ávila, se quejó del “éxodo hacia el exterior”, y pidió a sus interlocutores y al Ministerio del Interior “enfocar la cuestión como una prioridad de Estado”. “Se requiere de capital humano, tecnología, más recursos”, pidió.
Ledys María Labrador, diputada por Las Tunas, llamó la atención sobre el aumento de delitos relacionados con la tecnología
Ledys María Labrador, diputada por Las Tunas, llamó la atención sobre el aumento de delitos relacionados con la tecnología. Los imputados, informó, son en su mayoría “jóvenes que no son profesionales” pero que tienen “conocimientos profundos” en el campo de la informática, contra los cuales –advirtió– no tienen las herramientas suficientes para actuar. Se trata, sobre todo, de “estafas digitales”, contra las cuales no tienen mucha preparación los cubanos.
La primera coronel Moraima Bravet habló en nombre del Ministerio del Interior al respecto de los delitos digitales y aseguró que los delincuentes se vuelven cada vez más “sofisticados” en sus métodos de actuación, por lo que detectarlos se ha vuelto más complejo. “No estamos atrás”, aclaró. Su medida: el programa televisivo Tras la Huella, financiado por la Policía, “está mostrando casos de distinta índole” para indicar a los cubanos cómo protegerse de las estafas digitales.
Bravet fue optimista sobre el Ministerio del Interior, que, a juzgar por sus valoraciones, no sufre la falta de personal que la Fiscalía. Los suyos trabajan para asegurar la “retención” de jóvenes reclutas, y “hay muchos” –subrayó– trabajando en las filas de la Policía. También para ellos, explicó, está dada la orden de “severidad”.
