Un ex fiscal cubano, en proceso de asilo en Suiza, asegura que el Partido impone las sentencias del 11J
"Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial"
La Habana/Raucel Ocaña Parada, ex fiscal de Palma Soriano, en Santiago de Cuba, abandonó la Isla y ha pedido asilo político en Suiza, según informa el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH). El jurista ha denunciado en una entrevista que las sentencias contra los manifestantes del 11J son elaboradas por el Partido Comunista de Cuba (PCC) antes del inicio de cada proceso.
"Ya prácticamente cuando se emite una sentencia referente a estos temas de personas que se manifiestan contra el Gobierno, ya el fallo viene prejuzgado antes de que se haga el juicio. Ya el fiscal sabe lo que tiene que decir, el juez también sabe lo que tiene que hacer. Los órganos que están detrás dirigen el proceso judicial", cuenta en un vídeo difundido por el OCDH, con sede en Madrid.
Ocaña Parada no ha estado a cargo de ningún caso vinculado con las protestas en su localidad, ya que esa ha sido la tarea de la jefa de la Fiscalía municipal de Palma Soriano
Ocaña Parada no ha estado a cargo de ningún caso vinculado con las protestas en su localidad, ya que esa ha sido la tarea de la jefa de la Fiscalía municipal de Palma Soriano, segunda ciudad en unirse a las protestas tras el estallido en San Antonio de los Baños.
El ex fiscal, sin embargo, sí estaba en la ciudad y ha relatado lo que pudo observar en aquel momento. "Varias personas se presentaron frente al Gobierno y al partido y allí manifestaron diferentes cuestiones. Debido a eso, la policía accionó y, de una forma u otra, agredió a la población. Esto ocasionó que las personas se defendieran, una defensa legítima en un estado de necesidad. Nadie está de acuerdo en recibir golpes por solamente manifestar sus derechos", cuenta.
Los fiscales, según su testimonio, no tienen autonomía ninguna y están subordinados a sus jefes. "Generalmente, la Jefatura coacciona y no apoya la propuesta del fiscal. Te dice que se deben tener en cuenta algunas cuestiones políticas del país, que no se debe ser tan benevolente y hay que asumir una posición de escarmiento, totalmente represiva".
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