Dos fiscales cubanos contradicen al presidente del Tribunal Supremo sobre el 15N

La Habana/Los límites de la ley están hoy en el centro del debate que mantienen las autoridades y el colectivo Archipiélago, promotor de la Marcha Cívica por el Cambio del próximo 15 de noviembre. Mientras los convocantes de la protesta argumentan cumplir punto por punto la legislación cubana, el Gobierno publica este miércoles un artículo en el diario oficial Granma titulado Contra la ley y el orden: el guion fallido del 15 de noviembre, en el que desgrana por qué considera ilegal la cita.

Archipiélago hizo pública una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, a quien reprochó que en la práctica no se cumplan las palabras que pronunció el pasado julio, cuando declaró: "Las opiniones políticas diversas, incluso las de sentido político diferente al imperante en el país no constituyen delito, pensar diferente, cuestionar lo que se está haciendo, eso en sí mismo no constituye delito. Es más, manifestarse lejos de constituir un delito constituye un derecho constitucional de las personas".

El colectivo considera que su opinión no es la de cualquier ciudadano, sino la del máximo responsable del cumplimiento de la ley en Cuba y, por tanto, sus palabras son vinculantes o deberían serlo, puesto que a quienes han solicitado permiso para marchar el 15 de noviembre –o, incluso, apenas han simpatizado con la causa– se les está perjudicando de distintas y muy graves formas.

Archipiélago también recuerda que la Fiscalía llamó a personas vinculadas con el 15N para advertirles de que se exponían a un proceso penal en caso de seguir adelante

Entre ellas, aluden al acoso, citaciones e interrogatorios y amenazas de la Seguridad del Estado tanto a los propios promotores como a sus familiares, algunos de los firmantes, recuerdan, han perdido su empleo, como es el caso del doctor holguinero Manuel Guerra, al que han expulsado de su centro de trabajo para enviarlo a otra provincia.

Archipiélago también recuerda que la Fiscalía llamó a personas vinculadas con el 15N para advertirles de que se exponían a un proceso penal en caso de seguir adelante, por lo que, en vez de velar por los intereses de los ciudadanos como Ministerio Público que son, les presionan para que no ejerzan sus derechos. Además, sus teléfonos móviles sufren continuos cortes de red pero las autoridades rechazan tener relación alguna, y tampoco Etecsa se hace responsable de esta limitación en las comunicaciones.

La carta también reprocha al presidente del Supremo que se esté no solo negando el derecho a marchar sino añadiendo que es ilícito por carecer de legitimidad en sus objetivos. "Lo cual equivale a declarar que manifestarse es ilícito si contraviene a los intereses del Gobierno. ¿En qué parte del artículo 56 dice semejante cosa?", preguntan.

Archipiélago reitera que las marchas han sido comunicadas conforme establece la ley y que respetarán la normativa sanitaria y de respeto al orden público, por lo que no hay fundamento para rechazarlas y, más bien al contrario, es violar la Constitución negar ese derecho.

"La Constitución de la República establece en su artículo 1 que Cuba es un Estado socialista de Derecho y justicia social, y ello supone que los derechos de los ciudadanos sean respetados y protegidos. Si las autoridades y órganos del Estado no protegen debidamente los derechos, con apego a la igualdad, la justicia, y la legalidad, entonces no solo se está poniendo los intereses estatales por encima de los intereses públicos y ciudadanos, sino que se está actuando al margen del mandato constitucional", afirman, para exigir finalmente una respuesta de Ferro.

Pero las autoridades están muy lejos de dar su brazo a torcer tampoco en el aspecto legal. El diario del Partido Comunista ha entrevistado a dos juristas que fundamentan la presunta ilegalidad de la Marcha: Ana Hernández Mur, fiscal jefe de la Dirección de Información y Análisis de la Fiscalía General de la República (FGR), y Dimas Alfredo Herrera Gandol, fiscal de la Secretaría del mismo organismo.

Los expertos argumentan que los derechos de reunión, manifestación y asociación tienen unos límites que quedan establecidos en las leyes que los desarrollan y que serán más claros cuando se elabore el decreto-ley para regularlos

Los expertos argumentan que, como todo lo que establece cualquier Constitución, los derechos de reunión, manifestación y asociación tienen unos límites que quedan establecidos en las leyes que los desarrollan y que serán más claros aún cuando se elabore el decreto-ley para regularlos pero que, en definitiva, están supeditados al artículo 45. Este apartado establece que los ciudadanos tienen derecho a "la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y las leyes".

Hernández sostiene que los mismos promotores de la Marcha Cívica por el Cambio declaran que su objetivo es ese, provocar un cambio político en la Isla, algo que la convierte en inconstitucional, dado que, señala, "Cuba es un Estado socialista de derecho y justicia social, democrático, independiente y soberano", según el artículo 1, y el 4 "consagra el carácter irrevocable del sistema socialista y el derecho de los cubanos a combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada, a cualquiera que intente derribar el orden político, social y económico establecido, detalló.

Según la jurista, los cubanos tuvieron oportunidad de debatir durante meses en centros de trabajo, comunidades y otros lugares de reunión sobre el texto constitucional. "Hubo más de 1.700.000 intervenciones, de las que se derivaron alrededor de 783.000 propuestas, y como resultado del aporte popular, casi el 60% del anteproyecto fue modificado", repasa. Posteriormente, la Carta Magna fue refrendada por el 86,85% de quienes votaron, un 90% del censo. A su juicio, esto valida el sistema y no cabe, no ya modificarlo, sino siquiera protestar contra él.

Herrera Gandolf se centró más en la desacreditación de los convocantes, a quienes volvió a acusar de nexos con EE UU por el mero hecho de haber sido apoyados por distintas Administraciones del país. "La oposición es el conjunto de organizaciones o personas que disienten y critican los actos de la fuerza política dominante, pero que no pretenden la destrucción del Estado, sino su reforma, sin que en ningún caso se vincule a la actuación de personas sufragadas por una potencia extranjera, de acuerdo con los intereses de la misma y en contra de los nacionales", dijo el funcionario.

El secretario añadió que en Archipiélago "usan a la Constitución como escudo de sus actos, interpretando a conveniencia lo que refrenda el texto. Exigen, continuó, garantías con ignorancia de los deberes que como ciudadanos deben cumplir, colocando los derechos individuales por encima de los colectivos y cometiendo, además, hechos que son violatorios de la propia Carta Magna y constitutivos de graves delitos". La advertencia de aplicar el Código Penal, de nuevo sobre la mesa.

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