Fiscales y jueces cubanos, dispuestos a "cambiar la toga por el fusil para defender la justicia revolucionaria"

Madrid/Los jueces cubanos afirman sentirse amenazados por su trabajo en los casos contra los manifestantes del 11J y aseguran que están dispuestos a "cambiar la toga y el estrado, si fuera necesario, por el fusil y la trinchera". La Unión de Juristas de Cuba (UNJC) celebró una asamblea este domingo en La Habana en la que apoyó una declaración de su filial capitalina en la que dicen ser víctimas de "calumnias y campañas de descrédito, tras intervenir en los procesos judiciales derivados de los hechos de julio pasado".

El presidente de la Junta Directiva Provincial de la organización en La Habana, Osmín Álvarez Bencomo, sostuvo que se está descalificando el trabajo realizado por abogados y fiscales que "actuaron apegados al debido proceso" al ocuparse de estos casos "extremadamente graves" por tratarse del "levantamiento colectivo y violento de un grupo de personas contra autoridades y el orden público con el fin de derrocarlo".

Según la declaración de los juristas habaneros, a partir de la divulgación de las sentencias, hay quienes intentan desacreditar la actuación de los jueces y fiscales, mayoritariamente jóvenes

Según la declaración de los juristas habaneros, a partir de la divulgación de las sentencias, hay quienes intentan desacreditar la actuación de los jueces y fiscales, mayoritariamente jóvenes. "Rechazamos categóricamente y enfrentaremos cualquier intento de manipulación mediática, y advertimos que, contra todo aquel que intente subvertir la justicia que en nombre del pueblo de Cuba se imparte, mediante amenazas, el descrédito o simplemente facilitando la información, recaerá todo el peso de la ley", señala el texto.

El pasado viernes, el presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, Rubén Remigio Ferro, advirtió de que algunas personas estaban divulgando imágenes y nombres completos de los jueces y fiscales que habían intervenido en los casos y para ello compartió en un tuit capturas de pantalla de esos señalamientos. "¿Cuál es la catadura moral de quienes, desde el anonimato o la distancia, osan amenazar a los jueces cubanos? ¿Qué pretenden? Quienes así actúan, ¿son acaso personas decentes y de bien?¿Quieren sembrar miedo? ¡Se equivocan!", escribió.

Algunos activistas que están compartiendo las imágenes de los funcionarios alegaron no esconderse bajo ningún anonimato. "Aquí no nos escondemos para exigir justicia. Acusamos públicamente a esos jueces y fiscales del delito de prevaricación porque las sentencias venían 'de arriba' y los juicios fueron una farsa. Pedimos sanciones", respondió la activista Salomé García Bacallao.

La declaración hecha pública ayer redunda en estos hechos y ofrece apoyo a los colegas. "A nuestros fiscales y jueces, les decimos, que ante tales amenazas la Unión Nacional de Juristas de La Habana los acompañará permanentemente en este histórico enfrentamiento que desde el Derecho ustedes llevan a cabo en la primera línea en defensa de la patria. ¡Viva nuestro invencible y eterno Jurista Mayor, Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz!", dice el texto.

Luis Antonio Torres Iríbar, primer secretario del Partido en La Habana, afirmó que se ha desatado una campaña contra estos trabajadores cuyo objetivo no son ellos en realidad, sino "destruir el sistema judicial de la Revolución".

"No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución", reivindicó el funcionario.

"No habrá odios, solo habrá justicia. Apoyamos y respaldamos la declaración de los juristas cubanos. La justicia revolucionaria es garante de la Revolución"

También estaba presente Ludmila Collazo Rodríguez, vicepresidenta del Tribunal Provincial Popular de La Habana, que además de lamentar esta presunta campaña contra los jueces reivindicó el apego a la ley con que han trabajado los juristas, así como "el principio de participación popular que rige la imparticipación de justicia bajo los principios de imparcialidad, la transparencia y el carácter eminentemente humanista".

También recordó que los abogados defensores habían elogiado el cumplimiento del debido proceso y que las sentencias aún no son firmes y se pueden recurrir. "Ser fiscal es un orgullo y una tarea bien difícil, porque hay que llevar a la par la responsabilidad, la justicia y la sensibilidad humana", declaró una fiscal al oficialista Cubadebate, que añadió: "No son justos los cuestionamientos que se nos hacen. Nosotros hacemos nuestro trabajo apegados a la justicia en nombre del pueblo al que pertenecemos".

El Tribunal Provincial de La Habana hizo públicas, la pasada semana, seis sentencias que afectaban a los manifestantes del 11 de julio en la esquina de Toyo y La Güinera. En ellas se condenó a 128 personas a 1.916 años de prisión en total, tras atribuir a la mayoría delitos de sedición, uno de los más graves del Código Penal cubano. Además, los jueces habaneros se mostraron particularmente duros, particularmente en dos de los seis expedientes abundan los casos de incremento de las penas con respecto a la petición Fiscal, algo muy poco común.

En repuesta a la "crueldad" de los tribunales, decenas de personas, familiares de presos del 11J han anunciado este lunes la creación de la Asociación Madres y Familiares Por la Amnistía (AMFA) amparados en el derecho a la libre asociación reconocido en la Constitución de 2019. "Nada más legal y legítimo que la defensa en común de quienes concebimos, amamos y educamos", dice el comunicado.

La asociación anuncia que sus objetivos son la liberación de todos los presos del 11J, a los que consideran políticos, con especial énfasis en los menores de edad. Además, buscan promover una amnistía para sus familiares, promover actividades pacíficas que sensibilicen a la población sobre la situación y buscar el apoyo de organizaciones internacionales para que se solidaricen con su causa. También anuncian su intención de participar en talleres o actividades sobre asuntos legales y constitucionales y promover la ayuda entre las familias afectadas.

"No nos constituimos como una organización política, sino como una asociación cívica respetuosa de la ley. A pesar de la dureza y crueldad contra nuestros hijos, hijas y familiares, albergamos la esperanza de que el Gobierno recapacite"

"No nos constituimos como una organización política, sino como una asociación cívica respetuosa de la ley. A pesar de la dureza y crueldad contra nuestros hijos, hijas y familiares, albergamos la esperanza de que el Gobierno recapacite y regrese al respeto de una Constitución concebida y aprobada bajo su autoridad", indican.

En anuncio llega pocos días después de conocerse que Yudinela Castro Pérez, madre de Rowland Jesús Castillo Castro, preso manifestante del 11 de julio, estaba ingresada en un hospital habanero tras un intento de suicidio. Castro, que está fuera de peligro, ha destacado entre las madres más activas y en lucha por la causa de su hijo, a lo que las autoridades han respondido con detenciones y represión.

Las detenciones vinculadas a las protestas por las detenciones y condenas de los manifestantes del 11 de julio se extienden a cualquier ciudadano. Berta Soler y Ángel Moya fueron arrestados este domingo, y ya es el noveno consecutivo, desde que en enero anunciaron que retomaban sus salidas (suspendidas durante la pandemia) para reclamar la libertad de los presos políticos, ahora centradas en los detenidos por el 11J.

El propio Moya detalló que la detención se produjo a las 10:50 am y fue liberado a las 11:35 pm con dos multas, de 10 y 30 pesos, una por ir indocumentado y otra por daño, ya que escribió en una pared de la celda "patria y vida".

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