La Fiscalía cubana amenaza con "respuesta penal" ante las actuales protestas
Se acusa a los manifestantes de incendiar instalaciones, ejecutar actos vandálicos, cerrar las vías públicas y agredir a las autoridades
La Habana/La Fiscalía General de la República de Cuba lanzó este viernes una dura advertencia contra quienes participaron en las recientes protestas por los largos apagones tras el paso del huracán Ian. A través de una nota informativa aseguró estar investigando los hechos que "perturbaron el orden público y la tranquilidad ciudadana".
Como ya ocurrió con el 11J, la Fiscalía atribuye a los manifestantes el "incendio de instalaciones, la ejecución de actos vandálicos, el cierre de vías públicas con la finalidad de impedir la circulación de vehículos y personas, las agresiones y ofensas a funcionarios y fuerzas del orden, y la incitación a la violencia".
La amenaza se hace más enfática al dirigirse a los padres que "utilizaron" a sus hijos menores de edad, a quienes la institución imputa haber descuidado "sus deberes de protección, asistencia, educación y cuidado hacia ellos".
La Fiscalía afirma que "recibirán la respuesta jurídico-penal que corresponda".
El comunicado no ofrece el dato de cuántos cubanos han sido acusados o encarcelados durante las protestas. El pasado 7 de octubre la organización Justicia 11J publicó una actualización sobre los detenidos, a partir de las declaraciones de sus familiares y otras informaciones.
De acuerdo con la ONG, serán procesados por los delitos de desórdenes públicos, desacato y resistencia, aunque tampoco puede aportar con exactitud el número de personas encarceladas, que ronda la treintena según varias organizaciones.
Justicia 11J ofreció enviar a las familias cualquier material audiovisual o documento que pudiera ser útil en el juicio y reclamó "la cooperación de la sociedad civil y la prensa independiente"
Justicia 11J ofreció enviar a las familias cualquier material audiovisual o documento que pudiera ser útil en el juicio y reclamó "la cooperación de la sociedad civil, la prensa independiente y la prensa extranjera acreditada para visibilizar esta injusticia".
Este miércoles, un vecino de Bejucal, en la provincia de Mayabeque, relató a 14ymedio que durante las protestas que se produjeron en ese municipio la noche del lunes no hubo represión policial. Sin embargo, al día siguiente los padres de familia fueron citados en las escuelas para una reunión con los fiscales municipales.
Allí fueron advertidos de que "la ley" los amparaba para hacerles cumplir de dos a siete años de prisión si permitían a sus hijos menores de edad participar en las protestas. Además, los que tuvieran más de 16 años serían condenados a prisión domiciliaria.
El nuevo Código Penal estipula, en su artículo 407, que comete un delito "quien induzca a una persona menor de dieciocho años a abandonar su hogar, faltar a la escuela, rechazar el trabajo educativo inherente al sistema nacional de educación o a incumplir sus deberes relacionados con el respeto y amor a la Patria".
La sanción prevista, no obstante, es "privación de libertad de seis meses o un año o multa de cien a trescientas cuotas, o ambas", no de dos a siete años de prisión, como amenazan los fiscales de Bejucal.
El paso del huracán Ian agravó la crisis energética que atravesaba la Isla e hizo estallar una nueva ola de protestas contra los apagones y el desabastecimiento.
Algunos barrios de La Habana estuvieron hasta seis días consecutivos sin corriente tras el huracán. Los apagones alcanzan las doce horas en algunos puntos del país. El medio independiente Proyecto Inventario ha registrado alrededor de un centenar en los últimos quince días a partir de testimonios y vídeos difundidos en redes sociales.
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