La Fiscalía no da abasto para enfrentar el aumento de la delincuencia en Cuba

La Habana/La Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos del Parlamento cubano se reunió este martes para analizar las "ilegalidades" en el país durante el primer semestre de 2023. La situación nacional, que terminaron describiendo como "de gran complejidad", no trae buenas noticias para la ciudadanía: los índices de delincuencia siguen en aumento y la Fiscalía no da abasto.

Entre los casos que requieren mayor atención por parte del cuerpo judicial cubano, y que fueron enumerados por el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, se encuentran el tráfico de drogas, el robo y sacrificio de ganado mayor, la evasión de impuestos, la corrupción administrativa, el robo de bienes estatales y la violencia familiar y de género. En este último caso, aunque mencionaron el tema de soslayo, cabe destacar la ausencia de respuesta por parte del Gobierno a las crecientes cifras de feminicidios de la que poco se habla en los canales oficiales y que ya alcanzan las 53 mujeres asesinadas en lo que va de año, según organizaciones independientes.

En cuanto a las estadísticas, aunque no se estableció un índice de criminalidad para el primer semestre del año, sí se confirmó que 1.273 personas fueron juzgadas por sacrificio ilegal de ganado, 360 por delitos asociados a las drogas, 249 por malversación, 4.666 por delitos contra el patrimonio, 52 por actividad económica ilícita, y 154 por especulación y acaparamiento. Sobre la violencia familiar y la violencia machista no se especificaron números.

"Se cumple, en sentido general, la política de sanciones. Al 69,4% de los sancionados se les impusieron penas que implican internamiento; al 21,5%, sanciones alternativas, y al 9,1%, multas", concluyó Ferro.

De los 2.112 fiscales que deberían estar activos en este momento, solo 1.673 (el 79%) se encuentran en funciones

También se mencionó en el encuentro, aunque con mucho recelo, la incapacidad de la Fiscalía para tramitar el aluvión de actividades delictivas. Según cifras ofrecidas por Yamila Peña Ojeda, fiscal general de la República, de los 2.112 fiscales que deberían estar activos en este momento, solo 1.673 (el 79%) se encuentran en funciones. De ellos, apenas el 35% está involucrado en procesos penales. La fiscal advirtió de que se estaba trabajando en la redistribución de la plantilla y la preparación de nuevos profesionales para cubrir con mayor efectividad los casos.

Para resolver la situación, la Fiscalía promete mano dura. "Cuando suben las manifestaciones de ilegalidad, la política judicial debe elevar la severidad y el rigor", comentó por su parte Ferro.

Peña Ojeda declaró, además, que se estaban haciendo "precisiones dentro del marco debido" a la política penal y penitenciaria con asistencia del Ministerio del Interior para atender estos delitos priorizados. La instrucción 273 de 2022 es una "política de rigor ante las conductas más nocivas que afectan a la sociedad y a la población", añadió el presidente del Tribunal más tarde, mientras aseguraba su aplicación no solo en el ámbito penal, sino también en el laboral y mercantil.

"En esta política de rigor individualizamos, porque no es a rajatabla para todos. No es una política ciega. Hay que analizar caso por caso, quiénes son esas personas, cuáles son sus circunstancias", resaltó Ferro.

En el debate estuvo también presente Betsy Díaz Velázquez, ministra de Comercio Interior, quien dio cuenta de algunas medidas tomadas para evitar la delincuencia asociada al comercio. Las operaciones contra los coleros, las regulaciones para la venta de productos tanto en pesos como en MLC y la ampliación de los canales electrónicos de pago fueron algunas de las medidas aprobadas.

"Al cierre del mes de mayo se reporta la ocurrencia de 361 hechos delictivos asociados a robos con fuerza en bodegas", indicó la ministra

"Al cierre del mes de mayo se reporta la ocurrencia de 361 hechos delictivos asociados a robos con fuerza en bodegas", indicó la ministra mientras señalaba al arroz, los frijoles, la leche en polvo, el café, el aceite vegetal, el azúcar, el jabón y los cigarros como los productos más afectados. El fraccionamiento en la entrega de estos productos y su alta demanda han provocado que su precio en el mercado informal aumente significativamente. La ministra ejemplificó con el arroz, que ha llegado a alcanzar hasta los 200 pesos la libra.

La diputada camagüeyana Lurdelis Cárdenas Jiménez alertó de fallas en el control de la corrupción interna que permiten que estos hechos delictivos se lleven a cabo, en muchas ocasiones, con la ayuda de los propios trabajadores. Cuando estos son descubiertos generalmente se sancionan trasladándolos a otro puesto, lo que crea inconformidad en la población y la percepción de que solo se está "moviendo el problema de lugar".

En relación con las tarjetas de racionamiento, Díaz Velázquez señaló que "se ha logrado disminuir en 30.709 las tarjetas temporales otorgadas" en La Habana gracias a la identificación de hogares con doble consumo o con tarjetas repetidas.

En cuanto a las operaciones portuarias, la ministra indicó, sin dar detalles sobre el tipo de delitos, que hasta mayo se habían llevado a cabo 985 "hechos extraordinarios", 245 menos que en el mismo período de 2022. Sin embargo, estimó que, aunque la disminución era positiva, estaba dada principalmente por la caída en el número de barcos que llegan a los puertos.

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