La Fiscalía de Las Tunas alerta sobre el aumento de las agresiones sexuales a niños, 27 en lo que va de año

La Habana/La Fiscalía Provincial de Las Tunas reveló este viernes que, en lo que va de año, ha tramitado 11 casos de abusos sexuales y 27 de agresiones contra menores de edad. Las cifras, aisladas, causan estupor, pero son todavía más graves si se las compara con las de hace un año, cuando hubo dos abusos menos, pero las agresiones –que implican la penetración de la víctima– eran 18, nueve menos que este 2024.

Entrevistada por Periódico 26, Lisbet Pavón Marchán, fiscal jefa del Departamento de Procesos Penales, señala como los territorios con mayor incidencia a los municipios de Jobabo, Las Tunas y Puerto Padre, con énfasis en las “zonas rurales”, donde es más común que ocurran estos casos. 

No es la primera vez que Pavón se presenta ante la prensa y declara cifras que al régimen nada gustan y que prefiere mantener a resguardo. Hace exactamente un año, en noviembre de 2023, la jurista dijo al mismo medio que al cierre de ese mes la fiscalía había abierto más de 200 procesos legales por “amenazas, lesiones, agresiones sexuales y asesinatos” de mujeres y niñas en la provincia. Antes de su crítica a la “invisibilización del tema” por parte de las autoridades, solo Girón, el medio de Matanzas, había aludido a casos de este tipo, cuando dio a conocer el número oficial de feminicidios en la provincia.

Tanto Periódico26 como Pavón advierten ahora sobre la violencia sexual contra los menores, y reconocen que “la realidad siempre supera con creces las estadísticas y perdura en el silencio la vergüenza, la negativa a denunciar”. El medio recoge testimonios desgarradores de mujeres que nunca llegaron a denunciar las agresiones y abusos sufridos, muchas veces durante décadas. En la familia, asegura una de las entrevistadas que fue abusada por el esposo de una pariente, “sellamos un pacto de silencio que solo he roto ahora, después de que ambos fallecieron”.

“Hay muchísimos factores que median en la incidencia y el primero es que estos delitos, generalmente, los cometen individuos que son allegados a las víctimas. El abuso se sustenta en el exceso de confianza por parte de los padres con otras personas y está dado, incluso, con tocar a un niño por encima de la ropa”, explica la fiscal. 

También reconoce haber lidiado con casos difíciles de víctimas que solo denunciaron los sucesos una vez que el agresor ya no era una amenaza

También reconoce haber lidiado con casos difíciles de víctimas que solo denunciaron los sucesos una vez que el agresor ya no era una amenaza o de madres que aseguran que sus hijos mienten cuando hablan de abusos por parte de un adulto de la familia o cercano a esta. “Todos los procesos no se parecen, pero en la totalidad están dados por el exceso de confianza y la poca percepción del riesgo”, advierte.

“En los procesos que vemos se detecta porque frecuentemente hay un rechazo de los menores a esos conocidos, a quedarse solos con ellos. No lo cuentan en el momento por temor a ser reprimidos, castigados o a que no les crea”, resume Pavón, que hace también un perfil de los agresores: “La mayoría de las veces, tienen normal comportamiento social y pueden ser tan cercanos como tíos, primos, padrastros, abuelos, vecinos… Resulta muy difícil para las víctimas contar lo que sucede, casi nunca lo dicen a sus padres, sino a sus abuelos o primos”.

La jurista señala las edades más frecuentes de las víctimas entre los ocho y los doce años. Ese período es el “momento en el que, sobre todo las hembras, van mostrando el desarrollo de su cuerpo; aunque no hay límites para la ocurrencia de esta aberración”, añade el diario local.

Pavón también advierte sobre las relaciones sexuales entre menores de edad y los límites que existen para determinar si se ha cometido o no un delito. “Ha sucedido que una niña de 11 años tiene relaciones con un muchacho de 15 o 16 y esto toma un curso penal, porque se considera un delito mantener relaciones sexuales con un menor de 12 años. Alegan que fue con el consentimiento de la muchacha, que no hubo violación, pero el marco de la Ley deja muy claro que los menores no poseen la capacidad para tomar estas decisiones”, señala.

En este sentido, la fiscal llama a las familias a “controlar” el entorno de sus hijos y atender a los cambios drásticos de comportamiento y personalidad. “Estos hechos pueden evitarse y es importante hacerlo porque suelen dejar marcas psicológicas muy dolorosas”, asevera.

Del Risco asegura, además, que en las escuelas cubanas existe un “control” excepcional sobre los alumnos

Periódico 26 excava más en la idea y asegura que, tras el abuso o la agresión, suelen venir “el rechazo escolar, retraso en el aprendizaje, mal funcionamiento familiar, frustración, actitud defensiva ante la sociedad” e incluso comportamientos suicidas, especialmente en la adolescencia, un argumento que refuerza, entrevistado por el medio, Carlos del Risco Gamboa, jefe de Salud Mental en Las Tunas y asesor de Psicología en la Fiscalía Provincial.

“Cuando el abuso ocurre en esta fase de la vida, las víctimas pierden total comunicación con amigos, [con] la familia. En las relaciones de pareja, tienen una gran frustración y se les dificulta ese proceso de formación de una relación. Estos estados son puntos de partida de enfermedades que perjudican no solo la salud mental; aparecen afecciones dermatológicas, por ejemplo, debido a situaciones estresantes”, explica el profesional.

Del Risco asegura, además, que en las escuelas cubanas existe un “control” excepcional sobre los alumnos, donde predomina una proyección de prevención y se atiende al comportamiento de los niños y adolescentes. Por ello, alega, “los menores, generalmente, sufren estos lamentables episodios en el tránsito de la casa hacia otros lugares” o en la propia vivienda familiar, por lo que recae en los padres la mayor parte de la responsabilidad. “El mensaje es claro: lo que contribuye a proteger a nuestros menores, adolescentes y jóvenes es la prevención y la observación oportuna de la familia y las instituciones”.

En cuanto a la respuesta por parte de la Justicia, Periódico 26 interroga a Norge Nosley Sastre García, fiscal jefe del Departamento de Organización y Planificación. Según el funcionario, muchas de las lagunas que existían en la legislación cubana para tratar estos casos quedaron eliminadas con la entrada en vigor del nuevo Código Penal

“Ante la necesidad de cubrir la totalidad de ofensas graves, eliminar criterios discriminatorios por el tratamiento diferente de mujeres y hombres, así como la edad de las víctimas, el nuevo cuerpo legal crea el delito de agresión sexual. Concentró, en una única causa, los elementos que antes conformaban los delitos de violación, pederastia con violencia y algunos supuestos abusos lascivos. El término abuso sexual se designó para las conductas que se limitaran a los tocamientos”, resume Sastre.

Por este delito el agresor puede ser condenado a entre seis meses y dos años de cárcel

En concreto, por este delito el agresor puede ser condenado a entre seis meses y dos años de cárcel y/o multas de entre 200 y 500 cuotas. Como mucho, ciertas sanciones pueden extenderse hasta cinco años de prisión, pero no más, dice el jurista, que no ofrece los datos para los casos de agresión, mucho más graves. 

A todas luces, las sentencias parecen débiles sobre todo si se piensa en las secuelas psicológicas y físicas que pueden dejar estos casos en los niños y adolescentes, y Periódico 26 lo señala. “La infancia rota de un niño, el trauma de un adolescente, el dolor con el que una joven decide quitarse la vida para no pensar más en lo que le sucedió, la vergüenza en silencio de una mujer por más de cuatro décadas no se borran con el tiempo que pase el agresor tras las rejas y mucho menos con una multa por estrepitosa que esta sea”.

Los ejemplos no faltan en el propio artículo. En uno de los testimonios, una mujer relata su vivencia 20 años atrás, cuando un divorcio la obligó a volver con su hija pequeña a casa de sus padres. Según cuenta de forma anónima la mujer, en la vivienda residía además un tío materno que, en los horarios que ella empleaba para trabajar y dejaba a su hija al cuidado de la madre, abusaba de la menor. 

“No sé bien qué pasó ese día que llegué más temprano. Mi mamá estaba vieja y después de almorzar se acostaba a dormir. Fui sin hablar hasta el cuartico y ahí lo vi, manoseando a la niña”, cuenta. Fuera del conflicto familiar, los gritos y las peleas, el crimen no fue a parar a un juzgado. “Mi propia madre me pidió que no lo acusara ni le contara a los vecinos porque iba a desprestigiar a la familia”, cuenta la mujer, cuya solución fue regresar a la casa del esposo al que “por el bien de la niña, tenía que aguantarle lo que viniera”.

La mujer, víctima ella misma, pensó en ocasiones en denunciar al agresor, pero no lo hizo “por vergüenza”. “Nunca volvimos a hablar del tema ni regresamos a aquella casa. Uno a uno se fueron muriendo y yo no me aparecí ni en la funeraria”, añade quien, a pesar de sacar a su hija de la situación, no supo gestionar de la mejor manera el conflicto y los traumas psicológicos. 

“No haga mutis. Los monstruos necesitan cadenas”, es la frase que deja Periódico 26 al final de sus páginas que reseñan, sin decirlo, el “pacto de silencio” social que todavía existe en Cuba, incitado en gran medida por las propias políticas y leyes del país. Las víctimas no solo temen la crítica social, sino también las represalias de agresores que cumplen poco o ningún tiempo de cárcel. Las consecuencias del “silenciamiento”, de un lado y otro del juzgado, quedan patentes en las historias de personas y familias rotas. “Mi hija le cogió pánico a los hombres. Nunca hubo confianza entre nosotras. Se fue del país y se pasa meses sin llamar. Sé que todo eso es mi culpa por no pedir ayuda, por quedarme callada pensando que se le iba a olvidar, pero no fue así”.