Una familia entrega al gobernador de Villa Clara una queja por "hostigamiento sistemático"

La Habana/La familia de Andy García Lorenzo, uno de los presos por las manifestaciones del 11 de julio en Santa Clara, entregó este miércoles una carta dirigida al gobernador de Villa Clara, Alberto López Díaz, para denunciar los "daños y perjuicios" que les está causando el "hostigamiento sistemático" al que está siendo sometida.

Firmada por Roxana García Lorenzo, hermana de Andy, su pareja, Jonatán López Alonso, y los padres de este, Pedro Osvaldo López Mesa y Yenia Alonso Melgarejo, la misiva, a la que tuvo acceso 14ymedio, dice basarse en el "derecho de queja" consagrado en el artículo 61 de la Constitución "y como paso previo ante una eventual demanda judicial y sobrevenido acceso a las organizaciones competentes en derechos humanos".

Los familiares aseguran que Andy García es "un manifestante pacífico" de las protestas del 11J y que está privado de libertad debido a la "orden de combate" dictada por Miguel Díaz-Canel. "Está en nuestros principios éticos así como en ejercicio de la libertad de expresión, un derecho humano, universal e inalienable, defenderlo y denunciar las violaciones contra él", dicen en el texto.

"Está en nuestros principios éticos así como en ejercicio de la libertad de expresión, un derecho humano, universal e inalienable, defenderlo y denunciar las violaciones"

En su carta, se quejan al gobernador López Díaz de estar siendo víctimas de "hostigamiento por los oficiales operativos de la Sección 21 de la Dirección General de la Contra-Inteligencia". A modo de ejemplo citan el altercado más reciente: ser detenidos el pasado 14 de enero por un agente cuando se dirigían "de manera pacífica" a la sede del Tribunal Provincial Popular de Villa Clara, donde estaban siendo juzgados Andy García y otros acusados.

"Sucede que fuimos interceptados en la vía pública por un oficial operativo, vestido de civil y sin identificarse, en su moto matrícula B58394", detallan, "quien sin orden de detención y sin informar los motivos del arresto nos hizo bajar del medio de transporte y conducirnos hacia un autopatrulla de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), que nos trasladó hacia la Unidad Provincial de Procesamiento Penal".

Allí, prosiguen, estuvieron unas diez horas y fueron "interrogados de manera coactiva, sin equipo de grabación y sin representación letrada". A Roxana García, Jonatán López y Pedro López les impusieron multas de 3.000 pesos en virtud del Decreto Ley 370 de 2018, conocido como "ley azote". A los dos primeros, además, y por la misma norma, les decomisaron sus teléfonos móviles.

Sobre esto presentarán "las reclamaciones ante la autoridad competente", asegura la familia de Andy García, que asevera que el acoso por parte de la Seguridad del Estado "nos está causando graves daños, perjuicios y afectando nuestra salud mental".

Según informó Roxana García en su muro de Facebook, las autoridades recibieron la carta asegurando que darían una respuesta.

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