El Gobierno aprovecha la pandemia para limitar aún más derechos y libertades
El OCDH denuncia el acoso contra los activistas y "al menos 67 detenciones arbitrarias"
La Habana/Sin haber declarado de manera oficial el estado de emergencia, el Gobierno aprovecha la pandemia "para recrudecer de facto las ya existentes limitaciones a los derechos y libertades de los ciudadanos", denuncia el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) en su informe sobre los actos represivos cometidos por el Estado durante el mes de mayo.
En el documento publicado este miércoles, el OCDH registra "al menos 67 detenciones arbitrarias", sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara.
Además, la organización ha recopilado 74 actuaciones represivas "de otro tipo", especialmente acoso a través de citaciones policiales. "El Gobierno ha continuado con las amenazas e imposición de multas a opositores y activistas utilizando el Decreto Ley 370, que limita la libertad de expresión", agrega el informe.
De igual manera denuncia "la ola de juicios ejemplarizantes" para "intimidar a la población afectada por la mala situación económica del país", según palabras de Yaxys Cires, director de estrategia política del OCDH.
La organización, con sede en Madrid, precisó en su texto que el empleo del método del proceso penal "sumario" es una grave "limitación de garantías procesales para los imputados". En esos juicios los imputados se enteran de lo que se les acusa pocas horas antes de llegar al tribunal y no tienen acceso a un abogado.
"Varios de estos procesos han sido transmitidos por los medios oficiales de comunicación, para que los ciudadanos vean lo implacable que puede ser el sistema", puntualiza el documento.
El comunicado recuerda que, según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios
El comunicado recuerda que, según la prensa oficial, solamente en La Habana se han realizado más de 500 juicios, sobre todo por los delitos de desacato, desobediencia, resistencia, propagación de epidemia y actividad económica ilícita.
A criterio de Cires, "es paradójico" que el Gobierno celebre juicios a personas por supuestamente no entender la gravedad de la pandemia cuando no ha declarado aún el estado de emergencia en el país.
"Es también un contrasentido que dé lecciones legales a supuestos acaparadores, negociantes y receptadores, cuando no garantiza ni un sustento mínimo para los ciudadanos o cuando las tiendas estatales venden productos a precios abusivos, cuando los ha comprado a precio de gangas en el extranjero", añadió.
El informe recoge la detención durante 48 horas del activista Enix Berrio Sarda, el pasado 1 de mayo tras presentar una solicitud formal para que la Asamblea Nacional del Poder Popular declarara inconstitucionales dos artículos del Decreto Ley 370, que regula el uso de las nuevas tecnologías en la Isla.
Berrio fundamentó la petición en el derecho constitucional a presentar quejas y peticiones pero la respuesta que recibió de las autoridades fue la detención y una serie de amenazas por supuestamente violar el distanciamiento social cuando fue a la oficina de atención al ciudadano.
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