El Gobierno cubano desarrolla el arte de saldar las deudas sin pagarlas

La Habana/El anuncio del restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos ha desatado las especulaciones sobre los posibles escenarios que se avecinan. Muchos analistas concuerdan con que el intercambio económico entre ambos países pasará por la inevitable discusión de las deudas a pagar. En las negociaciones que esta semana tendrán las autoridades cubanas con la delegación presidida por Roberta Jacobson, podría asomar la cabeza el fantasma de las confiscaciones de empresas norteamericanas durante el primer lustro de poder revolucionario. Mientras llega ese momento, revisemos los antecedentes de Cuba en materia de deuda.

Al cierre de 2011, la deuda externa cubana sumaba unos 14.000 millones de dólares, según las últimas cifras publicadas por el Gobierno. En algunos casos, se trata de créditos por productos que fueron entregados hace mucho tiempo y nunca se pagaron, como la compra a Inglaterra de ómnibus y camiones Leyland y de fertilizantes. A Japón se le debe los ómnibus Hino desde los años setenta y ochenta del siglo pasado.

En el año 2000, visitó Cuba el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Venía acompañado por una delegación de funcionarios, comerciantes y especialistas de las finanzas internacionales. La contraparte cubana estaba integrada por altos cuadros políticos y economistas.

En aquella ocasión las autoridades cubanas escucharon atentamente la intervención de Putin, que ofreció comprar, a cambio de petróleo y gas, la vieja deuda que el Gobierno cubano tenía con varias antiguas repúblicas soviéticas como Georgia, Lituania, Letonia, Estonia, Moldavia y Ucrania, para sumarla a la deuda con Rusia.

Putin presentó la cifra global de aquel cálculo, que superaba los 30.000 millones de dólares, al Club de París. El presidente ruso aspiraba entonces a que el Gobierno cubano reconociera ese compromiso y, durante la reunión en La Habana, anunció también que pensaba invertir una importante proporción de ese dinero en la Isla en construcciones hoteleras, la explotación del níquel y el petróleo.

La contraparte cubana se quedó atónita y sin respuesta. Los funcionarios oficiales pidieron un breve tiempo de reflexión, aprovechando la pausa para el café y licores protocolares.

A partir del rebuscado cálculo de un economista del Poder Popular, eran los rusos quienes debían dinero a Cuba y no al revés

A un destacado economista que laboraba en la Asamblea Nacional del Poder Popular, se le ocurrió responder a la proposición de Putin de manera osada y digna de un teatro del absurdo. En su propuesta sumaba las pérdidas por toneladas de azúcar que Cuba vendió a precios deprimidos en el mercado mundial, al dejar de comprar la Unión Soviética aquel producto. El funcionario sumó también el menoscabo económico por cientos de miles de toneladas de cítricos, cientos de miles de cajas de ron Havana Club, miles de toneladas de níquel y de tabaco en rama, que el viejo socio comercial no había adquirido. A partir de aquel rebuscado cálculo, eran los rusos quienes debían dinero a Cuba y no al revés. Según contaron varias personas presentes en el encuentro, Putin se levantó malhumorado y concluyó: "Aquí no hay nada que hacer".

Pasó más de una década sin que Putin visitara La Habana nuevamente. El pasado mes de julio, ya convencido de la imposibilidad de recuperar aquel dinero, trajo la noticia de condonar 30.000 millones de dólares de la deuda que Cuba tenía con Rusia, de un total de 33.500 millones. El 10% restante quedaría para inversiones mixtas en exploraciones petroleras al norte de las provincias de La Habana y Matanzas, además de la industria del níquel.

Fue un balón de oxígeno para el Gobierno cubano, que sin embargo carga todavía con viejas deudas con otros países. Solo con Argentina, por ejemplo, le queda por pagar más de 1.500 millones de dólares por compras de autos realizadas hace casi cuatro décadas, en el remoto año de 1976. La Habana ofreció saldar sus cuentas a cambio de tratamientos médicos para pacientes argentinos enviados a la Isla por un costo de 50 millones de dólares anuales durante 30 años. A la parte argentina no le pareció una propuesta muy acorde con sus intereses, y no tragó el anzuelo.