El Gobierno cubano insiste en penalizar a los 'deambulantes'

Madrid/El Gobierno cubano anunció la puesta en marcha de cuatro nuevas normas que llegan para “perfeccionar” la atención a las personas más vulnerables, incluyendo a los denominados “deambulantes”. Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dijo a la prensa oficial que las medidas forman parte del Sistema Nacional para el Cuidado Integral de la Vida, “que sitúa a los cuidados en el centro de un modelo de desarrollo, en el cual prevalece la corresponsabilidad Estado-familia-comunidad, además de reconocerlos como un derecho humano”.

Sin embargo, la norma dedicada a estas personas sin hogar, la más desarrollada de las cuatro, insiste en la penalización de los afectados y, muy lejos de avanzar en su protección y reinserción, los mantiene en manos de la Policía. 

“Las personas con conducta deambulante que practican la mendicidad de manera reiterada o dan muestras de resistencia al trabajo preventivo profiláctico que se realiza, sin tener asociada una discapacidad intelectual o mental y se niegan a atenderse en los centros, una vez efectuadas las advertencias oficiales por la Policía Nacional Revolucionaria, se denuncian por el Grupo de Prevención Social de la demarcación del Consejo Popular”, indica el artículo 22 del “procedimiento para la atención a las personas con conducta deambulante”. 

“La gente sin hogar se suele caracterizar bien por adicciones o enfermedades mentales y, por supuesto, por carecer de una red familiar”

“La gente sin hogar se suele caracterizar bien por adicciones o enfermedades mentales y, por supuesto, por carecer de una red familiar”, cuenta a 14ymedio una trabajadora social. “A estas personas no importa cuántas ayudas les pongas, ni a nivel económico ni laboral: no están preparadas social ni emocionalmente para llevar una vida normal. Y están abocadas a terminar en la calle”. La especialista señala que es inviable que en esa situación se logre forjar un vínculo laboral y rechaza toda posibilidad de que se pueda sancionar al afectado. “No es una opción”, aunque admite que los centros tampoco resuelven la situación. 

“Son reacios a vivir en estos sitios, entre otras razones porque están obligados a convivir con extraños, la mayoría con problemas mentales o de conducta. Además, tienen que ajustarse a unas normas estrictas, cuando no están preparados para ello. Por eso acaban prefiriendo la calle”, razona.

La normativa cubana define por primera vez qué es un “deambulante”, como el oficialismo llama a las personas sin hogar. “Se define como el trastorno del comportamiento humano multicausal, que constituye un modo de vida caracterizado por la inestabilidad y la inseguridad en el hogar, carencia de autocuidado y autonomía económica, de atención o amparo familiar, así como de un proyecto de vida favorable o una combinación de esos factores, que habitualmente se evidencia con la transgresión de las normas de convivencia y disciplina social”.

La caracterización expresa “un enfoque conservador”, según el economista cubano Pedro Monreal, que señala que esta calificación supone señalar al “pobre como víctima de sí mismo (trastorno) y no de la sociedad (exclusión)”. El experto coincide con la trabajadora social al rechazar que se inscriba a quien sufre una situación de calle como “un fallo de comportamiento en el plano individual incluyendo algo llamado ‘negación al trabajo profiláctico’”. 

Además, Monreal, en su faceta de economista, insta a dejar de ocultar que hay unas causas –pobreza– para que se produzca esa “conducta deambulante”. “En una sociedad con salarios y pensiones de miseria y con exclusión económica, social y política es inevitable la pobreza errante. Poco importa la verborrea encubridora”, opina. Un punto, este, en el que difiere de la trabajadora social, que señala que lo que determina el sinhogarismo es, más que ninguna otra cosa, la carencia de una red de apoyo familiar, muchas veces desencadenada precisamente por las adicciones y no por la falta de recursos.

La normativa, en términos generales, no contiene mucha novedad, más allá de definir el concepto, el protocolo de actuación y los responsables de ponerlo en marcha, y más bien insiste en lo que hasta la fecha no ha funcionado. Las personas en situación de calle, si no han aumentado, al menos ya no son un asunto que se pueda esconder. En los últimos años, la prensa oficial ha multiplicado las notas en las que se refiere a ellas, admitiendo de hecho la existencia de un colectivo antes invisibilizado. 

El método no difiere demasiado del empleado hasta los años 80, cuando se aplicaba a las personas sin hogar la ley de vagos y maleantes

El método no difiere demasiado del empleado hasta los años 80, cuando se aplicaba a las personas sin hogar la ley de vagos y maleantes. Los ciudadanos que eran procesados por este delito eran obligados a trabajar, en general en labores agrícolas, limpieza de calles y otras ocupaciones que la mayoría rechazaba por su dureza y bajo salario.

Más novedosas son, sin embargo, las otras leyes –publicadas, como esta, en la Gaceta Oficial de este lunes–, que se refieren a las ayudas para el cuidado de hijos con discapacidad severa, asistencia a domicilio para personas dependientes que no pueden ser atendidas por sus familiares y el servicio de teleasistencia. Estos textos prevén modernizar algunas medidas que ya existían desde hace años e implican, entre otras cosas, la regulación del trabajo de los cuidadores, la obligación de los familiares que consignen como su empleo atender a su pariente de seguir una formación para ejercerlo adecuadamente o el reconocimiento de esa función a la hora de jubilarse. 

En la norma está contemplado que la asistencia social a domicilio se financie “como uno de los usos del fondo de responsabilidad social de las reservas voluntarias creadas por las entidades económicas. Se contempla la capacitación previa y certificación de los asistentes sociales, y se autoriza el pago compartido del servicio entre la familia (50%) y el presupuesto del Estado (50%)”, agregó la directiva, aunque cuesta saber de dónde sacará el poco dinero que se destina a esta partida y que tanto escasea. El pasado año, el Gobierno cubano destinó un 2% de sus inversiones al sector de la salud pública y la asistencia social, un total de 1.977 millones de pesos.