El Gobierno extiende a 20 años el usufructo de la tierra

La Habana/El último Consejo de Ministros, presidido por Raúl Castro, ha aprobado la extensión hasta 20 años del usufructo de las tierras entregadas a nacionales e incluyó la utilización de finaciamientos ilícitos como causa para la extinción de ese beneficio, según ha informado hoy la prensa oficial.

La reunión analizó los resultados económicos del primer semestre de 2017 e incluyó el anuncio de nuevas medidas "para perfeccionar el trabajo por cuenta propia" y la decisión de consolidar el experimento de las cooperativas no agropecuarias.

Según Ricardo Cabrisas Ruiz, ministro de Economía y Planificación, la economía nacional se comportó según lo planificado. Para el segundo semestre se esperan mayores niveles de ejecución con "el arribo de los suministros importados y la concreción de los contratos".

Marino Murillo puntualizó que estos terrenos siguen siendo "propiedad intransferible del Estado y deben mantenerse en explotación"

Marino Murillo Jorge, jefe de la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo, anunció que ya no serán diez, sino 20 los años que una persona natural podrá disfrutar del usufructo de la tierra, aunque puntualizó que estos terrenos siguen siendo "propiedad intransferible del Estado y deben mantenerse en explotación".

Si las autoridades detectan que el usufructuario ha utilizado financiamientos ilícitos podrá cancelar el acuerdo de usufructo, una medida que podría ser la respuesta contra los recientes anuncios de la administración de Donald Trump de apoyar a los emprendedores locales en detrimento de las empresas estatales o controladas por los militares.

Durante el Consejo de Ministros se anunció también que para recibir tierras, "las personas naturales tienen que trabajarlas y administrarlas de forma personal y directa".

Hasta septiembre de 2016 se habían entregado un 1.917.000 hectáreas de tierra en usufructo, que representan el 31% de la superficie agrícola del país. A partir de ahora, se comenzarán a aplicar gradualmente los impuestos previstos en la Ley Tributaria concernientes al uso, posesión y ociosidad de la tierra.

La falta de crecimiento en la entrega se debe, según explicó Murillo, a que se han reducido las solicitudes, ya que las extensiones de terreno actualmente disponibles "son menos productivas, con alta infestación de marabú; están alejadas de los asentamientos poblacionales y de los servicios básicos; o tienen dificultades para acceder a las fuentes de agua."

Las medidas para "perfeccionar el trabajo por cuenta propia", que no fueron explicadas a la prensa, estarán destinadas a elevar el control sobre los emprendedores.

No se informó de ninguna medida de corte aperturista como el anhelado mercado con precios mayoristas, las posibilidades de importación o el incremento de ocupaciones autorizadas.

Sin embargo, se manifestó la preocupación ante la "la utilización de materias primas, materiales y equipos de procedencia ilícita" en el sector privado, además de "incumplimientos de las obligaciones tributarias y subdeclaración de ingresos", entre otras irregularidades.

Las autoridades reconocieron que la presencia de más de medio millón de personas en la actividad cuentapropista "confirma su validez como fuente de empleo"

Las autoridades reconocieron que la presencia de más de medio millón de personas en la actividad cuentapropista "confirma su validez como fuente de empleo, al tiempo que incrementa la oferta de bienes y servicios, con niveles aceptables de calidad".

La actualización para la política de cooperativas no agropecuarias se limitó a "concentrar los esfuerzos en consolidar las 429 ya constituidas".

El Gobierno reprocha a este tipo de entidades las "desviaciones de la idea original para las cuales fueron creadas", su tendencia al incremento de los precios, y la utilización de los créditos bancarios con fines diferentes a los conceptos para los cuales fueron otorgados".

No obstante, el Gobierno reconoció que esta modalidad de gestión, autorizada hace tres años, "constituye una alternativa para liberar al Estado de la administración de actividades económicas, productivas y de servicios que no se consideren principales" a la que se seguirá tratando como "un experimento" en el que avanzar.