La OCDH condena las detenciones y amenazas del Gobierno cubano contra la prensa independiente

La Habana/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) con sede en Madrid, condena la "campaña represiva que el Gobierno cubano está realizando en contra de periodistas, realizadores y colaboradores de diversos proyectos audiovisuales y medios de comunicación independientes en Cuba" en su informe correspondiente al mes de septiembre, el primero desde que asumió la presidencia de la organización Elías Amor.

El texto, que se hizo público este martes, denuncia individualmente los casos de Maykel González Vivero, Carlos Alejandro Rodríguez, Sol García Basulto, Iris María Marino García, Juan Carlos Linares Balmaseda, Serafín Morán Santiago, Alain Rodríguez, Ramón Góngora, Henry Martínez Jerez, Frank Correa y Yaremis Buqueriget Socías, todos ellos colaboradores de medios de comunicación no oficiales. Algunos de ellos fueron detenidos y otros amenazados cuando cubrían los desastres causados por el paso del huracán Irma.

Según la organización, los movimientos del Gobierno están dirigidos a impedir que trascienda ante la opinión pública internacional la gestión de la crisis

Según la organización, los movimientos del Gobierno están dirigidos a impedir que trascienda ante la opinión pública internacional la gestión de la crisis.

"Es hora de que el Gobierno cubano censure menos y gobierne más. Y gobernar significa tomar medidas audaces, tales como la eliminación del 10% del impuesto sobre el dólar, la eliminación de los altos aranceles aduanales a los productos de primera necesidad y la derogación de la resolución que impide el otorgamiento de nuevas licencias para emprendedores", insta la OCDH.

Además, el documento contabiliza, como es habitual, el número de detenciones arbitrarias llevado a cabo en el mes que acaba de terminar. Este septiembre se produjeron 193 arrestos por motivos políticos, de los cuales 102 fueron de mujeres y 91 de hombres. También se citan los casos de detenciones que se prolongaron durante más de 24 horas.

Los datos llegan un día después de los ofrecidos por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación (CCDHRN), que registró en septiembre 253 detenciones "arbitrarias por motivos políticos de pacíficos disidentes", la cifra más baja reportada en la Isla en los últimos 31 meses.

El informe mensual de la Comisión atribuye la disminución de los arrestos a "una especie de tregua política y social" observada en el primer tercio del pasado septiembre y en los días subsiguientes tras el paso del huracán Irma por la Isla, donde dejó diez muertos y graves daños materiales.

En agosto pasado el grupo opositor reportó al menos 511 detenciones arbitrarias por motivos políticos, número que catalogó como un "inquietante indicador" a pesar de la disminución de casos con respecto a julio, cuando había contabilizado 575 arrestos similares, casi 200 más que el mes anterior, la cifra más alta de los últimos nueve meses.

La CCDHRN también documentó 14 agresiones físicas y 9 actos de hostigamiento "ejecutados por la policía política secreta y otros agentes policiales y parapoliciales", de los que fueron "víctimas pacíficos opositores" a lo largo de la Isla.

De todas las acciones represivas registradas en septiembre, la organización denuncia como la "más grave e inquietante" el "brutal asalto y allanamiento" al domicilio del expreso político Iván Hernández Carrillo

Pero de todas las acciones represivas registradas en septiembre la única organización que contabiliza este tipo de incidentes en la Isla denuncia como la "más grave e inquietante" el "brutal asalto y allanamiento" al domicilio del expreso político Iván Hernández Carrillo y su madre, Asunción Carrillo, integrante del movimiento opositor Damas de Blanco.

Según la Comisión, la puerta de la casa de Hernández Carrillo fue "derribada violentamente y la señora Carrillo empujada con tal brutalidad que sufrió una herida en la boca".

Además denuncia que en esta acción, supuestamente dirigida por la policía política secreta con participación de otros agentes del Ministerio del Interior, fueron confiscados equipos electrónicos y otros medios de trabajo de ambos opositores, así como varios miles de libros y documentos.

En lo que va de año, la organización tiene documentados 3.959 casos de arrestos por razones políticas.

El Gobierno cubano no reconoce a la disidencia interna al considerar a sus miembros "contrarrevolucionarios" o "mercenarios", niega que en sus cárceles haya presos políticos y sostiene que se trata de delincuentes comunes.