En Holguín prorrogan sin decirlo el hostigamiento contra el sector privado
"No debemos tener una subordinación directa del Estado", reclama un comerciante en una reunión con las autoridades en Bayamo
Holguín/El descontento es palpable entre los emprendedores holguineros. Desde inicios de diciembre un enjambre de inspectores, con sus multas y sus confiscaciones de productos, ha caído sobre los negocios privados de la ciudad. El resultado: comercios cerrados y ofertas menoscabadas en un mes especialmente sensible a cualquier vaivén en el suministro de alimentos.
"Se tiran encima de un negocio y hasta que no le encuentran algo no se van, cualquier cosa les sirve para poner una multa o incautar la mercancía porque eso es lo que quieren", lamenta Walfrido, quien esta semana se ha quedado sin sus ingresos como mensajero de una cafetería privada. "Con mi triciclo llevaba los refrescos, las cervezas, la harina y todo lo que se usa para las pizzas y los bocaditos que se venden ahí".
Aunque el llamado Ejercicio Nacional de Prevención y Enfrentamiento al delito, la corrupción, las ilegalidades e indisciplinas sociales empezó el 2 de diciembre y terminó oficialmente el 7, en Holguín las inspecciones que caracterizaron a la ofensiva se han mantenido tras la fecha de cierre. En las calles se rumora que el primer secretario del Partido Comunista de la provincia, Joel Queipo Ruiz, ha “orientado” continuar la ofensiva contra las ilegalidades en el territorio durante toda la primera quincena de diciembre, aunque las páginas oficiales no confirman la extensión de la campaña.
Walfrido detalla que cuatro personas llegaron al local, empezaron a revisarlo todo y pidieron las facturas de cada producto
"El martes –10 de diciembre– estaba yo acomodando unas cajas en el almacén cuando vi que venían los inspectores, como hay tantos cuentapropistas y mipymes que han cerrado, precisamente para evitar problemas, pues nosotros éramos como la mosca en el vaso de leche". Walfrido detalla que cuatro personas llegaron al local, empezaron a revisarlo todo y pidieron las facturas de cada producto, tras identificarse como parte de la Dirección Integral de Supervisión (DIS).
Tras más de dos horas mirando cada detalle, los inspectores impusieron una multa de 18.000 pesos a la propietaria de la cafetería por no tener los recibos de "varias latas de salsa de tomate y un trozo de queso", explica el empleado. "No sirvió que ella explicara que eso lo había comprado en la tienda en MLC [moneda libremente convertible] y que ese día no había luz y por eso no le habían podido imprimir el recibo". Los inspectores también penalizaron a la cuentapropista porque el código QR para los pagos electrónicos no estaba en "un lugar muy visible".
Esa misma tarde, con el papel de la abultada multa en la mano, la propietaria del local decidió cerrar "hasta nuevo aviso" y Walfrido se quedó sin el trabajo con el que sustenta a su familia. "Tremenda mala noticia para fin de año y ni soñar con que me contraten en otro negocio privado porque ahora mismo hay muchos que están cerrados de forma temporal, hasta que pasen tantos controles, o quién sabe si no abren más".
En el cercano municipio de Mayarí, el dueño de una mipyme que pide el anonimato perdió parte de la mercancía por no respetar los precios topados impuestos a la libra de pollo congelado. "Lo único que están logrando con esto es que se desaparezca el pollo y la salchicha y haya más escasez todavía", reflexiona el holguinero. "En un grupo de WhatsApp que tenemos varios dueños de negocios dije que el que me quisiera acompañar a la sede del Gobierno para discutir sobre ese tema que me avisara, pero nadie me ha llamado todavía".
"Avísenme cuando estén listos" fue el último mensaje que el emprendedor publicó en el grupo virtual junto a su número de teléfono móvil. "Todos están pasando por lo mismo pero la gente tiene miedo a que le quiten la patente y no puedan recuperar lo que ya invirtieron en levantar su negocio, pero van a terminar reaccionando porque las multas han sido abusivas y las últimas medidas [de limitar el comercio mayorista a las empresas estatales] han creado mucho malestar".
"Nosotros no tenemos que tener una subordinación directa del sector estatal"
Una indignación que comparte en la vecina provincia de Granma. Un audio grabado durante una tensa reunión entre emprendedores de Bayamo y las autoridades locales ha sido divulgado por el periodista Mario J. Pentón a través de sus redes sociales. En poco menos de diez minutos se escucha a un hombre que lamenta las crecientes exigencias que se le imponen desde el Estado a los trabajadores privados.
"Nosotros no tenemos que tener una subordinación directa del sector estatal", reclama el emprendedor. El granmense, que vende paleticas de helado y otros productos, lamenta que se obligue a los cuentapropistas a pertenecer a una sección sindical a la que cataloga como "un desastre" y no se anda con medias tintas sobre su decisión al respecto: "Yo no quiero".
El comerciante es categórico en su reclamo: "Ustedes no pueden venir a mi negocio a decir que tengo que hacer esto o lo otro, cuando ustedes nunca lo hicieron". Enumera, además, las fallas y deficiencias de los locales estatales y lamenta que se repita en el discurso oficial que los privados "abusan del pueblo". "Donde hay competencia lo que se tiende es a bajar los precios", asegura.
El emprendedor aborda también cuestiones que van más allá del comercio y se meten en el terreno de la representatividad política de quienes están impulsando los excesivos controles sobre el sector privado: "¿Cuántos representan al Partido Comunista en Bayamo?", pregunta y se responde a sí mismo: "Quizás unos 500, pero ustedes saben cuánta gente vive en Bayamo", advierte, conocedor de que la población del municipio supera los 200.000 habitantes.