HRW pide presión internacional para que Cuba derogue el Decreto-Ley 35
La ONG considera que cercena la libertad de expresión al limitar el contenido que puede difundirse en Internet
Madrid/(EUROPA PRESS) - La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido a los gobiernos de la Unión Europea, Estados Unidos y América Latina que alcen sus voces contra el decreto de telecomunicaciones aprobado por el Gobierno cubano y que, en opinión de la organización, "cercena la libertad de expresión" al limitar el contenido que puede difundirse en Internet.
La reforma, impulsada a raíz de las protestas opositoras de julio, plantea la interrupción del servicio de Internet cuando un usuario publique información "falsa" o que afecte la "moralidad pública" y "el respeto al orden público", conceptos "vagos" e "imprecisos" que podrían derivar en medidas arbitrarias.
HRW teme que el Decreto-Ley 35 termine convirtiéndose en una herramienta para violar los Derechos Humanos, bien a gran escala o contra personas críticas con el Gobierno, al tiempo que ve en él una amenaza para la privacidad, ya que el Ministerio de Comunicaciones tendrá acceso a más información a través de los proveedores de Internet.
Juan Pappier, ha subrayado que precisamente gracias a Internet los ciudadanos cubanos han podido comunicarse "con mayor libertad", denunciar abusos y organizar protestas pacíficas, "algo que era prácticamente imposible hace pocos años"
El investigador sénior para las Américas de HRW, Juan Pappier, ha subrayado que precisamente gracias a Internet los ciudadanos cubanos han podido comunicarse "con mayor libertad", denunciar abusos y organizar protestas pacíficas, "algo que era prácticamente imposible hace pocos años".
"Las autoridades de América Latina, la Unión Europea y Estados Unidos no pueden quedarse en silencio mientras el Gobierno cubano restringe el acceso a Internet, una herramienta vital para que los cubanos ejerzan sus Derechos Humanos", ha reclamado.
La organización también ha expresado su preocupación por la resolución sobre ciberseguridad publicada junto al decreto y que contendría "disposiciones peligrosas, en particular por poner en el punto de mira la "divulgación de noticias falsas", la "difamación con impacto en el prestigio del país", los mensajes que "inciten a movilizaciones" o "prom[uevan] la indisciplina social" o que "menosca[ben]" la "fama" de una persona o "su propia estimación".
El texto no especifica cómo pueden "detectar" y "erradicar" dichos "incidentes de ciberseguridad" los ministerios de Comunicaciones, Interior y Fuerzas Armadas Revolucionarias, pero HRW ha dado por hecho que habrá "una censura y vigilancia excesivamente amplia", en la medida en que requerirá de una labor "generalizada" de vigilancia y filtro.
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