Los impagos llevan a una reducción del 97% de la producción de arroz en una cooperativa de Cienfuegos

Madrid/“Desde hace tres meses dejaron de pagarnos la moneda nacional y nunca nos han retribuido la divisa pendiente por sobrecumplimiento”, denuncia Juan Carlos Durán Rodríguez. El guajiro, propietario de ganado y tierra en Cienfuegos, lanzó el reclamo en un debate entre las autoridades y los productores locales previo al congreso de la oficialista Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) donde se constató el impacto de esos impagos, que contribuyeron a que entre 2018 y 2023 la producción de arroz cayera casi un 98%.   

La prensa oficial se hizo eco este domingo de su lamento, a pesar de que cumple con las cifras pactadas de entrega de leche a la Empresa de Productos Lácteos Escambray, con entre 13 y 18 litros diarios. Según 5 de septiembre, la “acumulación de impagos a productores de arroz y leche, junto a los inconvenientes de la bancarización” son las principales preocupaciones expresadas por los campesinos del municipio de Aguada de Pasajeros.

“Al no disponer en tiempo de este dinero, casi estamos obligados a declinar de nuestros deberes, porque vivimos de la producción lechera; así mantenemos a la familia, pagamos la electricidad e invertimos, por ejemplo, en los cercados, algo bien caro, pues un rollo de alambre cuesta hasta 18.000 pesos”, adujo Durán.

Su situación es, pese a ello, mejor que la de quienes cultivan arroz, que acumulan cuatro meses de impagos por parte de la estatal Empresa Agroindustrial de Granos, que dice no tener liquidez. Y no es una excepción. 

“Ya el año pasado estuve cinco meses sin cobrar, y ahora lo mismo. Es una situación muy difícil, porque yo soy un productor grande"

“Ya el año pasado estuve cinco meses sin cobrar, y ahora lo mismo. Es una situación muy difícil, porque yo soy un productor grande, poseo más de tres caballerías de tierra, con costos de producción altos que rondan los cuatro millones de pesos. Además, tengo familia, equipos que arreglar, y la reparación hoy de un tractor cuesta entre 200.000 y 300.000 pesos”, relata el agricultor Pedro López Izquierdo. “A mí no me importa el precio, diez pesos más o menos no perjudican; el daño es que no paguen, porque eso frena la producción, y uno vive de lo que produce”, resume. 

Taymí Torres Machín, presidenta de la cooperativa Pedro Filgueiras Solís –que logra cumplir con las proyecciones pese a todo–, pone cifras al daño que hacen esos impagos.

“De otro modo, tendríamos incrementos en la producción de arroz, pero la realidad es que no vemos soluciones y los campesinos están bien disgustados con estos temas. Si en 2018 aportamos 68.000 quintales (q), en la reciente campaña entregamos solo 160 toneladas”, equivalentes a 1.600 quintales, lo que refleja una caída del 97,7% de la producción en apenas un lustro.

Entre los presentes al encuentro estaba Caridad Capote Core, directora adjunta de la Empresa Agroindustrial de Granos, que trató de calmar a los arroceros transmitiéndoles que se ha pedido un crédito y espera que la Empresa Mayorista de Productos Alimenticios salde una deuda por valor de 16 millones de pesos con los que esperan poder pagar lo que se debe. 

“Vas a la bodega y nunca hay dinero, en el Banco tampoco tienen fondos, y esto limita mucho, porque nosotros tenemos que pagar las cosas en efectivo"

Los cooperativistas también mencionaron como problema la bancarización, en especial por la falta de cobertura móvil que hay en la zona, aunque mucho más aún por las limitaciones a la hora de obtener dinero en efectivo. “Vas a la bodega y nunca hay dinero, en el Banco tampoco tienen fondos, y esto limita mucho, porque nosotros tenemos que pagar las cosas en efectivo. El combustible, cuando aparece por la izquierda, es a 8.000 pesos en mano”, lamentó Durán Rodríguez.

Los impagos por parte del Estado son, desde hace años, una de las quejas más frecuentes de los productores cubanos, muchos de los cuales optan por dejar de realizar estos contratos y/o vivir en el mercado informal, aunque con la espada de Damocles permanentemente sobre su cabeza. Sin embargo, los reproches del régimen no cesan. Este mismo sábado, el diario provincial de Ciego de Ávila, Invasor, publicó un especial en el que acusaba a los guajiros de beneficiarse de los sistemas de riego electrificado que aporta el Gobierno y que “no contribuyen como debieran o pudieran, porque deber hacer y poder hacer, son frases que se parecen, pero no significan lo mismo”, señala.

Ciego de Ávila produjo casi 62.000 toneladas de cultivos hasta junio que al redactor no le parecen suficientes porque, espeta, “con lo que se tiene, se puede hacer más”, dice tras admitir que el llamado “paquete tecnológico” no se entrega y el combustible es insuficiente. Desde 2009 hasta la fecha, hay en esta provincia 362 productores agropecuarios “electrificados” de los que el 41% –según una comisión que supuestamente lo ha evaluado– “no aporta a la alimentación del pueblo”, empezando por 75 de ellos que no han entregado nada y a “los que se suma igual cifra que las tiene y no han entregado un solo quintal a la Empresa de Acopio”.

75 de ellos que no han entregado nada y a “los que se suma igual cifra que las tiene y no han entregado un solo quintal a la Empresa de Acopio”

Según el diario, esto es un freno en “el tránsito hacia la soberanía alimentaria” y es un impedimento para que se eleve la producción y se deje de depender “de la importación de alimentos, que cuesta a Cuba, solo por concepto de la canasta básica, más de 1.600 millones de dólares”, según datos del Ministerio de Economía y Planificación.

A pesar de que los guajiros privados –propietarios, usufructuarios o cooperativistas– aportan en torno al 75% de las viandas, frutas y verduras y el 40% del arroz, según los datos anuales más recientes (de 2021), el Gobierno sigue reforzando el control del Estado sobre esas producciones. En la última resolución para la contratación y comercialización de estos productos, la del próximo 2025, el preámbulo indica que el agro debe estar orientado a “respaldar el Plan de la Economía”.