Un informe revela "la verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México"

Madrid/Las características de la última brigada médica cubana importada por México, que comenzó a llegar la última semana de julio, no ofrecen dudas de los intereses espurios tras la fachada de colaboración humanitaria con la que han sido vendidas a la opinión pública.

"Todos son militares" y "ninguno es médico especialista" (sino médicos de familia o generalistas), dice Prisoners Defenders (PD) en su detallado informe La verdad militar detrás de las misiones médicas cubanas en México, presentado este jueves en la capital mexicana, acerca de los más de 600 sanitarios contratados por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para, supuestamente, cubrir plazas que los especialistas mexicanos no quieren por "inseguridad y lejanía".

Algunos de esos militares, recoge el informe y aseveró también el director de PD, Javier Larrondo, en la conferencia de prensa de este jueves, son "de la Inteligencia cubana o G2, introducidos ya en el país a través de aeropuertos militares, sin que las autoridades, salvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo más cercano, puedan conocer este hecho".

El documento desmonta lo que llama "fraude nacional" por parte del presidente mexicano: la licitación para cubrir 13.765 plazas de médicos especialistas "en zonas del país humildes y de alto riesgo", lanzada tras las denuncias contra anteriores misiones cubanas contratadas.

El documento desmonta lo que llama "fraude nacional" por parte del presidente mexicano: la licitación para cubrir 13.765 plazas de médicos especialistas "en zonas del país humildes y de alto riesgo"

"Las características de las zonas a licitación, que concentraron la mayoría de las plazas 'vacantes', no tienen la infraestructura y equipo básico para la formación, atención y trabajo digno para los médicos, tal como expusieron colegios, asociaciones y federaciones el pasado 1 de junio", explica el informe. "Por ello, ocurrió lo inevitable y lo que sin duda podía ser predicho por el Gobierno: más del 60% de las plazas quedaron vacantes".

Es decir, que la licitación, a juicio de la organización con sede en Madrid, fue solamente una "excusa" para la contratación de médicos cubanos, quienes, a pesar de lo publicitado por la propaganda oficialista, no cuentan con ninguna especialidad.

La Habana los presenta como tales, refiere PD, tras pasar cursos de entre tres y cinco días, "sin constancia documental ni convalidación u homologación profesional alguna en México".

La discriminación que suponen los cubanos frente a sus homólogos mexicanos, a los que, tal y como desgrana el informe, se les exige cuantiosos requisitos para ejercer como especialistas, está siendo también denunciada precisamente por personal de salud del estado de Colima, una de las zonas adonde ya han llegado los médicos de la Isla, junto con Nayarit.

Prisoners Defenders señala también en su reporte la "responsabilidad política, civil y penal" a la que se enfrenta López Obrador por conocer "a la perfección las condenas por esclavitud y todas las circunstancias que afectan a esta esclavitud y puesta en riesgo de la salud de los ciudadanos mexicanos, así como el desfalco que representa para las arcas públicas esta farsa de servicios de salud".

Entre ellas, violar varios artículos del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) "al fomentar y propiciar la trata de personas y la esclavitud en suelo mexicano". Las consecuencias de ello, asevera la ONG, "podrían ser amplias para el Gobierno de la República y conllevar sanciones o consecuencias aún más graves".

Según el convenio legal recogido por Prisoners Defenders, el IMSS dará a la Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba hasta 1.177.300 euros al mes (más de 14 millones de euros al año)

El informe incluye un recuento de las misiones sanitarias que han sido llevadas a suelo mexicano, desde la primera, en abril de 2020, con el argumento de ayudar a combatir la pandemia de covid-19. Todas ellas fueron duramente cuestionadas desde el principio por el gremio médico, los medios mexicanos y los políticos de la oposición.

De la contratación de los primeros contingentes, PD detalla los montos específicos que la Administración mexicana pagó a La Habana: más de seis millones de dólares del gobierno de la Ciudad de México (donde trabajaron 585 sanitarios), dos millones de dólares del gobierno de Veracruz (que acogió a 174) y casi dos millones de pesos (alrededor de 100.000 dólares) del gobierno de Quintana Roo (donde estuvieron siete sanitarios). Además de ellos, durante esos meses colaboraron 40 médicos en Tabasco.

Las siguientes brigadas, enviadas en gran parte a instalaciones hospitalarias militares, estuvieron marcadas por la opacidad. Sin embargo, en estos años no han sido pocos los reportajes publicados en la prensa local revelando algunos detalles, como por ejemplo, que los sanitarios cubanos, lejos de combatir el covid-19, se limitaron a "tender camas" y "realizar encuestas" ante su falta de especialización.

En total, entre el 6 de abril de 2020 y el 15 de julio de 2021, documenta Prisoners Defenders, fueron enviados a México por la pandemia de covid-19 un total de 1.947 colaboradores cubanos. De ellos "desertaron" 17, que haya registrado la organización.

Por los más de 600 que estarán llegando a 15 estados mexicanos en los próximos meses, según el convenio legal recogido por Prisoners Defenders, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará a la Comercializadora de Servicios Médicos de Cuba hasta 1.177.300 euros al mes (más de 14 millones de euros al año). Los pagos se realizarán, prosigue la ONG, a una cuenta de la Comercializadora, "por medio de transferencia bancaria a una cuenta del Gobierno de Cuba".

PD recuerda, por último, en su investigación, todas las instancias que se han pronunciado en contra de las misiones internacionalistas calificándolas como trabajo forzado, como Human Rights Foundation, Human Rights Watch, el Departamento de Estado de EE UU o el Parlamento Europeo.

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