Un inspector gastronómico jubilado cuenta la decadencia de los restaurantes estatales de Matanzas

Matanzas/Desde su retiro, Arístides tiene la costumbre de ir una o dos veces al mes a tomarse “un trago”, u ocasionalmente un almuerzo, en algunos de los restaurantes de Matanzas. Desde hace meses, sin embargo, no acudía a ninguno de los comercios estatales que solía frecuentar y el retorno este jueves a La Casa del Chef lo dejó perplejo. “Mala atención, escasa oferta gastronómica y ambientes de mal gusto” fue el resumen de su recorrido. 

“Me gusta ir a ese restaurante porque tiene un salón bien decorado y es acogedor, pero cuando llegué lo primero que vi fue a cuatro empleadas sentadas a una mesa conversando. Aunque estaban cerca tuve que llamar varias veces para que alguna me atendiera. Al final, vino una cocinera, pues no había dependiente o capitán de salón”, cuenta el matancero, que trabajó como inspector gastronómico en la ciudad durante 25 años.

Si bien Arístides reconoce que sus oportunidades de consumir en estos locales decayeron cuando “se dispararon los precios de todo”, su experiencia en el sector le permite asegurar que no es el encarecimiento de los productos lo único que afecta al renglón. “De nada vale restaurar instalaciones si la ausencia de mercancía o la indiferencia de los dependientes se empeñan en alejar a los consumidores”, explica.

Los propios salarios, aduce, son un factor clave que merma el desempeño de los trabajadores de la gastronomía y, por lo tanto, la experiencia de los clientes. “Actualmente los salarios no superan los 3.000 pesos y para un trabajador es muy desalentador ver que en un par de platos –entre 80 y 160 pesos las guarniciones y entre 400 y 1.000 el plato fuerte– el lugar donde trabaja cubre lo que gasta por empleado en un mes”, argumenta haciendo referencia a La Casa del Chef, que ha renovado numerosas veces su plantilla porque los trabajadores “se van con los privados”.

Para colmo, añade Arístides, en el menú se ausentan los postres y las bebidas se restringen a un vaso de agua y la cerveza que esté disponible, “y si está disponible”, advierte. “Lo peor es que este restaurante está lejos de ser la excepción”.

Indispuesto por el trato en el comercio, Arístides parte hacia una cafetería cercana pero el reloj ya marcó las 5:00 de la tarde y el local está cerrado. “Es preferible que arrienden los establecimientos a particulares, antes de que se destruyan por estar vacíos o cerrados todo el tiempo”, se queja.

El matancero sigue su camino hasta llegar al Parque de La Libertad donde se encuentran, pared con pared, la cafetería La pelota y una pizzería, ambas estatales. La primera oferta dos o tres variedades de sándwiches y jugo y, aunque tiene mesas para sentarse a consumir, la madera grasienta de la barra y el menú que anuncia más lo que no tienen que lo que sí, espantan a Arístides. 

La pizzería, con su puerta cerrada a cal y canto, espera una “inversión” que no llega para volver a abrir sus puertas.

“Hace unos años esto no estaba tan mal”, reflexiona el jubilado, “pero ahora vas a Coppelia y en lugar de helado te venden, por aquello de ‘diversificar producciones’, panes con croquetas, o las pizarras anuncian 10 platos y solo hay dos, y a un precio distinto”.

Preguntado por la oferta privada, Arístides asegura que ya la “barrera de precios”, que obligaba a elegir entre los productos baratos estatales o la costosa calidad de los particulares, “hace rato que se perdió”. El Estado no puede competir con la oferta gastronómica particular, por lo que el negocio estatal se ha reducido, en muchos casos, a revender por la izquierda la mercancía a los propios empresarios, cuadrar las cuentas y “embolsarse el resto”, asevera. “Si esto es lo que iban a hacer con los negocios, mejor que se los hubiesen dejado a sus dueños originales”, añade

La antigua gloria de restaurantes de gestión estatal como La Vigía, El Polinesio y El Bahía es, como su clientela, “difícilmente recuperable”. No importa si influyen la mala formación que ofrecen las escuelas de comercio y gastronomía, la inflación o la falta de equipamiento de los locales. Al final, para Arístides hay una sola verdad absoluta, y que la conocen hasta los vendedores callejeros de frituras: "Tiene que existir una total correspondencia entre precio y calidad de la oferta, sobre todo cuando te cobran ahora 1.200 pesos por un bistec”.