Instalan cámaras de enfriamiento de la leche para disuadir la venta ilegal en Villa Clara
El Estado impone un precio máximo de 20 pesos por litro, mientras se vende en 80 'por la izquierda'
Camajuaní/Un viejo caserón a la vera del terraplén de Rosalía –una de las localidades rurales de Camajuaní, en Villa Clara– ha sido habilitado para almacenar leche fresca. Es una suerte de regalo envenenado del Estado: si antes, para demorar la entrega y vender leche en el mercado negro, los guajiros alegaban que no había condiciones apropiadas de preservación, ahora se quedarán sin excusas.
La coartada para no entregar la leche en tiempo consistía en afirmar, ante las autoridades, que la cámara de enfriamiento más cercana estaba en Taguayabón, otro pueblo rural, a cuatro kilómetros de Rosalía y en plena carretera a Camajuaní.
El termo cuenta con un tanque refrigerante y una meseta. Cada día, los camiones cisterna pasan por el caserón y se conectan directamente al tanque de enfriamiento para trasvasar la leche. La crispación por las ilegalidades es tal que cada vehículo tiene, alrededor del surtidor, una especie de compartimiento en forma de caja al que se le coloca un candado. Una vez abierto, se puede colocar una cubeta o desplegar la manguera hacia el tanque.
El proceso es, sin duda, más ágil. El uso de camiones y la posibilidad de refrigerar el líquido representa el fin de una era caracterizada por el trasiego en carretones de caballo, retrasos y el mal estado del producto al llegar a la Empresa Láctea de la provincia. El buen funcionamiento, sin embargo, impide que el campesino negocie por su cuenta la venta de su producto.
Vladimir fue uno de los trabajadores a cargo de construir el nuevo almacén. Admite que, en la zona, la situación de la leche presentaba numerosos problemas y espera que el termo “facilite” a los guajiros el cumplimiento de sus obligaciones. Cada mañana, a las 8:00 am, describe, el “carro de la leche” –el camión cisterna– recoge la producción del día anterior. “Así se garantiza que la leche no esté almacenada por más de 24 horas”, asegura.
Para conservar todavía más el líquido, se le aplica el producto cubano Stabilak, que Yoel, uno de los choferes de la cooperativa Fidel Claro, considera “altamente efectivo”. “Desde hace tiempo el proceso de entrega de la leche ha sido un desafío logístico aquí”, afirma. “La creación de este nuevo termo en Rosalía promete reducir las barreras”. El proceso de control y seguimiento será “riguroso”, advierte Yoel. Así, aduce, los productores se sentirán “incentivados” a estar a la altura de los planes de entrega de leche que se les exigen.
Los guajiros ven el termo como una solución parcial que los beneficia muy poco. Al fin y al cabo, el sistema de pagos del Estado –el verdadero problema– sigue siendo desfavorable para el productor y nadie se siente motivado a hacer negocios con tan mal postor, opina Eugenio, un ganadero de Rosalía. La clandestinidad, aunque arriesgada, es más lucrativa. Por eso se sigue comercializando queso, mantequilla y yogur por la izquierda.
“A mí me da más negocio dejar la leche para hacer queso, yogur o incluso vender el litro directamente. Con eso ganamos más que entregándola al Estado”, dice Rodolfo, otro campesino. En la mentalidad guajira, las obligaciones impuestas por el Estado, siempre que se puede, “no se cumplen, porque en el mercado informal el precio alcanza cifras más altas: el litro de leche se vende a 80 pesos, el queso blanco a 300 y el yogur a 250 por cada litro”.
Ariel, miembro de una cooperativa ganadera de la zona, asegura que entre sus colegas hay pocos que cumplan la cuota mensual acordada con el Estado. Las autoridades pagan 17 pesos por litro si se cumple el plan; cinco pesos si no se cumple; 20 si se sobrecumple. A la luz de los precios en el mercado informal, las tarifas del Estado son risibles.
Una remuneración justa es lo único que puede resolver la situación y mitigar las ilegalidades, subraya Miguel, otro campesino de Rosalía. El Estado, sin embargo, ha ido por otra parte. Las políticas de máxima severidad –el término jurídico de moda entre las autoridades– y la fiscalización del entorno ganadero, agobiado por cuatreros que actúan con impunidad, hacen imposible un armisticio con los productores.
La alta demanda de un producto cada vez más escaso en las bodegas hace que la zona que va de Remedios a Camajuaní –surcada de caseríos de tradición lechera, como Rosalía– dependa cada vez más del mercado informal y de la capacidad del guajiro para “jugarle cabeza” al Ministerio de Agricultura.