El Gobierno cubano controlará internet y las redes "para defender los logros del Estado socialista"
El texto busca "contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio", según el ministro de Comunicaciones
La Habana/El Gobierno ampliará su control sobre internet y las redes sociales con la aprobación de un nuevo decreto-ley que le permitirá regular las nuevas tecnologías y la comunicación "para defender los logros alcanzados por el Estado socialista", según el ministro de Comunicaciones, Jorge Luis Perdomo Di-Lella, que presentó el texto este martes ante la plana mayor del Gobierno.
La norma, denominada "De las Telecomunicaciones, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, y el Uso del Espectro Radioeléctrico", establecerá un marco legal para "contrarrestar las agresiones radioeléctricas y en el ciberespacio", entre otras cosas avanzadas por el ministro.
Perdomo citó también la necesidad del decreto-ley para regular la informatización del país, conducir a la soberanía y "salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones", todo ello con el fin de consolidar "las conquistas del Socialismo y el bienestar de la población".
Perdomo citó también la necesidad del decreto-ley para regular la informatización del país, conducir a la soberanía y "salvaguardar los principios de seguridad e invulnerabilidad de las telecomunicaciones"
Juventud Rebelde dedica este miércoles un artículo a resumir lo relativo a la aprobación de esta y otras dos normas ayer en el Consejo de Estado, donde el titular de Comunicación dijo que este decreto, cuyo contenido aún se desconoce, estará en línea con la Constitución de la República de Cuba, "así como con los tratados y otros instrumentos jurídicos internacionales".
En julio de 2019, el Gobierno ya aprobó una legislación "sobre la informatización de la sociedad en Cuba" –el decreto-ley 370, conocido como "ley azote"–, a través de la que pretendía "elevar la soberanía tecnológica en beneficio de la sociedad, la economía, la seguridad y defensa nacional" y "contrarrestar las agresiones cibernéticas".
Entre sus artículos más polémicos estaba el que penaliza "difundir, a través de las redes públicas de transmisión de datos, información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas", que fue comparado, para el mundo virtual, con el delito de peligrosidad predelictiva.
Esta figura legal se aplica a opositores y críticos con el Gobierno y ha sido denunciada por organizaciones como Amnistía Internacional y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por condenar a los ciudadanos por un supuesto delito que todavía no han cometido.
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