La jefa de la Fiscalía de La Habana promete "severidad" por hechos delictivos durante el ciclón

La Habana/De la comparecencia ante las cámaras de Canal Habana que realizó este viernes Lisnay Mederos, jefa de la Fiscalía Provincial, quedaron claros dos puntos: “es importante el respeto a la autoridad” y los cubanos tienen “derechos, pero sin extralimitarse”. Su intervención se produjo a raíz de “recientes hechos delictivos” ocurridos en la capital tras el paso del huracán Rafael, y de los que no dio números ni nombres.  

La Fiscalía atribuye a los acusados los delitos de “desorden público, atentado, desacato y lesiones”, inadmisibles, subrayó Mederos, en una población que considera “disciplinada”. 

“Usted puede tener alguna insatisfacción, alguna inquietud, algo que considera que le afecta”, dijo Mederos, “pero no puede transgredir la ley, porque por encima de la ley, nadie”. Sobre el delito de atentado, aunque no dio detalles sobre los presuntos comisores, dijo que consideraba un agravante que se hubiera producido tras el paso del ciclón. 

Anunció condenas de máxima severidad contra quienes atentaron contra "bienes que son de especial importancia para la economía del país"

Mederos dio algunas pistas sobre los crímenes que la Fiscalía atribuye a los acusados. Se refirió a que caerían condenas de máxima severidad contra quienes atentaron contra “bienes que son de especial importancia para la economía del país”, y en específico el Sistema Electroenergético Nacional. Asimismo, aludió a robos de “cables, angulares, transformadores, componentes y accesorios internos [de las instalaciones eléctricas], la telefonía pública, al igual que los delitos patrimoniales: hurtos en viviendas”. 

Admitió que durante la etapa de evacuación de las viviendas se cometieron robos, y dijo que las autoridades tenían que “proteger” las casas vacías. Canal Habana informó que los acusados han sido juzgados en “diferentes procesos”. 

Mederos, una fiscal de total confianza para el régimen –está casada con el ex espía Fernando González–, acabó insistiendo en que tiene el “deber constitucional” de enfrentar “con todo rigor y severidad” a quienes atenten contra la Revolución. 

Los recientes eventos naturales que han sacudido el país –dos ciclones y dos sismos–, sumados a la crisis energética, el desabastecimiento y el deterioro de cada esfera de la vida, han colmado la paciencia de los cubanos, que han protestado contra el Gobierno, si bien no de manera masiva. Ni la Policía ni los dirigentes han perdido oportunidad para hacer valer, por la fuerza y con detenciones, su autoridad. 

PD recuerda que las últimas semanas han sido infernales para los cubanos

Lo demuestra el más reciente informe de la organización Prisoners Defenders (PD), que sitúa en 1.117 el número de presos políticos en Cuba y hace constar los nuevos encarcelamientos tras las protestas pacíficas de octubre. PD recuerda que las últimas semanas han sido infernales para los cubanos. El pasado 17 de octubre se anunció un “apagón total” que duró cuatro días, con graves consecuencias para la alimentación, el abasto de agua, el transporte y la rutina diaria. No obstante esta situación, el Ministerio del Interior y el Ejército advirtieron de que la “vigilancia revolucionaria” se mantenía y que las manifestaciones de descontento no serían toleradas.

Varios grupos salieron, pese a las amenazas, en Santiago de Cuba, Granma, Villa Clara y Camagüey. En Santiago, el 18 de octubre, protestó Luis Adrián Pupo, a quien la Policía detuvo por “desacato” y “desobediencia”. Pupo, señala PD, no se resistió cuando los agentes lo capturaron ni cuando lo trasladaron. Sin embargo, fue golpeado. El hombre fue quien interpeló a Miguel Díaz-Canel durante una reunión pública el pasado marzo durante el recorrido del mandatario por Santiago de Cuba. Desde entonces, según denunció varias veces, fue acosado y vigilado por la Policía. 

Por su parte, en Villa Clara, el profesor Osvaldo Agüero –que protestó el 19 de octubre frente la Asamblea Municipal de Manicaragua– fue arrestado sin orden de detención, tras ser reconocido por la Seguridad del Estado en uno de los videos de la protesta. Nabriel Torres, que también se manifestó en Manicaragua, está también en la Unidad de Delitos de la Seguridad del Estado de Santa Clara.

En esa misma provincia, en el municipio de Encrucijada, al menos ocho personas fueron arrestadas entre el 8 y el 9 de noviembre, durante una protesta en las calles que llegó hasta la sede de la Asamblea del Poder Popular. Uno de esos detenidos es José Gabriel Barrenechea Chávez, del cual, según denunció la organización jurídica Cubalex, su familia no ha tenido noticias. El periodista independiente, colaborador de 14ymedio, es desde 2019 objeto de acoso y persecución por parte del régimen, que lo tiene regulado, impidiéndole salir del país.

Nelson Caballero, padre de dos niños en Camagüey, fue detenido el 19 de octubre, tras ser atacado por agentes de la Policía en Jimaguayú. “Tras la agresión, el detenido recibió atención sanitaria y obtuvo un certificado médico que acredita las lesiones sufridas, evidenciando el maltrato físico por parte de las autoridades. Sin embargo, tras hacerse público este documento, como represalia se le ha mantenido en régimen de incomunicación, sin permitir visitas de su esposa ni de otros familiares”, señala PD. 

En Granma, Pastor Domínguez salió a las calles el 28 de septiembre con un cartel contra Díaz-Canel. Lo arrestaron al día siguiente. En el mismo municipio, la activista Yumaris Castillo, miembro del Partido Unión por Cuba Libre, también fue detenida. Se trata, resume PD, de “un Estado que no provee servicios básicos, pero es muy activo en la represión”.