Los familiares de los detenidos el 11 de julio denuncian la falta de justicia en Cuba

La Habana/De la decena de apelaciones presentadas el pasado viernes a las sentencias dictadas contra manifestantes de las protestas del 11 de julio, solo cuatro han prosperado. El fuerte operativo policial ese día alrededor del Tribunal Provincial Popular de La Habana, cercano al Capitolio, para evitar que familiares y curiosos se acercaran, perdura hasta este lunes.

En opinión de un abogado consultado por este diario, que aclara que aún quedan apelaciones por presentar, hubo letrados que hicieron "una buena defensa", esgrimiendo como tesis principal que no existía delito o proponiendo una "adecuación" de la sanción para beneficiar al acusado. A pesar de ello, el tribunal declaró "con lugar" la apelación tan solo en cuatro casos.

"Tras la apelación, a dos acusados que tenían privación de libertad se les modificó a trabajo correccional con internamiento; a otro, a trabajo correccional sin internamiento, y a un cuarto, a limitación de libertad. A tres les disminuyó la medida de prisión provisional", detalla.

Entre los que tuvieron suerte se encuentran Armando Sardiñas Figueredo y el fotógrafo Anyelo Troya, responsable de filmar las imágenes tomadas en La Habana para el videoclip de Patria y Vida. A Sardiñas le cambiaron una condena de diez meses de privación de libertad por igual tiempo de trabajo correccional en una granja, y Troya salió en libertad con una multa de 14.150 pesos.

"Salí con una multa y agotado pero libre. El juicio duró casi ocho horas"

"Salí con una multa y agotado pero libre", declaró el artista a 14ymedio este sábado. "El juicio duró casi ocho horas".

Otro de los familiares de los detenidos, Ostraida Quintana, contó en sus redes que su sobrino, Damián Acevedo Quintana, fue liberado la noche del viernes. "En el juicio de apelación fue condenado a tres meses de trabajo correccional sin internamiento y multa de 300 pesos (unos 12 euros en el cambio oficial, 4 euros en el cambio informal)", precisó.

"En Cuba no hay justicia", escribía, por su parte, Yaquelin Salas Hernández, esposa de Dashiel Alfonso, unos de los detenidos tras las manifestaciones del pasado 11 de julio, al concluir la apelación de su sentencia.

Para ella, el juicio de apelación fue "una total falta de respeto" y las autoridades "están tomando acciones ejemplarizantes". "Mi esposo fue el único que presentó testigos firmes y presenciales, y la decisión del juzgado se basó en que los testigos no se pudieron poner de acuerdo si había disturbios o no en el lugar, cuando eso es una apreciación", cuenta la mujer en conversación con 14ymedio. "Ambos dejaron claro que la manifestación había pasado, que si había personas o disturbios, eso depende de la percepción de cada uno".

Alfonso Catá fue detenido cuando salía en defensa de una mujer a la que tres agentes de la policía política, vestidos de civil, detuvieron con violencia.

"Ambos testigos coincidieron en el hecho concreto de lo sucedido y sobre todo que mi marido jamás actuó con violencia; al contrario, el violentado fue él"

"Ambos testigos coincidieron en el hecho concreto de lo sucedido y sobre todo que mi marido jamás actuó con violencia; al contrario, el violentado fue él. Sus testigos si vieron lo que sucedió y si saben el motivo de su detención lo cual no constituye un delito y se demostró. La sanción de mi esposo como la de muchos otros fue burda y una falta de respeto a los máximos niveles", cuenta.

Explica que "estos procesos arbitrarios" no tienen precedente. "Voy a alegar el principio de igualdad ante la ley porque mi marido tenía muchos factores a su favor y fueron simplemente desestimados, claramente porque ellos así lo entendieron".

Para la abogada Laritza Diversent, directora y fundadora del centro de asesoría legal Cubalex, solo fue beneficiado aquel acusado que salió en libertad o fue absuelto: aunque la condena parezca menos rigurosa, por ejemplo cambiar prisión por un régimen de "trabajo correccional", como en el caso de Sardiñas, "tienen que trabajar como mulos y las condiciones son pésimas", declara a 14ymedio.

Diversent dice que Troya salió libre porque era "muy visible" a raíz de su participación en Patria y Vida, pero el resto de detenidos no corrió igual suerte.

La abogada denuncia, además, que se practicó selectivamente la ley: "No a todas las personas que participaron en las manifestaciones del 11 de julio se les acusó de desorden público y, a la vez, los que participaron a favor del Gobierno y respondieron al llamado del presidente [a defender la Revolución] no fueron sancionados", lamenta. "No se inició proceso contra ellos, ni siquiera contra los que iniciaron la violencia con palos y piedras".

"No hay nada de benevolencia en una sanción por algo que no constituye delito", prosigue la especialista. "La manifestación en Cuba está constituida como un derecho constitucional y las personas fueron y se manifestaron, no existe una norma que diga cómo deben hacerlo y no se puede utilizar 'desorden público' para restringir derechos humanos en la forma que lo hicieron".

Para la jurista, el Estado desaprovechó la oportunidad que ofrecían las apelaciones para salvar los "errores" que cometieron al enjuiciar a los manifestantes en los tribunales municipales

Para la jurista, el Estado desaprovechó la oportunidad que ofrecían las apelaciones para salvar los "errores" que cometieron al enjuiciar a los manifestantes en los tribunales municipales con "graves violaciones a las garantías y al debido proceso". El propio presidente del Tribunal Supremo dijo que se habían cometido errores y que podían salvarlos, recuerda Diversent, pero "no lo hicieron".

La abogada, que colabora en la elaboración de una lista de detenidos y desaparecidos tras la histórica jornada de protestas, hace un llamado al Estado a parar la "judicialización" de los manifestantes del 11 de julio. "Esas personas solo salieron a manifestarse. Incluso aquellos que reaccionaron de forma violenta, fue en legítima defensa, porque quien dio la orden de violencia fue el presidente", considera.

Después de observar los videos de esa jornada, la percepción de Diversent es que las autoridades policiales no estaban protegiendo el orden público.

"Impidieron el ejercicio de un derecho que está reconocido en la Constitución y no hay ningún motivo por el cual hacerlo", y continúa enumerando: "No reparó en las violaciones a las garantías del debido proceso, que en muchos casos fueron sin abogados en primera instancia. En los casos que contrataron abogado tampoco fueron asistidos, porque no permitieron que estos participaran en el juicio". Ahora, concluye, solamente queda el recurso de "la revisión".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.