Al menos 184 de los 187 juicios en Cuba en enero fueron por las protestas del 11J

Madrid/El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, ha denunciado la continuidad de la "espiral represiva en Cuba" ante el silencio de España, la Unión Europea y América Latina. La organización documenta en su último informe, perteneciente a enero y publicado este jueves, 643 acciones represivas, de las que 136 fueron detenciones arbitrarias y 507 otro tipo de abusos.

Aunque tanto España como la Unión Europea han mostrado su preocupación por la represión, detenciones y los juicios del 11J y reclamado por el derecho de manifestación, el OCDH considera insuficientes estas manifestaciones "dada la grave situación", e interpreta que hay complicidad, según afirma Alejandro González Raga, su director ejecutivo.

El informe del Observatorio cuenta los juicios contra los manifestantes del 11 de julio entre los abusos de los derechos humanos en este primer mes del año. Estos procesos, afirma, están manipulados, con testigos favorables a la versión oficial y la aplicación de la ley de forma torticera por parte de jueces que no son independientes. "De los 187 juicios registrados, al menos 184 han sido por las protestas", puntualiza la nota.

"La situación en Cuba se agrava por día. El anuncio de un nuevo Código Penal, que incluso convierte en delitos supuestos derechos recogidos en la Constitución y mantiene la pena de muerte, añade preocupación en estos momentos"

Después de ello están el acoso, la vigilancia en las viviendas, las citaciones y amenazas o las multas, todas con ánimo intimidatorio. Siete activistas tuvieron que exiliarse de manera forzosa, contabiliza el OCDH.

"La situación en Cuba se agrava por día. El anuncio de un nuevo Código Penal, que incluso convierte en delitos supuestos derechos recogidos en la Constitución y mantiene la pena de muerte, añade preocupación en estos momentos. Tanto la diplomacia europea como la oficina de Michelle Bachelet en la ONU han puesto muchas esperanzas en las nuevas leyes del régimen. ¿Qué harán ahora?", dice González Raga, que agradece a los artistas que han cancelado su participación en el festival de San Remo de La Habana.

También este jueves se hizo público un comunicado de Cuba Próxima, con sede también en España, en el que la organización denuncia que el historiador Leonardo Fernández Otaño, miembro de su Consejo Deliberativo, fue citado, interrogado y sometido a tratos denigrantes, por parte de agentes del Departamento de Seguridad del Estado el martes.

Fernández Ontaño protestó junto con Camila Rodríguez, Carolina Barrero y Daniela Rojo ante la puerta del Tribunal Municipal Popular de Diez de Octubre el lunes, día del inicio del juicio contra 33 manifestantes del 11J. Las tres mujeres fueron detenidas durante varias horas, pero aunque el activista no fue arrestado sí tuvo que acudir a la cita con la Seguridad del Estado.

"¿Por qué se criminaliza a Leonardo Fernández Otaño y otros ciudadanos? Por abogar abiertamente por la liberación de centenas de cubanas y cubanos encarcelados injustamente"

"¿Por qué se criminaliza a Leonardo Fernández Otaño y otros ciudadanos? Por abogar abiertamente por la liberación de centenas de cubanas y cubanos encarcelados injustamente", lamenta el comunicado, que además elogia la labor del activista a la hora de dar apoyo moral y solidaridad a los afectados, mayoritariamente de origen humilde.

Cuba Próxima rechaza las citaciones arbitrarias y sin presencia de un abogado que sufren muchos activistas y opositores en Cuba, partiendo del caso de Fernández Otaño, y argumenta que tienen como propósito doblegar a los afectados y que renuncien a ejercer sus derechos. Además, expresan su solidaridad con los más recientes afectados, en concreto quienes participaron en la protesta del lunes, entre los que también están Arián Cruz Álvarez Tata Poet, Leonardo Romero Negrín y Alexander Hall, además de Saily González, detenida en Santa Clara.

Entre las exigencias de la asociación está el fin de la represión contra activistas y familiares y el inicio de una investigación contra quienes cometen abusos de poder, en concreto quienes trataron de reprimir las protestas del 11 de julio.

Por último, denuncian las elevadas peticiones de condenas a las que se exponen los acusados y reafirma su "compromiso con la lucha por la liberación de todos los presos políticos, la construcción de una República plural, democrática, basada y orientada por el respeto y el ejercicio de los derechos humanos, la inclusión sociopolítica, el Estado de Derecho, la concertación política y la búsqueda del bienestar de la nación cubana".

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