Fuerte despliegue policial frente al tribunal que juzga este viernes a los manifestantes del 11J

La Habana/Un fuerte operativo policial rodea desde las primeras horas de la mañana de este viernes el Tribunal Provincial Popular de La Habana, donde se realizan varios juicios colectivos contra los manifestantes del 11 de julio. Con el despliegue de efectivos, las autoridades buscan evitar una protesta de familiares frente a las instalaciones, ubicadas a pocos metros del Capitolio.

El cordón de seguridad alrededor del tribunal se extiende por un perímetro enmarcado por las calles Industria, San José, Dragones y Monserrate. Uniformados de la Policía Nacional Revolucionaria con perros, efectivos militares y muchos miembros de la Seguridad del Estado conforman el cerco, según pudo constatar 14ymedio.

En la cercana calle Monserrate, este diario notó la presencia de varios familiares de los detenidos que estaban rodeados por las fuerzas de seguridad para impedir cualquier contacto con ellos.

"Hoy se está haciendo la vista oral al grupo de muchachos que estuvo en 100 y Aldabó y que luego fue trasladado al centro penitenciario llamado Jóvenes de Occidente, en la Lisa", contó a 14ymedio un familiar de uno de los acusados.

"Esta vista es como un juicio nuevo, con defensa de un abogado", agregó y dijo que los familiares están muy ansiosos esperando la decisión de los jueces. "Allí creo que están los 10 o 12 jóvenes que llamaron 'cabecillas', según palabras del único 'testigo' que hay, un jefe de sector, que habló el día del primer proceso sumario donde condenaron a los jóvenes a 10 meses de cárcel".

"Pasé por la esquina del Capitolio y un policía me pidió el carné de identidad y me revisó la mochila"

"Pasé por la esquina del Capitolio y un policía me pidió el carné de identidad y me revisó la mochila", cuenta un joven a 14ymedio. "Yo ni sabía lo que pasaba, pero después me enteré de que se estaban haciendo los juicios a los que protestaron en las calles; lo supe porque una mujer me lo confirmó en la parada de ómnibus".

"Vine a recoger un habeas corpus y no se puede pasar a tres cuadras a la redonda del tribunal", dijo a este diario otra joven.

Varios centros de trabajo estatales próximos al tribunal suspendieron este viernes su jornada laboral, entre ellos la Casa Editora Abril, que está ubicada en el mismo edificio que las salas de juicios, un inmueble que una vez perteneció al Diario de la Marina en la capital cubana. La librería adjunta a esta entidad y con una puerta de acceso en la misma esquina tampoco abrió este viernes al público.

"Desde ayer está esto muy complicado, con tremendo operativo porque iban a traer a los muchachos de las protestas", comenta a este diario una vecina de la calle Teniente Rey. "No han dejado a ningún carretillero vender sus productos cerca y tienen personas también apostadas en varios balcones porque temen que las madres de los detenidos hagan alguna protesta".

"Hasta un hombre que normalmente pide dinero en la esquina ha tenido que moverse del lugar porque la policía le advirtió de que no podía estar por ahí", explica la mujer. "Desde los arrestos esto ha pasado varias veces, traen un grupo de jóvenes para ser juzgados y mientras están haciendo los juicios esta zona se vuelve una campamento militar, con uniformes por todas partes".

"Esta gente se cree dueña del país", lamentó un hombre que debió dar un rodeo porque no se le permitió continuar por la calle frente al tribunal

En una cercana parada de ómnibus, los comentarios de quienes aguardaban la guagua iban desde las críticas a la actuación oficial hasta la solidaridad con los manifestantes. "Ellos tienen más miedo que dinero", ironizaba un joven en alusión a los policías, mientras una anciana mostraba su pena por los arrestados de la jornada, a los que llamó "los pobres muchachos del día 11".

Otros transeúntes se quejaban de las dificultades para caminar por la zona. "Esta gente se cree dueña del país", lamentó un hombre que debió dar un rodeo porque no se le permitió continuar por la calle frente al tribunal.

Esta semana la prensa oficial recogió que de las 62 personas que han sido juzgadas por su participación en las manifestaciones, 53 fueron sancionadas por desorden público y otros por "resistencia, desacato, instigación a delinquir y daño", según los datos ofrecidos por Joselin Sánchez Hidalgo, magistrado del Tribunal Supremo Popular.

Según Sánchez, quienes han acabado frente a un tribunal lo hicieron por su conducta "agresiva, violenta y dañina" y los delitos por los que fueron juzgados conllevan sanciones de un año de prisión, multa de 300 cuotas o ambas. "En el caso de los hechos más violentos o de mayor gravedad acontecidos el 11 de julio, aún están en investigación y por tanto no han llegado al Tribunal", añadió.

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