Justicia 11J denuncia el uso arbitrario por la Fiscalía del artículo del Código Penal sobre la sedición

Madrid/La plataforma Justicia 11J rechaza las justificaciones ofrecidas por la Fiscalía cubana para acusar a muchos de los participantes en las manifestaciones antigubernamentales del pasado julio por el delito de sedición, ya que supone una arbitrariedad y responde a un objetivo ejemplarizante, pues los hechos ocurridos no se corresponden con esa presunta "perturbación del orden socialista" tipificada en el Código Penal.

El grupo ha difundido un comunicado en respuesta al emitido ayer por el Ministerio Público en el que considera que el texto oficial constituye "una respuesta evidente a los reclamos de la sociedad civil" reflejados en medios de prensa internacional. Justicia 11J, sin embargo, responde a muchas de las justificaciones aportadas por la Fiscalía.

La plataforma rebate algunos argumentos de la Fiscalía, entre ellos el de mencionar de forma "tendenciosa" a los hospitales entre los lugares vandalizados cuando en los expedientes ni siquiera se menciona este tipo de centros

La plataforma rebate algunos argumentos de la Fiscalía, entre ellos el de mencionar de forma "tendenciosa" a los hospitales entre los lugares vandalizados cuando en los expedientes ni siquiera se menciona este tipo de centros entre los presuntamente apedreados.

También Justicia 11J matiza la acusación de la Fiscalía, que atribuye antecedentes penales al 21% de los acusados. "Consideramos oportuno señalar el 79% que carecen de tales antecedentes", destaca la agrupación que, además, matiza que algunos de los delitos adjudicados a ese porcentaje de personas con delitos previos tienen una antigüedad superior a 10 años y, por tanto, deben ser cancelados de oficio. En otros casos ni siquiera fueron cometidos o sometidos a juicio.

La plataforma contrasta sus datos con los ofrecidos por la Fiscalía y constata que el organismo registra a más involucrados que ellos mismos, lo que les hace temer la falta de información independiente que existe. El Ministerio Público sitúa en 117 los expedientes que afectan a 790 personas, mientras Justicia 11J contabilizó 40 causas en las que están involucrados 520 acusados.

El mismo subregistro se produce con los menores (27 para la Fiscalía frente a los 7 que pudo determinar la asociación) o los jóvenes de entre 16 y 18 (115 frente a sus 67). La única cifra que se aproxima es la de personas en prisión provisional, que para Justicia 11j son 431, a poca distancia de las 490 de la Fiscalía. Los porcentajes de los encarcelados sobre los acusados, eso sí, son muy distantes (82% del total para los activistas y 69% para el Ministerio Público) debido a que el total de encausados es mayor de los que la asociación ha logrado incluir en el listado.

Pese a la disparidad, el colectivo se muestra satisfecho de haber podido elaborar un registro bastante pormenorizado teniendo en cuenta que los familiares temen hablar y muchas causas se conocen por las redes sociales

Pese a la disparidad, el colectivo se muestra satisfecho de haber podido elaborar un registro bastante pormenorizado teniendo en cuenta que los familiares temen hablar y muchas causas se conocen por las redes sociales. En las circunstancias de Cuba, el censo es un logro pocas veces alcanzado, aunque hace temer la desprotección de los casos que no se pueden visibilizar.

El colectivo reprocha a la Fiscalía omisiones que cabe atribuir a la falta de transparencia del Ministerio del Interior, responsable de la instrucción. Entre ellas está la ausencia de un listado de los casos cuyo expediente aún está en trámite –mencionan en concreto el caso de Jonathan Torres Farrat –, el de detenidos totales por el 11J, el de personas liberadas con multas o sanciones administrativas o la ausencia de menciones a la violencia policial, fruto de la cual falleció Diubis Laurencio en el barrio La Güinera.

Hemos confirmado que de las 621 personas excarceladas, 50 fueron puestas en libertad inmediata sin cargos (6 entre 16 y 20 años), y se impusieron 103 multas (11 sancionados tienen entre 16 y 20 años y uno de ellos fue herido por arma de fuego durante la manifestación). La situación legal del resto se desconoce.

Justicia 11J también lanza una serie de reclamos, entre ellos que se aplique a los menores la Convención obre los Derechos del Niño, de la que el Estado cubano es signataria, y que prevé la asistencia de padres o letrados en los procedimientos contra menores de 18. También pide que se acelere el sistema judicial, ya que hay un "patrón de demora excesiva" en la publicación de las sentencias, según denuncian los familiares.

El colectivo reitera su petición de que se permita el seguimiento de los juicios, que estos sean televisados en directo sin cortes y que la prensa internacional pueda cubrirlos

Además, recuerdan que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU estableció el 7 de febrero como fecha límite "para que el Estado cubano provea 'de forma urgente' información sobre los manifestantes desaparecidos por acción de las autoridades" durante las protestas de julio y reclaman que haya acceso a los registros de los centros penitenciarios y tribunales que permitan desglosar de forma integral a todos y cada uno de los acusados.

El colectivo reitera su petición de que se permita el seguimiento de los juicios, que estos sean televisados en directo sin cortes y que la prensa internacional pueda cubrirlos.

Por último, exigen "que se inicien de inmediato procedimientos de sobreseimiento libre y definitivo para los casos en fase preparatoria, así como la revisión de causas a quienes han sido juzgados, y que terminen con la absolución".

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