Liberada tras 10 meses en prisión la activista de la Unpacu Keilylli De La Mora

La Habana/La activista de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) Keilylli de la Mora Valle fue liberada este miércoles después de pasar 10 meses en el Centro Mixto de Mujeres de Cienfuegos, conocido como La Sabana.

"La liberación fue todo un teatro", cuenta De la Mora a 14ymedio recién llegada a su casa. La segunda jefa de prisión le dijo que tenía un turno médico y, tras pasarla por la dirección del centro, la sacaron en un carro. Detrás de ese vehículo iba otro con chapa del Ministerio del Interior donde iba el jefe de enfrentamiento de la Seguridad del Estado, el agente atendía en la cárcel a la activista y un capitán.

Luego de hacer una parada cerca del aeropuerto, la llevaron a una casa de la policía política en la zona de playa de Rancho Luna donde le dijeron que estaba libre "gracias a ellos, porque mis hermanos no hicieron nada", cuenta la activista en referencia a la Unpacu. "Me ofrecieron una botella de vino", asegura. "Luego apareció Raúl, un oficial de la Seguridad del Estado del que una vez yo publiqué su foto, con mi esposo en una moto. Querían tirarme fotos entregándome el papel de la libertad, pero yo no quise". La siguiente parada fue la puerta de su casa.

"En la prisión pasé maltratos, golpizas, por eso quise quitarme la vida", explica. "La primera vez fue cuando intenté ahorcarme, cuando estuve ingresada en la sala de psiquiatría, que me golpearon guardias del penal"

De la Mora declara estar "feliz" de haber salido de prisión, aunque puntualiza que está "libre entre comillas". En libertad condicional, tiene que presentarse el 29 de marzo ante el juez con la obligación de tener un empleo y no puede salir de la provincia. "Me quedaban nueve meses por cumplir, estaba a mitad de sanción".

La activista, que también apoya el proyecto Cuba Decide, fue arrestada en abril de 2020 "cuando estaba fumando un cigarrillo en la ciudad de Cienfuegos, donde reside, y le indicaron que no estaba usando la mascarilla correctamente". Fue condenada a 18 meses de prisión por los presuntos delitos de propagación de epidemias", "desacato", "atentado" y "desobediencia".

Durante su paso por la cárcel, la opositora, de 27 años, realizó una huelga de hambre de 12 días por la que tuvo que ser hospitalizada. Además, asegura que intentó el suicidio varias veces. "En la prisión pasé maltratos, golpizas, por eso quise quitarme la vida", explica. "La primera vez fue cuando intenté ahorcarme, cuando estuve ingresada en la sala de psiquiatría, que me golpearon guardias del penal".

"No hay antihistamínicos ni antibióticos, hay una reclusa que tiene una infección en la boca y no hay un medicamento para ella"

"Todas las veces que atenté contra mi vida fue por golpes que me dieron", refiere. La última, apenas el pasado 22 de enero, clavándose una aguja en la pelvis. "Me cansé de que cada vez que iba al teléfono a hacer las llamadas tenía una guardia permanente a mi lado. Ya no era que se pusieran en la puerta mirando; estaban siempre pegadas a mí para escuchar lo que yo hablaba", relata. "Cuando le pedí que se alejara un poquito ella se negó y me empujó. Yo colgué el teléfono y me puse a gritarle por la reja a la directora del centro para que viniera. En ese momento me cayeron arriba todas y me llevaron a la celda por los pelos, me dieron galletas, me empujaron y yo aguantando porque si me reviro me cae arriba un desacato o un atentado. Cuando me calmé un poco todavía me quedaba mucha impotencia y no pude más y fue cuando me enterré la aguja".

La joven cuenta que en la prisión la alimentación "nunca estuvo mala" –"nunca me comí una comida podrida o con gusanos"– pero que la atención médica era deficitaria por la falta de medicamentos. "No hay antihistamínicos ni antibióticos, hay una reclusa que tiene una infección en la boca y no hay un medicamento para ella", asegura.

La ONG internacional Human Rights Watch la había puesto como ejemplo en un informe de diciembre de 2020 de cómo el Gobierno cubano está "utilizando normas destinadas a prevenir la transmisión del covid-19 para acosar, intimidar y detener a disidentes".

También la presa contaba con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que en julio hizo pública su decisión de otorgar medidas cautelares de protección sobre ella en una resolución que certificaba que la joven se encontraba en "una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en el contexto de su privación de la libertad en Cuba".

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