Un litigio amenaza el futuro del Instituto San Carlos, histórico centro de emigrados cubanos en Florida

La Habana/El teniente José Velázquez Fernández fue uno de los muchos soldados del Ejército de Fulgencio Batista fusilados por orden de Fidel Castro en los primeros meses de 1959. Su hija Marilyn Wiederspan, que entonces tenía seis años, escapó a Estados Unidos y lleva décadas reclamando al Gobierno cubano, sin éxito, una indemnización. Una posibilidad, aseguran sus abogados, es vender el Instituto San Carlos –el más célebre club patriótico de la emigración cubana del siglo XIX en Florida– y entregarle el dinero a Wiederspan. 

La propuesta, que Wiederspan intenta argumentar en los tribunales desde 2012 –y que ahora, según El Nuevo Herald, presenta novedades–, depende de un presupuesto judicial en extremo delicado: asumir que el Gobierno cubano es dueño del edificio y desautorizar a la junta que, presidida desde hace años por el abogado cubanoamericano Rafael Peñalver, lo administra. 

Los cuatro millones de dólares que, según los tasadores, cuesta el inmueble, serían para Wiederspan si el tribunal interpreta que el Estado cubano tiene propiedad sobre el edificio. El litigio, confirma el diario miamense, sigue en pleno desarrollo. Y mientras Wiederspan afirma que el Instituto “es una farsa” y que sus directivos “no son dueños de la propiedad”, Peñalver subraya la “ironía” de que la hija de un fusilado por Castro quiera acabar con la “única” institución patriótica de ese calibre que le queda al exilio. A todo esto, ninguna instancia oficial cubana ha dicho una palabra. 

Wiederspan afirma que el Instituto “es una farsa” y que sus directivos “no son dueños de la propiedad”

Ubicado en Cayo Hueso, para la memoria sentimental de la Isla y su exilio el San Carlos tiene un alto valor. Construido en 1871 por los cubanos que se establecieron –por razones políticas o económicas– en Florida, el edificio ha tenido varias funciones, desde escuela y centro de reunión hasta el museo e instituto cultural que es hoy. En 1892, José Martí anunció allí su voluntad de crear el independentista Partido Revolucionario Cubano. 

Como el parque Amigos de Martí en Ybor City –que teóricamente es propiedad del Estado cubano–, el Instituto San Carlos quedó en una suerte de limbo legal desde 1959. Los documentos que guarda el centro sugieren que una parte de sus bienes, al menos sobre el papel, pertenecen a La Habana. El régimen ha intentado en varias ocasiones, sin demasiado ahínco, reclamar el edificio. 

Wiederspan, por otra parte, se ha enfrascado desde 2010 en argumentar que tiene derecho a una compensación por parte del Gobierno cubano por el fusilamiento de su padre. Ese año presentó una demanda contra Raúl Castro –entonces presidente de la República–, su hermano Fidel y Ernesto Guevara, a quienes considera responsables directos de la detención, tortura y asesinato de Velázquez.

En 2012, el Undécimo Circuito Judicial de Florida dictaminó, ante la no comparecencia en la corte de ninguna autoridad cubana, una sentencia “por rebeldía” en favor de Wiederspan para que le fueran pagados 63,6 millones de dólares en concepto de daños. Desde entonces ha intentado cobrarlos. 

Trató de hacerlo en 2015, cuando se le impuso una multa de 1.700 millones de dólares al banco francés BNP Paribas por violar las leyes del embargo de EE UU contra Cuba y trató de argumentar que tenía derecho a cobrar una parte de la suma. Sin embargo, un tribunal de Manhattan desestimó su petición. En octubre de 2023, Wiederspan volvió a la carga tras considerar que el Instituto San Carlos podría ser confiscado como propiedad del Gobierno cubano, una alegación que ha escandalizado a la directiva, que, según El Nuevo Herald, “está intentando impedir la venta”. 

Wiederspan ha presentado varios documentos con la intención de demostrar que la junta directiva es “simplemente un ocupante del local”

En el tribunal, Wiederspan ha presentado varios documentos con la intención de demostrar que la junta directiva es “simplemente un ocupante del local” y que “no posee el título pleno” de la propiedad. De acuerdo con este argumento, el dueño –tanto del inmueble como de la tierra donde está construido– sigue siendo el Gobierno cubano. 

No hay nada claro en la propia historia del edificio, que ha gozado, en dependencia del momento histórico, de benefactores de una u otra orilla. Por ejemplo, cuando el inmueble sufrió el azote de un huracán en 1919, fueron las donaciones del Gobierno de Mario García Menocal las que lo ayudaron a salir adelante. 

Existe, además, un documento de 1920 donde se afirma que los miembros del instituto “traspasaron” la propiedad a la República de Cuba, que incluso usó el edificio como consulado cubano en Florida. Wiederspan mostró este documento como piedra angular de su alegato. Por su parte, los abogados del Instituto defienden que Cuba solo tiene un poder “honorario” sobre la propiedad y que su junta directiva lo ha administrado desde su fundación.

Según El Nuevo Herald, la batalla de Wiederspan contra Peñalver y la directiva del San Carlos tiene un segundo frente: el dictamen de un tribunal de Florida en 1962, que decretó que no se podía exigir al Instituto que respondiera por daños y perjuicios a las víctimas de Castro. Existe, no obstante, una manera de apelar invocando la Ley de Inmunidad Soberana Extranjera de 1976, que permite demandar a Estados por actos de terrorismo siempre que la víctima sea ciudadano o contratista de EE UU. 

La estrategia de Wiederspan ha sido alegar que su padre era miembro del Ejército de Batista, y que ese cuerpo militar recibía dinero y entrenamiento de EE UU, por lo que la ley se cumplía en su caso. El Departamento de Justicia, sin embargo, no opina lo mismo, y está por verse –según los abogados de Wiederspan– si esta argumentación procede. 

Tras el deshielo diplomático entre La Habana y Washington a partir de 2014, el régimen volvió a interesarse en el Instituto San Carlos. Aunque los medios oficiales esquivaron la polémica, los de propaganda, como Cuba Sí, dedicaron varios artículos al tema. Subrayaban la “continuidad patriótica y espiritual” de los independentistas del siglo XIX que fundaron el club y los revolucionarios de Castro.  

Cuba Sí alegaba que, sin “la ayuda de los cubanos residentes en Cuba”, el San Carlos no hubiera podido sobrevivir a sus “momentos difíciles”. Lo declaraban “patrimonio de la República de Cuba” y aseguraban que siempre había gozado de la “asistencia financiera” de La Habana. Si en 1959 esa ayuda había cesado, recalcaban, era porque EE UU “se negaba a aceptar la soberanía con que procedía la Revolución cubana”. Según el medio, el San Carlos sufrió un “prolongado desgaste” hasta 1981, cuando se convirtió en propiedad, lamentaban, de “la nefasta politiquería de la derecha cubanoamericana”. 

El San Carlos sufrió un “prolongado desgaste” hasta 1981, cuando se convirtió en propiedad, lamentaban, de “la nefasta politiquería de la derecha cubanoamericana”

“Fue en ese marco que entró a jugar sus cartas el abogado miamense Rafael Peñalver; uno de esos cubanoamericanos pícaros que hace su leyenda sobre la llamada fuga del comunismo y el dolor del exilio, declarándose el ‘salvador’ del Instituto San Carlos”, atacaba Cuba Sí. 

Acusaban al actual director del Instituto de aceptar 2,8 millones de dólares del Gobierno estadounidense para remozar la institución en una “movida” del Partido Republicano. Cuba Sí anunciaba entonces que la devolución del San Carlos al Gobierno cubano sería uno de los asuntos sobre la mesa de debate tras la apertura de Embajadas entre Cuba y EE UU. Además, pensaban reclamar “otras propiedades que pertenecen a la República”. “Esa lucha hay que darla”, remachaba el medio de propaganda. 

Entre las revistas y círculos académicos de la Isla, la “recuperación” del San Carlos se puso de moda. La publicación del libro El Club San Carlos: la casa del pueblo cubano en Cayo Hueso (Centro de Estudios Martianos, 2017), de Yenifer Castro, fue uno de los mejores ejemplos de cómo se intentó reescribir la historia del Instituto para argumentar su pertenencia al Gobierno. 

Citando “fuentes documentales” y explorando la relación de Fidel Castro con el centro antes de 1959 y su posterior “ruptura”, el estudio concluía con una consigna: “El Club San Carlos no está perdido”. La cruzada por la “devolución” del inmueble quedó en nada, pero es de esperar que, con el desarrollo de la demanda de Wiederspan, sea nuevamente motivo de polémica entre las dos orillas.