Dos madres de familia asesinadas en Santiago de Cuba y Camagüey por sus ex parejas

La Habana/Isabel Rojas Aguilera, una camagüeyana de 30 años de edad, fue asesinada el pasado 13 de septiembre en la barriada de La Bloquera, cuando fue a recoger pertenencias de su hijo de seis años en casa de su ex pareja, el victimario. Un día después, la maestra Arianni Céspedes Garcés, santiaguera de 35 y madre de tres niños, también murió a manos de su ex pareja en Aguacate, en el municipio de Palma Soriano. 

Ambos feminicidios fueron confirmados este jueves por Yo Sí Te Creo en Cuba, que envió sus condolencias a los cuatro menores huérfanos.

La situación de quienes quedan desamparados tras los asesinatos –34 en lo que va de año, según el registro de 14ymedio– está en el foco de atención de un reporte publicado este miércoles por Casa Palanca, un grupo de activistas y periodistas fundado en 2021. 

La vulnerabilidad es el pan de cada día de numerosas familias cubanas afectadas por la violencia machista. Un feminicidio –argumentan, aportando relatos y documentos– trae consigo una estela de desamparo para los hijos, adultos mayores o personas discapacitadas cuya manutención o cuidadodependía de las víctimas. 

La vulnerabilidad es el pan de cada día de numerosas familias cubanas afectadas por la violencia machista

El panorama de desprotección es alarmante, pues hay –según cifras del colectivo, que confirman las de Observatorio de Género de Alas Tensas y Yo Sí Te Creo en Cuba– unos 238 feminicidios documentados desde 2019, si bien la cifra total, uno de los secretos mejor guardados por el régimen de la Isla, se desconoce. 

Los familiares afectados por estos asesinatos machistas, lamenta Casa Palanca, son “víctimas de las que no se habla”. El grupo entrevistó a ocho familias en varias provincias de Cuba (Pinar del Río, Mayabeque, Villa Clara, Las Tunas, Santiago de Cuba y Guantánamo) y llegó a la conclusión de que “tienen en común no haber sido debidamente atendidas” por las autoridades y tampoco han recibido reparación –ni económica ni psicológica– adecuada. En total, calculan, unas 285 personas “dependientes” quedaron desamparadas en Cuba desde 2019. 

Según la activista Yanelys Núñez, coordinadora del grupo, en la Isla “no existe una legislación específica para las víctimas de feminicidios ni políticas públicas eficaces para garantizar la reparación de estas personas dependientes”. 

Fue el caso de Araceli Cala, una pinareña asesinada en 2023, cuyos dos hijos, un niño de 15 años y una de 16, con discapacidad intelectual, sufren una situación de desamparo. El menor formó parte del grupo que salió a buscarla por la carretera a Viñales. La Policía dijo que no había nada que hacer. La búsqueda siguió y el cuerpo de la mujer fue encontrado posteriormente en un manglar. 

La muerte de Cala lo demuestra, no solo por la inacción policial durante su desaparición, sino porque ya la mujer había sufrido golpizas

La muerte de Cala lo demuestra, no solo por la inacción policial durante su desaparición –acabó asesinada por su ex pareja, recién salida de prisión–, sino porque ya la mujer había sufrido golpizas por parte de su victimario, que la tenía, con conocimiento de muchos allegados, amenazada de muerte desde la cárcel. 

Su hijo, según Casa Palanca, vio todo el proceso de hallazgo del cuerpo. Ahora vive con su padre, mientras que la joven de 16 se fue a vivir con sus abuelos, ambos mayores de 50 años. Reciben 900 pesos de ayuda social, una cantidad no ya insuficiente para las condiciones de vida en la Isla, sino denigrante. Él no ha recibido atención psicológica tras la muerte de Cala; ella ni siquiera sabe que murió. 

El dinero que reciben las familias entrevistadas por Casa Palanca oscila entre los 600 y los 2.300 pesos. Son entregados bajo el concepto de viudez u orfandad. “Todas las mujeres asesinadas tenían un rol fundamental en sus familias  como proveedoras económicas y en el plano del trabajo reproductivo y los cuidados”, explican. En su ausencia, la manutención de los que dejan atrás se complica.  

Entrevistada por Casa Palanca, la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex, denuncia que el Estado cubano no cumple su obligación –exigida por Naciones Unidas– de “garantizar una reparación adecuada, efectiva y rápida a las víctimas de violaciones manifiestas de derechos humanos”. 

“Pareciera que el feminicidio concluye cuando la mujer es asesinada, pero la realidad es muy diferente"

 “Pareciera que el feminicidio concluye cuando la mujer es asesinada, pero la realidad es muy diferente; una perspectiva así oculta el impacto económico y social que subyace a estos crímenes machistas”, añade. Otra violación es ofrecer, como ha hecho en muy contadas el Gobierno cubano, “datos dispersos y a veces confusos sobre feminicidios”, de los que “nunca explican la metodología que utilizan para obtenerlos”. 

En su investigación, Casa Palanca reclama a las autoridades del régimen abordar la situación familiar tras los feminicidios con mayor seriedad. Alegan que todo intento del grupo por contactar a fuentes oficiales ha sido en vano y pide que se responda a las necesidad de quienes han quedado en condiciones precarias tras un asesinato machista.