Málaga no reanudará cooperación con Cuba mientras siga violando los DD HH
La Habana/El partido Ciudadanos en la Diputación de Málaga (España) llama a prohibir cualquier tipo de cooperación de ese gobierno provincial con Cuba mientras La Habana siga sin respetar los más mínimos derechos humanos, informó el viernes el periódico español ABC. La propuesta ha recibido el apoyo del Partido Popular (PP), mayoritario en la provincia.
El portavoz del grupo político, Gonzalo Sichar, puntualizó que la administración debe atenerse a la denominada cláusula democrática incluida entre las recomendaciones de la la Unión Europea para conceder ayudas a países en vías de desarrollo. En esas normas quedan excluidos aquellos Estados que no celebran elecciones pluripartidistas, recordó el político.
Ciudadanos, de tendencia liberal, ha llamado también a poner fin a la cooperación con Guinea Ecuatorial, puesto que el Gobierno de Teodoro Obiang ha sido catalogado como uno de los más represores del mundo en los informes de diferentes observatorios de derechos humanos.
La propuesta de Ciudadanos llega cuando la Diputación ha votado a favor de un aumento de sus fondos para la ayuda al desarrollo en 2016
De hecho, a raíz de la llegada del PP al poder en 2011 en la provincia, la Diputación malagueña lleva más de cuatro años sin financiar un solo proyecto con Cuba, a diferencia de lo que ocurría en la administración anterior, dirigida por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en coalición con Izquierda Unida (comunista). Esta última formación facilitó una cooperación anual con la Isla por un millón y medio de euros.
Según el diario español, los expedientes de muchos de estos proyectos con Cuba “quedaban en una nebulosa y sin resolver”. El artículo también apunta a que “eran frecuentes los viajes a la isla y las jornadas de formación a las que asistían alegremente políticos de izquierda con cargo al erario público”.
La propuesta de Ciudadanos llega cuando la Diputación ha votado a favor de un aumento de sus fondos para la ayuda al desarrollo en 2016. Según el portavoz de la agrupación, se trata de blindar por completo esos programas, de manera que se evite que cambios políticos o de opinión propicien el financiamiento de proyectos en países con regímenes no democráticos.