La pena de muerte "nos va a pesar mañana" a los cubanos, razona un abogado estatal

La Habana/Varios días después de que el presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio Ferro, realizara un alegato de la vigencia de la pena de muerte frente al Parlamento cubano, el subdirector provincial de Bufetes Colectivos en Guantánamo, Dayron Salazar, criticó la ejecución de la medida y abogó por que la Isla no siga el rumbo de los "Estados policiales que justifican violaciones al debido proceso".

"Nunca voy a desear más policías o menos garantías en un proceso penal", resumió el funcionario en un artículo publicado en el diario local Venceremos. "Mañana nos va a pesar a todos más de lo que ya nos pesa", añadió, pidiendo "equilibrio" a los cubanos que aún sostienen que la pena máxima tiene utilidad para lograr "una sociedad próspera donde confluyen las garantías y la seguridad".

Salazar reflexionó sobre el incremento de publicaciones y páginas sobre criminalidad en las redes sociales –algunas de ellas afines al Ministerio del Interior, como la conocida Fuerza del Pueblo–, y ofreció su valoración "especializada" sobre el tema, en calidad de abogado.

La hipótesis de Salazar contraviene la mano dura justificada como "defensa de la Revolución", enarbolada por Ferro, y apunta a las causas de la delincuencia, que enumera: la pobreza –que "no es justificación, pero es una base"–, la creación de numerosos espacio para el consumo de bebidas alcohólicas y la precaria educación de los jóvenes, que crecen "pensando en que nada importa".

"La familia tiene que funcionar, la escuela tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar", alega el funcionario

"La familia tiene que funcionar, la escuela tiene que funcionar, las instituciones tienen que funcionar", alega el funcionario, para quien el Gobierno debe resolver estos acuciantes problemas, que "no se enfrentan solo con sanciones o con el Derecho Penal". Pero, sobre todo –opina Salazar– nada se logrará "aumentando desproporcionadamente el poder policial y sus recursos".

El ejemplo, indica, es El Salvador, un país al cual el abogado atribuye haber cruzado todos los límites de la represión en sus cárceles con el pretexto de favorecer la seguridad ciudadana. "Si creamos cárceles como las del presidente Nayib Bukele... pero no arreglamos las bases sociales, no se ha hecho nada", afirma.

El nombre de Bukele se lee cada vez con más frecuencia en las publicaciones que hacen en las redes sociales los cubanos hartos del repunte de la criminalidad y la inseguridad que se extiende en las calles. Argumentan que hace falta alguien como el mandatario salvadoreño para frenar la ola de violencia.

Sin embargo, "la seguridad de los ciudadanos no solo se garantiza con mayor cantidad de policías o con sanciones más severas, sino con la creación de infraestructuras que permitan el normal desenvolvimiento de la vida en un país", insiste Salazar, en una crítica sin precedentes al proceso penal habitual en los tribunales de la Isla.

El método seguido hasta ahora –"atacar a los comisores de delitos"–, continúa, es la "solución más fácil y cómoda" para los dirigentes, que son "responsables de resolver los problemas sociales".

"Si esa sanción hubiese funcionado, ya no existirían criminales en el mundo. Muchas son las cosas a arreglar, no solo la delincuencia"

Por último, Salazar echó mano de un argumento de José Martí para criticar la defensa de la pena de muerte, aunque no aludió directamente a la intervención de Ferro. "Si esa sanción hubiese funcionado, ya no existirían criminales en el mundo. Muchas son las cosas a arreglar, no solo la delincuencia, que es un resultado y no una causa. Eso es lo que significa vivir en un Estado de derecho", concluyó.

El pasado 21 de julio, en medio de las sesiones ordinarias del Parlamento cubano, el jefe del Tribunal Supremo presentó la Ley del Código Penal Militar y recordó que la "sanción de muerte" no se aplicaba desde hace 20 años, pero que contaba con plena validez. Ferro aludió al robo, en 2003, de la lancha que conecta al poblado de Regla con La Habana Vieja. A los nueve días de que los responsables fueran capturados –la embarcación se quedó muy pronto sin combustible– el régimen fusiló a tres personas.

El "delito de terrorismo" por el que fueron condenados los "secuestradores" sigue mereciendo la pena máxima, recordó Ferro. "La tenemos que tener ahí como un elemento de defensa de nuestra sociedad, como defensa de nuestro Estado, de nuestra Revolución, frente a las gravísimas amenazas en las que permanentemente vivimos. Y también para la tranquilidad ciudadana".

Tras la comparecencia de Ferro, como era previsible, los diputados aprobaron la Ley del Código Penal Militar, que actualiza la Ley de los Delitos Militares de 1979.

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