Migración alega "razones de interés público” para impedir que viaje la activista Rosalia Viñas

La Habana/Rosalia Viñas Lazo, integrante del Centro de Estudios Convivencia (CEC), fue interceptada por las autoridades este viernes cuando se disponía a viajar a Ginebra (Suiza), para participar en el Foro Mundial de Gobernanza de Internet, organizado por Naciones Unidas. Un oficial de inmigración comunicó a la activista que no podía salir de Cuba porque está “regulada”.

Viñas Lazo se trasladó desde la ciudad de Pinar del Río, donde reside, hasta la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Cuando presentó sus documentos en inmigración, le informaron que no podía salir del país.

Cuando indagó sobre las causas de la regulación el oficial declinó dar detalles bajo el argumento de que en Inmigración del aeropuerto no tenían detalles y que ella debía acudir a la oficina correspondiente de su localidad para encontrar respuesta. Posteriormente, el uniformado rompió su pase de abordar.

Este sábado la joven acudió a las oficinas de la Dirección de Inmigración y Extranjería en Pinar del Río y le comunicaron que en la base de datos del Sistema Único de Identificación Nacional (SUIN) aparece “regulada” por “otras razones de interés público”.

En mayo pasado, la diseñadora de la revista Convivencia fue convocada a la misma oficina en Pinar del Río para tratar de "asuntos migratorios", según se decía en la citación que recibió. En realidad, el encuentro versó sobre los contactos que hizo en el extranjero y su interlocutor usó un tono “amenazante”, describió Viñas Lazo.

La joven, estudiante de la especialidad de Telecomunicaciones y Electrónica en la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca, ha participado con anterioridad en varios eventos y cursos internacionales

La joven, estudiante de la especialidad de Telecomunicaciones y Electrónica en la Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca, ha participado con anterioridad en varios eventos y cursos internacionales vinculados con las nuevas tecnologías, la gobernanza de internet y los entornos digitales.

En el último año se han intensificado las presiones sobre miembros del CEC y varios de ellos han sido citados por la policía, que les ha amenazado con con represalias legales si continuaban con sus actividades.

El caso más extremo ha sido el de la economista y editora del CEC, Karina Gálvez quien fue sancionada en septiembre pasado, en un proceso de claros visos políticos, por un delito de evasión fiscal al comprar la vivienda que funcionaba como sede del CEC. La activista recibió como condena tres años de privación de libertad que debe pasar en su domicilio y con un empleo asignado por el Estado.

En medio de esas presiones, los miembros del Consejo Ejecutivo del CEC hicieron pública una declaración agradeciendo la “solidaridad en momentos duros de represión”. “No nos vamos de Cuba, no nos vamos de la Iglesia y seguiremos trabajando por el país", decían enfáticamente en ese texto.

"El Centro de Estudios Convivencia continúa firme en su opción de permanecer en Cuba y no considera que su función fundamental, que es la producción de pensamiento y propuestas para Cuba y la edición de la revista sociocultural Convivencia, merezca tal hostigamiento", agregaban los autores.

El CEC organiza cursos de formación para la ciudadanía y la sociedad civil en Cuba. La entidad funciona de manera independiente al Estado, la Iglesia y cualquier agrupación política. La revista homónima surgió en el año 2008 con frecuencia bimestral y en pocos días lanzará su número 60.

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