El Ministerio de Justicia anula la expulsión del Gran Maestro y reactiva la crisis de la masonería cubana

La Habana/Casi seis meses de tensión y varios intentos de cisma entre altos funcionarios no han bastado para resolver la crisis de la masonería cubana. El pasado 3 de junio, el Ministerio de Justicia intervino por segunda vez en la discusión con una medida drástica: invalidar la decisión de la Gran Logia de Cuba y el Supremo Consejo para el Grado 33 –los dos cuerpos más importantes de la fraternidad–, que habían expulsado el pasado marzo al entonces Gran Maestro, Mario Alberto Urquía Carreño, responsabilizado por el robo de 19.000 dólares de su oficina. 

Según informó a 14ymedio una fuente masónica que pidió no ser identificada, Urquía Carreño “ya está en su oficina” desde este miércoles. El ministerio, sin embargo, cae en una suerte de trampa: reconoce las leyes masónicas, aunque opine que fueron incumplidas, una carta que los altos funcionarios masónicos sabrán jugar a su favor. 

El ministerio envió un documento al Soberano Gran Comendador José Ramón Viñas Alonso –la mayor autoridad masónica, junto al Gran Maestro actual, Juan Alberto Kessel, y acusador de Urquía Carreño–, que fue divulgado este jueves por el digital Cubanet. El texto, firmado por la directora de Asociaciones, Miriam García, reivindica el derecho del ministerio para intervenir a través de “inspecciones” en la masonería si considera que incumple lo establecido por la ley cubana. 

Revelan, además, que Urquía Carreño no está acusado de ningún cargo frente a la Fiscalía

Argumenta, además, que la Gran Logia de Cuba y el Supremo Consejo para el Grado 33 son, a los efectos legales, instituciones separadas en el registro de Asociaciones, y considera que hubo “violaciones” en el trato a Urquía Carreño. El ex Gran Maestro, subrayan, puede ser protegido por la ley cubana aunque lo condene la masónica. 

Revelan, además, que Urquía Carreño no está acusado de ningún cargo frente a la Fiscalía y que la denuncia por el robo del dinero en su oficina de la Gran Logia “fue concluido como caso sin lugar”. De hecho, consideran grave su expulsión de la Alta Cámara, reunida el pasado marzo, cuando cientos de masones le impidieron la entrada a la sesión con los gritos de “fuera, ladrón”.

El Ministerio de Justicia alega que Urquía Carreño no fue tratado con legalidad por parte de la Alta Cámara, puesto que no se celebró un juicio masónico, ni se escuchó adecuadamente su testimonio, afirman. Se violó, en virtud de una interpretación demasiado ligera de la ley de la fraternidad –aseguran–, el Tratado de Amistad y Mutuo Reconocimiento que regula las relaciones entre los dos altos cuerpos masónicos. 

Viñas es, en todo momento, el depositario de las amonestaciones del ministerio, pues lo considera responsable del trato que los funcionarios del Supremo Consejo dieron a Urquía Carreño –al que el documento alude coloquialmente como “Mario Alberto”–. En opinión del ministerio, es la ley ordinaria la que debe definir la culpabilidad o no del ex Gran Maestro, por lo que da por inválida toda decisión que los masones tomen sin que la Policía demuestre que Urquía Carreño robó el dinero de la Gran Logia. 

En opinión del ministerio, es la ley ordinaria la que debe definir la culpabilidad o no del ex Gran Maestro

A Urquía Carreño “tienen que respetarle todos sus derechos masónicos y garantías procesales”, remata el texto, que afirma que aunque el ministerio no puede “juzgar” a un miembro de la fraternidad, sí tiene que garantizar el “ordenamiento jurídico” y hacer cumplir las “leyes del país”. 

El pasado abril, el propio Urquía Carreño publicó un documento alegando haber recibido el visto bueno del Ministerio de Justicia para seguir ejerciendo su cargo de Gran Maestro. En él se anunciaba lo que la Dirección de Asociaciones confirma ahora: la invalidez, ante la ley cubana, de las decisiones que han tomado los más altos funcionarios de la masonería cubana en los últimos meses. Entonces, el también dueño de una mipyme de construcción alegaba que se había llevado a cabo un “golpe de Estado” contra su persona y anunciaba que iría a recuperar su oficina en el histórico edificio de la Gran Logia, en la calle Carlos III de La Habana. 

Entre las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia “para evitar más incumplimientos”, según Urquía Carreño, estaban el bloqueo de cuentas bancarias, la prohibición de realizar actividades y expedir documentos oficiales, y la suspensión de la Gran Logia –no así de las logias particulares en el país– del registro de Asociaciones. 

Hasta que el Ministerio de Justicia no dé el visto bueno, decía Urquía Carreño, lo mejor es “no continuar adoptando decisiones” y advertía de que, de contradecir su autoridad, habría “medidas más drásticas y perjudiciales” pues –como demostró el documento publicado este jueves– para el oficialismo, el Gran Maestro sigue siendo él. 

Estos meses de “descrédito en todo el ámbito profano y masónico” –la frase es del propio Urquía Carreño– comenzaron el pasado enero, cuando la Gran Logia denunció en la estación policial de Zanja, en Centro Habana, la pérdida de 19.000 dólares que fueron sustraídos de la caja fuerte de Urquía Carreño. A raíz del hecho, 18 grandes maestros de toda la Isla exigieron la "renuncia inmediata" del alto cargo, a lo cual se negó el acusado. 

“Este Gran Maestro no puede permitir que un grupo de miembros del Supremo Consejo tome el control de la Gran Logia y jamás lo hará, aunque caiga sobre mi persona todas las injurias y tergiversaciones que se han generado y que aún se traman a mis espaldas… este Gran Maestro no se doblegará jamás”, aseguró, en uno de sus comunicados.

Viñas, asegura, “no los escucha”, de manera que el régimen se ha visto obligado a intervenir en una acción “sin precedentes”, al menos públicos

Según declaró a 14ymedio su fuente en la Gran Logia, la “injerencia” que las instituciones estatales han cometido contra la fraternidad en la Isla es algo “sin precedentes. “Desde su llegada al poder, Fidel Castro puso sus ojos en los masones y desde entonces el Gobierno y la Seguridad del Estado han metido sus manos en las gestiones internas de las logias”, a través de “consejos” a sus altos funcionarios. 

Viñas, asegura, “no los escucha”, de manera que el régimen se ha visto obligado a intervenir en una acción “sin precedentes”, al menos públicos. Ocurrió una vez, pero de manera discreta, cuando la directora de la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista, Caridad Diego, vetó expresamente a un candidato al Supremo Consejo: el académico y preso político Gustavo Pardo. 

Tras los últimos acontecimientos, la masonería cubana no solo se arriesga a una mayor infiltración y vigilancia de la Seguridad del Estado –que, según varios masones, es la mano detrás de la crisis–, sino que se juega su propia supervivencia ante un Gobierno que nunca ha visto con buenos ojos su existencia.