El Ministerio de Justicia interviene en la crisis de la masonería cubana y no reconoce a su nueva directiva

La Habana/La crisis que atraviesa la masonería cubana desde hace varios meses no se resolvió el pasado 24 de marzo, durante la sesión de la Alta Cámara que prometía poner orden en la cúpula de la orden. Expulsado de la logia ese día, el ex Gran Maestro Mario Urquía Carreño publica ahora un documento en el que –respaldado por una serie decisiones del Ministerio de Justicia– da por inefectiva tanto su deposición como la elección de la nueva directiva masónica, en lo que califica como un “golpe de Estado” a su persona. 

Entre las medidas tomadas por el Ministerio de Justicia “para evitar más incumplimientos” están el bloqueo de cuentas bancarias, la prohibición realizar actividades y expedir documentos oficiales, y la suspensión de la Gran Logia –no así de las logias particulares en el país– del registro de la Oficina de Asociaciones, el órgano oficialista en el que se inscriben las actividades de la masonería cubana. 

En su contraataque, publicado por el digital Cubanet, Urquía Carreño sigue firmando como Gran Maestro de la orden y describe una reunión con funcionarios del Ministerio de Justicia, el pasado 4 de abril, en la que presuntamente se le informó de que la Oficina de Asociaciones no contaba con un acta de la sesión del 24 de marzo. 

La ausencia de ese documento, argumenta Urquía Carreño, tiene como consecuencia la falta de reconocimiento, por parte del Ministerio de Justicia, de todo lo que allí sucedió

La ausencia de ese documento, argumenta Urquía Carreño, tiene como consecuencia la falta de reconocimiento, por parte del Ministerio de Justicia, de todo lo que allí sucedió, incluyendo la elección del nuevo Gran Maestro, Juan Alberto Kessel Linares, que no está “validada” por el oficialismo. “Me sorprende que aún no se haya informado a la jurisdicción algo tan delicado para nuestra masonería”, asegura Urquía Carreño, que alega que la sesión fue “inconstitucional” y por eso no se remitió el acta al Ministerio. 

Hasta que el Ministerio de Justicia no dé el visto bueno, dice Urquía Carreño, lo mejor es “no continuar adoptando decisiones” y advierte de que, de contradecir su autoridades, habrá seguramente “medidas más drásticas y perjudiciales” pues –como subraya en varias ocasiones– para el oficialismo, el Gran Maestro sigue siendo él. 

Además, afirma que durante su ausencia fue abierto sin su autorización el Despacho de la Gran Maestría, la oficina de donde fueron robados 19.000 dólares del Asilo Nacional Masónico, un crimen del que Urquía Carreño es el principal sospechoso. De ese local, según informó Kessel la semana pasada, fueron sustraídos otros 2.360 dólares, de cuya “apropiación indebida” se acusa al ex Gran Maestro.  

Estos meses han sido de “descrédito en todo el ámbito profano y masónico”, admite Urquía Carreño, que inmediatamente culpa –en un tono más sosegado que sus anteriores declaraciones– a “altos cargos” del Supremo Consejo del Grado 33, una alta institución que preside José Viñas Alonso, un masón crítico con el Gobierno y principal acusador de Urquía Carreño tras el robo de los 19.000 dólares. 

El ex Gran Maestro promete que “informará a la Jurisdicción todo lo acontecido con el Asilo Nacional Masónico y otros asuntos con los que se pretende dañar más su imagen”. Dará “respuestas”, alega, y se presentará en el Gran Templo Nacional Masónico, ubicado en la calle Carlos III de La Habana, como “Gran Maestro legalmente en funciones”. En un párrafo que recuerda al estilo de la prensa oficial, acusa también a los “medios internacionales” que han “puesto en duda” la cohesión de la cúpula masónica, a los que acusa de “lograr esta intervención de las autoridades”. 

“Este Gran Maestro no puede permitir que un grupo de miembros del Supremo Consejo tome el control de la Gran Logia y jamás lo hará, aunque caiga sobre mi persona todas las injurias y tergiversaciones que se han generado y que aún se traman a mis espaldas. El solo hecho de no doblegarnos a intereses ajenos a nuestros Preceptos Fundamentales y defender nuestra Gran Logia, es el verdadero origen de todo lo sucedido. Este Gran Maestro no se doblegará jamás”, zanja.  

Cubanet asegura, citando a varios masones y a fuentes en el Ministerio de Justicia, que las medidas tomadas por el oficialismo no son una invención de Urquía Carreño. La Gran Logia está, en efecto, bloqueada por la Oficina de Asociaciones y, al menos en ese sentido, las alegaciones del ex Gran Maestro tienen un fundamento constitucional. 

La Gran Logia está, en efecto, bloqueada por la Oficina de Asociaciones y, al menos en ese sentido, las alegaciones del ex Gran Maestro tienen un fundamento constitucional

Aunque la Gran Logia tenía hasta el 10 de abril para notificar al ministerio lo ocurrido en la sesión del 24 de marzo, el reglamento obliga, si hubo cambios en la dirección, a reducir el plazo a diez días hábiles después de celebradas las elecciones. Ese plazo se cumplió el 4 de abril. Urquía Carreño publicó su documento un día después. 

Otro aspecto, sin embargo, es el más delicado: según un masón entrevistado por Cubanet, quien debía –según estipula la legislación masónica para este tipo de situaciones– asumir el cargo de Gran Maestro no era Kessel, sino el Diputado Gran Maestro Gerardo Cepero.

Urquía Carreño recibió los gritos de “ladrón, usurpador, sinvergüenza, traidor” de más de 200 masones el pasado marzo, cuando se disponía a presidir la sesión semestral de la Alta Cámara masónica. Se esperaba que las decisiones tomadas aquel día repararan el cisma entre la Gran Logia y el Supremo Consejo del Grado 33, que habían expulsado recíprocamente de la orden a sus respectivos jefes. 

El comunicado de Urquía Carreño, la intervención del Ministerio de Justicia y la posibilidad de que las elecciones del 24 de marzo hayan sido ilegales indican que la crisis de la masonería cubana está lejos de acabar.