Llaman a los Gobiernos que reciben personal cubano a "decir no al trabajo forzoso"

Madrid/No solamente son médicos y sanitarios los afectados por el duro régimen laboral de las llamadas misiones internacionales, sino otros miles de profesionales como docentes, marinos, arquitectos, ingenieros e incluso artistas. Así lo dieron a conocer este miércoles Cuban Prisoners Defenders (CPD), Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) ante varios diputados del Parlamento Europeo.

En videoconferencia, las organizaciones presentaron la tercera ampliación de la denuncia de los abusos cometidos por el régimen cubano en la venta internacional de servicios, remitida inicialmente en 2019 a la Corte Penal Internacional y a Naciones Unidas.

El informe incluye, como dijo la eurodiputada liberal Dita Charanzová, una de las organizadoras del evento, "los testimonios de profesionales cubanos en el exterior que han sido sometidos a graves injusticias, persecución, esclavitud, amenazas, violencia, acoso, separación familiar".

Con ello, pretenden demostrar cómo un total de 1.111 profesionales de distintos sectores fueron "usados por el régimen como propaganda para demostrar la denominada solidaridad con otros países", cuando, apuntó la eurodiputada checa, "esto no refleja la realidad de las intenciones del Gobierno cubano". La denuncia inicial de 2019, con 110 testimonios, fue ampliada un año después hasta llegar a 622.

La denuncia fue realizada este miércoles por Cuban Prisoners Defenders, Civil Rights Defenders y el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina ante varios diputados del Parlamento Europeo.

Para Charanzová, "los Gobiernos que reciben estos servicios de Cuba deben ser firmes y exigir cambios" y "decir no a la esclavitud y al trabajo forzoso".

La eurodiputada también recordó que la Unión Europea va a presentar próximamente una legislación sobre gobernanza empresarial sostenible y, en ese contexto, solicitarán "considerar también la situación de los trabajadores cubanos en misiones internacionales".

Además, insistió en que el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba, firmado en 2016, "no está funcionando", por lo que instó a suspenderlo y a aplicar sanciones contra responsables cubanos en el marco legal de la Unión por violaciones de los derechos humanos. La europarlamentaria también criticó al alto representante para Asuntos Exteriores de la UE, Josep Borrell, quien, a su juicio, "no ha puesto nada de presión para que el régimen (cubano) cumpla con el acuerdo".

Las misiones de internacionalización del Gobierno cubano son programas para llevar profesionales a trabajar en otros países. Aunque la iniciativa se identifica con los contingentes de médicos que durante décadas ha llevado a más de 400.000 profesionales a 164 países, también participan músicos, marinos, ingenieros, deportistas y profesores, muy notoriamente, por ejemplo, en el caso de Venezuela.

En una encuesta realizada por estas tres ONG a 894 denunciantes anónimos, el 75% afirmó que no fue voluntariamente a las misiones y un 13% alegó coerción. Un 87%, por su parte, aseguró que influyeron factores económicos en su decisión y el 66% confesó querer escapar de la situación ante la falta de alternativas en la Isla.

El informe aporta además pruebas documentales de la llamada ley de los ocho años, que prohíbe la entrada en Cuba durante ese período de tiempo a aquellos profesionales que abandonen antes de tiempo su misión o no regresen al concluirla.

Las organizaciones han conseguido, entre otros documentos, un certificado consular que detalla la declaración de "desertor" y otro que ratifica la prohibición de entrada en su propio país a un ciudadano cubano.

Hay dos modelos de pago de las misiones, explica el informe. En el primero, el trabajador cobra de Cuba, que le entrega entre el 9% y el 25 % de lo que percibe del país anfitrión. Según estas ONG, el Gobierno de Cuba paga 525 dólares de media a los profesionales, cuando cobra un promedio superior a los 3.500 dólares por cada uno, con lo cual se embolsa un 85% del salario.

Las organizaciones han conseguido, entre otros documentos, un certificado consular que detalla la declaración de "desertor" y otro que ratifica la prohibición de entrada en su propio país a un ciudadano cubano

En el segundo modelo, una empresa empleadora del Estado cubano que funge como intermediaria se queda con una comisión del sueldo, normalmente entre el 75% y el 90% del salario base. Las ONG presentan documentos a este respecto, como el de un marino en la empresa de cruceros ítalo-suiza MSC, con un salario de 408 euros al mes y al que se le retenían 326,40 euros.

Esta compañía, precisamente, es también denunciada en el informe como una de las beneficiarias del sistema. Así, habría empleado a miles de marinos cubanos con un salario mensual medio de 727 dólares al mes (640 euros), entre la parte controlada por Cuba y un extra no declarado. Se trata de una cifra muy por debajo de los salarios mínimos establecidos en Europa, sobre todo para unos empleos de 77 horas semanales y sin días libres.

También queda señalada en el documento la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se quedaba con el 5% de los salarios de los 8.400 médicos cubanos que anualmente durante seis años se desempeñaron en Brasil bajo el programa Mais Médicos. Sólo en 2018 este organismo obtuvo 128 millones de dólares por este mecanismo.

El informe también muestra cómo las ventas de servicios profesionales que suponen las denominadas misiones internacionalistas de Cuba son la mayor partida de ingreso de divisas del país, por encima de las remesas y del turismo, desde al menos 2005.

Poco después de la publicación del informe y sin aludir a él, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, criticó este miércoles a Estados Unidos por vincular las misiones internacionales con la trata de personas. "Las acusaciones mendaces del Secretario de Estado de EE UU que vinculan a Cuba con la trata de personas buscan empañar el esfuerzo solidario de la cooperación médica cubana, que salva vidas y cuyos méritos incuestionables reconoce la comunidad internacional", tuiteó el ministro de Relaciones Exteriores, un día después de que Blinken acusara a los Gobiernos de Cuba, China, Corea del Norte y Rusia de participar en la trata de personas.

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