A sus 71 años Moisés Leonardo es procesado por promover los derechos humanos en la ONU

La Habana/Promover los Derechos Humanos y asesorar a grupos de la sociedad civil le ha costado al activista Moisés Leonardo Rodríguez ser acusado de "clandestinidad de impresos" por las autoridades. Tras un aparatoso registro policial ocurrido el pasado martes en su vivienda y la confiscación de varios de sus medios de trabajo, el opositor fue liberado este miércoles.

En conversación con 14ymedio, Rodríguez, de 71 años, explicó que un oficial de la Seguridad del Estado achacó su detención a la asesoría que ha brindado a ocho grupos de la sociedad civil "para presentar informes al Examen Periódico Universal (EPU)" de las Naciones Unidas que debe pasar el Gobierno cubano en mayo próximo. Mediante este sistema la organización internacional evalúa la calidad de los derechos humanos en los Estados miembros.

El activista, coordinador de la Corriente Martiana, también brindó su experiencia para que una decena de organizaciones independientes presente en conjunto un reporte sobre violaciones de sus derechos, y que formará parte de los documentos que se presenten al EPU.

Explica que además, cuando preguntó por los motivos del registro, los agentes le mencionaron el trabajo de promoción de los derechos humanos que realiza desde la cátedra Ernesto Guy Pérez, enfocada en enseñar y capacitar en la elaboración de estos informes según los estándares de la ONU. "Esto les ha molestado mucho", puntualizó.

Mediante el Examen Periódico Universal la ONU evalúa la calidad de los derechos humanos en los Estados miembros

"El martes después de las nueve de la mañana seis individuos vestidos de civil llegaron a mi casa con una orden de registro buscando objetos de cómputo y documentos contrarrevolucionarios", explica a este diario.

El activista cuenta cómo entre quienes registraron su casa se encontraba una instructora del Ministerio del Interior, apellidada Iturralde. Dos supuestos vecinos que viven en Cabañas (Artemisa), presenciaron el operativo. Confiscaron "una laptop, una torre de computadora, una memoria USB, una impresora y hasta una pizarra".

Los uniformados también se llevaron "documentos de las Naciones Unidas y otros presentados al Gobierno de Raúl Castro, como la propuesta Para una Cuba Martiana. El registro fue tan intenso que los agentes no dudaron en llevarse hasta la Constitución de la República de Cuba, según explica Leonardo Rodríguez.

Al finalizar el registro el activista fue conducido a la unidad de policía de Artemisa junto a su hija menor y su esposa, Ileana de los Ángeles, que lo acompañaron de manera voluntaria. Durante las más de 24 horas que duró la detención se negó a tomar agua, comer, ingerir medicamentos y hablar con los agentes.

Una instructora policial aseguró a Rodríguez que no le van a devolver ninguno de los papeles encontrados en su casa y que estaba procesado por el delito de "clandestinidad de impresos", que sanciona la confección o la difusión de publicaciones que no indiquen el lugar de impresión, o que no especifiquen la identificación de su autor o su procedencia.

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de ONU condenó en su cuenta de Twitter el "arresto ilegal" del activista

"Me advirtieron de que mi hija mayor, que vive en La Habana, no podría viajar fuera del país y que, en mi caso, más nunca voy a viajar". Leticia, su hija, también es activista y para el opositor queda claro que esas prohibiciones "son cuestiones que la Seguridad del Estado desarrolla desde fuera de la ley". Entre esas acciones ilegales incluye las amenazas contra su familia, algo que le preocupan "extremadamente".

La Oficina del Comisionado de Derechos Humanos de ONU condenó en su cuenta de Twitter el "arresto ilegal" del activista. La entidad mostró su preocupación por un "patrón de detenciones de corta duración" contra los activistas cubanos y la "confiscación de equipos para limitar el ejercicio de libertades fundamentales".

El delito de "clandestinidad de impresos" del que se acusa a Rodríguez puede ser sancionado, según el Código Penal, con una condena de "privación de libertad de tres meses a un año" o una multa de 300 CUP.

A comienzos de este mes cuatro integrantes de la Asociación Pro Libertad de Prensa fueron interrogados por la Seguridad del Estado tras remitir a la ONU un informe el pasado diciembre sobre la libertad de prensa. El documento recoge las presiones, arrestos arbitrarios y confiscaciones de bienes de trabajo contra los periodistas independientes durante el último año.

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