Multas de un millón de pesos y 58 comercios cerrados por falta de pago electrónico

Madrid/Quedan menos de 50 días para que cumpla su primer año de vida la norma con la que el Gobierno quiso generalizar de manera antinatural la llamada bancarización y los resultados siguen siendo negativos. Las autoridades del Ministerio de Comercio Interior visitaron la primera semana de septiembre 1.767 establecimientos –695 estatales y 1.072 no estatales– en los que hallaron 506 infracciones. Como consecuencia, 58 negocios fueron cerrados, se retiraron 17 autorizaciones comerciales y se impusieron 384 multas por un importe total de 1.044.515 pesos.

Inalvis Smith Lubén, viceministra del ramo, ofreció la información este lunes en declaraciones a Granma. El diario oficial del Partido Comunista abría la nota con un ejemplo, el de un negocio privado de La Habana que, según el relato, publicó en sus redes sociales que el pago electrónico en su establecimiento supondría un recargo del 10% sobre el precio final, contraviniendo el derecho del consumidor, “una práctica que persiste”, puntualiza el texto. Aunque no se indica el comercio señalado, la prensa oficial ha publicado una fotografía de la pizzería Buona Sera, ubicada en la céntrica esquina 23 con I, en La Habana.

Aunque no se indica el comercio señalado, la prensa oficial ha publicado una fotografía de la pizzería Buona Sera, ubicada en la céntrica esquina 23 con I, en La Habana

Smith Lubén detalló que la bancarización sigue un ritmo desigual en el país, concretando que no se determinaron infracciones en Santiago de Cuba, aunque sin especificar si hacía referencia al estricto cumplimiento de las normas o a falta de inspección. Además, en Villa Clara e Isla de la Juventud se efectuaron pocas “acciones de control”, mientras que hay una “baja aplicación de medidas” en Pinar del Río y Camagüey, de lo que se desprende que son las que menos han avanzado en el proceso de incorporación del pago electrónico. 

El Ministerio realizó “602 acciones de intervención en áreas de comercialización relevantes y en los mercados agropecuarios, estos últimos con el llamado de las máximas autoridades a potenciar los pagos digitales en estos establecimientos”. No obstante, las autoridades reconocen que es imprescindible establecer “zonas bancarizadas”, como han decidido denominar a las que áreas que cuentan con “las condiciones tecnológicas todos los pagos se hagan de forma digital”.

La viceministra dijo que, hasta la fecha, se han determinado 342 posibles zonas bancarizadas, aunque usuarios y comerciantes han argumentado desde que se anunció la entrada en vigor de la Resolución 93, que obliga a los establecimientos a ofrecer el pago electrónico a los clientes, que la inestabilidad de la conexión que afecta en mayor o menor medida a toda la Isla, así como los constantes apagones son el mayor problema a la hora de garantizar la opción. 

Pese a ello, la falta de dinero en efectivo y la creciente necesidad del Gobierno de fiscalizar las cuentas de los negocios privados sigue siendo un estímulo para que el régimen persiga el cumplimiento de la norma con ahínco. Este martes, Granmaofrece una entrevista con Julio Antonio Pérez Álvarez, director general de Operaciones y Sistemas de Pago del Banco Central de Cuba (BCC), y con Reynol Pérez Fonticoba, vicecontralor general de la República, en la que ambos mencionan la necesidad de incentivar el uso de los canales de pago electrónicos. 

Los dos funcionarios insisten en que la medida busca insertar a la sociedad cubana en la transformación digital –obviando la falta de condiciones técnicas para ello–, además de “integrar elementos que son parte del programa de estabilización macroeconómica del país”, en referencia al efectivo en circulación y la relación entre moneda nacional y divisas. Ambos señalan que todo esto se enmarca en una situación sin precedentes “por el recrudecimiento del bloqueo”.  

Pérez Álvarez subraya que entre los objetivos del control están la prevención del delito y lavado de dinero y restituir la masa de efectivo, que es innecesaria para realizar pagos a los actores económicos

Pérez Álvarez subraya que entre los objetivos del control están la prevención del delito y lavado de dinero y restituir la masa de efectivo, que es innecesaria para realizar pagos a los actores económicos, señala. Los privados, sin embargo, han advertido desde el inicio de que necesitan billetes para realizar muchos pagos a proveedores, especialmente cuando deben recurrir al mercado informal –y en divisas–, al que se ven empujados por la escasez de los mayoristas.

A ellos acusó el funcionario del BCC, precisamente, de esa falta de efectivo, por no depositarlo de manera estable, incumpliendo su obligación legal de “lograr que retorne el dinero al banco como el ciclo natural de su circulación. Tiene que haber un respeto por la legislación”, afirma.

Reynol Pérez añadió que en las múltiples auditorías que se han realizado se detectaron irregularidades que involucran al personal bancario, que rebasa los límites de entrega de efectivo –establecidos en un máximo de 5.000 pesos por operación–, además de la infinidad de establecimientos que no ofrecen el pago electrónico y, más grave aún, el caso de quienes lo facilitan pero los depósitos van a una cuenta personal y no fiscal, como lo requieren las normas. 

La siempre animada conversación en Cubadebate ha dejado ver la indignación que genera entre muchos usuarios la violación de las normas, pero más allá del desahogo, no son pocos los que dejan al desnudo algunos motivos para que la ansiada bancarización no prospere. 

“No hay un mercado cambiario formal para las formas de gestión no estatal –expone un comentarista–. Por lo tanto, no todo puede ir a la cuenta fiscal"

“No hay un mercado cambiario formal para las formas de gestión no estatal –expone un comentarista–. Por lo tanto, no todo puede ir a la cuenta fiscal. Lo que se deposita en la cuenta fiscal es ingreso de la actividad; lo que se extrae es gasto de la actividad y otros gastos. Si depositas todo tu ingreso, tienes que extraer para comprar divisas en el mercado informal para reaprovisionamientos. Si extraes gastos para la actividad, lo tienes que declarar en la liquidación anual. Si lo declaras tienes que justificar una parte. Si justificas tiene que decir que fue para comprar divisas. Y eso es técnicamente ilegal. Esa es la distorsión”. 

A la luz de los datos publicados, los comercios pagan como promedio 2.720 pesos, unos 8,5 dólares que recuperan apenas con la venta de un paquete de pollo de 10 libras. En palabras de un lector: “Irrisorio para lo que ingresan”.