Nacimientos no declarados y falsos certificados de defunción encabezan los delitos en el sector ganadero

Madrid/Los veterinarios están en la picota después de que las autoridades los hayan señalado públicamente como cooperadores necesarios de los ganaderos para emitir falsos certificados de defunción. De hecho, ya hay varios encausados o en prisión por esto. Ellos y los propios productores, por no declarar los nacimientos o dejar morir a los animales, son los declarados culpables en un reportaje publicado este lunes por el diario oficial de Sancti Spíritus, en el que se cifran en 16.645 cabezas las pérdidas en un año. Aunque no se da la cantidad total, el último anuario provincial indica que en 2022 había 401.162 reses.

El artículo expresa su indignación con los datos destapados por el “ejercicio nacional de control a la posesión, uso y legalidad de la tierra y la ganadería”, que comenzó hace un año y se ha prolongado hasta hace pocos días. En él, se han hallado 11.000 “ilegalidades” constructivas o registrales que no son cosa menor, lamenta Escambray, aunque sí le resta importancia porque considera que la situación se arregla con la adecuada inscripción y permisos. 

Mucho peor es, acusa, el caso de la ganadería, que repercute en la leche que los niños y mayores no pueden tomar y la carne que la población deja de obtener. Según el informe, en este ámbito se cometieron 10.000 ilegalidades, de las que el 72% corresponden a “nacimientos no declarados y faltantes de ganado”.

"No puede ser posible que la cantidad de nacimientos que se declararon, 5.549 exactamente, se hayan concentrado en el término de un mes"

Norge Yero, subdelegado de ganadería de Sancti Spíritus, advierte de que las ausencias son directamente proporcionales a la falta de asistencia de los productores al registro pecuario. “No puede ser posible que la cantidad de nacimientos que se declararon, 5.549 exactamente, se hayan concentrado en el término de un mes, cuando se comenzaron a realizar los ajustes y aparecieron en ese lapso”, reprocha.

Además, la mortalidad aumentó de forma visible, con un 2,3 más que en 2023 y un índice del 7,5, casi el doble de lo “permisible”. Trinidad, con más de 4.000 muertes, y Sancti Spíritus, con 3.439, van a la cabeza. El Gobierno ha admitido las dificultades para importar piensos, preparados y todo tipo de suplementos para la alimentación del ganado, por no hablar de las que tiene para fabricarlo, pero la prensa oficial no duda en acusar de “abandono” a los guajiros, a quienes también responsabiliza del hambre y los problemas de manejo que acaban llevando a las muertes por “desnutrición”.

“Se disparó la mortalidad por los ajustes que hizo la gente de lo que había viejo. Y en las categorías de ganado que se muere es el desorden del mundo. Nosotros tenemos que ordenar eso de una vez por todas”, afirma, por su parte, Juan José Nazco González, delegado de la Agricultura, cuando habla de otros decesos: los que se producen por accidentes, reales o no. 

Los directivos, insiste Escambray, afirman que los indicadores “sacan a flor de pastos la indisciplina, el desorden, el delito, el descontrol. Uno de ellos es la emisión de certificados de muertes de dudosa causa o falsos y en el que se involucran el personal veterinario, productores, matarifes y otros”.

El medio señala también a las autoridades y funcionarios locales por no estar más pendientes de estos y otros hechos delictivos que inciden en la crisis alimentaria de la Isla. Y aunque Nazco González alega que se han tomado medidas también añade que“restan acciones por hacer y hace falta más orden, nivel de exigencia y disciplina”, un discurso que se perpetúa en una aparente asunción de responsabilidades y compromisos de mejora que en nada se concretan. 

“Nosotros estamos autorizando las indisciplinas y los delitos con los certificados. Está demostrado en un municipio lo que hemos dicho en varias ocasiones. Que los certificados de muerte enmascaran el sacrificio ilegal, el hurto y otras cosas”, admite una voz no identificada al medio. Escambray detalla que hay un veterinario procesado por fraude y varios encarcelados por robar y/o comerse animales que declararon muertos por otras causas. Además, se especifica el caso de un profesional que certificó tres muertes en la misma fecha y hora en tres lugares distintos.

Las multas, afirma el texto, son “irrisorias” y se pagan con el dinero obtenido de la venta de la carne en el mercado informal “alimentado por la carencia histórica de esta proteína en el mercado oficial”. También lo es, deja ver, la utilidad del “ejercicio de control”, ya que si no se sigue una vigilancia sistemática, “dentro de seis meses estaremos igual que antes de empezar”, dice un productor. Lo que el artículo remata con una rectificación: “estaremos peor”.