El Gobierno concentró la represión contra los candidatos independientes en las elecciones
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional sostiene que la Seguridad del Estado reprimió a los candidatos con un bajo número de detenciones
Según el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, se han producido 4.665 detenciones arbitrarias en la Isla desde que comenzó el año
La Habana/Las autoridades cubanas efectuaron el pasado noviembre 302 detenciones arbitrarias temporales, una cifra que según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) es la segunda más baja desde que comenzó 2017. Desde la organización atribuyen esta bajada a que, durante las pasadas elecciones municipales, el Gobierno "exhibió toda su musculatura represiva" efectuando "el menor número posible de detenciones".
La Comisión recuerda en su informe mensual que la actuación de las fuerzas policiales impidió la nominación de todos los candidatos independientes a los puestos de delegados en las elecciones mediante detenciones temporales, arrestos domiciliarios, citaciones y amenazas.
Junto a la cifra de detenciones arbitrarias de disidentes por motivos políticos, la CCDHRN también verifó que en el mes de noviembre se produjeron 7 casos de agresiones físicas y otros 25 de hostigamiento contra disiedentes. "Acciones ejecutadas, en todos los casos, por la policía política secreta", se señala en la nota.
En su informe la Comisión presta especial atención al caso de Daniel Llorente Miranda, el hombre que durante el pasado desfile del 1 de mayo enarboló la bandera estadounidense en la Plaza de la Revolución y que tras ser detenido por la Seguridad del Estado fue internado en un hospital psiquiátrico de Mazorra, en La Habana, lo que le ha supuesto ser objeto de "abusos psiquiátricos".
La Comisión recuerda en su informe mensual que la actuación de las fuerzas policiales de la Isla impedió la nomación de todos los candidatos independientes a los puestos de delegados en las elecciones municipales
"Algunos opositores detenidos son condenados a prisión de máxima seguridad bajo cargos que pretenden encubrir obvias motivaciones políticas", advierte también el informe.
La CCDHRN también recuerda que el Gobierno continúa reprimiendo los deplazamientos de cualquier ciudadano dentro del país e impide la salida al exterior de activistas de la sociedad civil, y cita los casos de la Defensora de Derechos Humanos Wendis Castillo y del periodista Augusto César Manrique Martín.
Por su parte, este lunes el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) alertó en un comunicado del "amplio alcance" de la estrategia represiva del Gobierno cubano, que según la organización con sede en Madrid es capaz de vigilar "los resquicios de la incipiente sociedad civil cubana e interferir en la privacidad ciudadana".
En su balance mensual, la organización denuncia que durante el pasado noviembre se produjo un total de 306 detenciones arbitrarias, una cifra que llama la atención por el elevado número de arrestos a mujeres, que se situó en 221 en contraposición a los 85 ejecutados contra hombres. Del total de detenciones 11 de ellas fueron violentas y otras 35 duraron más de 24 horas.
Para el OCDH, que denuncia que se han producido 4.665 detenciones arbitrarias en Cuba desde que comenzó el año, el Gobierno persiste en su "dinámica represiva" caracterizada por las detenciones arbitrarias de corta o larga duración, la confiscación de los bienes personales o medios de trabajo, el asedio de activistas en sus propias viviendas y la fabricación de delitos penales comunes, entre otras técnicas.
La violación de los derechos humanos no solo persiste en la Isla según el OCDH, sino que también alerta de que gana terreno en Venezuela "gracias a la apatía" de algunas instituciones
Según la nota, entre las víctimas de estas prácticas represivas ejercidas por el Gobierno se encuentran el periodista Osmel Ramírez Álvarez, colaborador de Diario de Cuba y Havana Times, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el director del Centro de Estudios para el Desarrollo Local, César Mendoza Regal, o Karina Gálvez, economista e integrante del Centro de Estudios Convivencia, cuya sentencia por evasión fiscal fue ratificada a inicios del pasado mes. A la profesional también se la ha prohibido ejercer su profesión.
La violación de los derechos humanos no solo persiste en la Isla según el OCDH, sino que también alerta de que "gana terreno en Venezuela gracias a la apatía y ausencia de compromiso de no pocos demócratas e instituciones", en alusión directa al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, organismo del que Cuba y Venezuela forman parte.
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